El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) celebró su última sesión ordinaria este martes 18 de marzo en medio de protestas de trabajadores que exigen claridad sobre su situación laboral por la extinción del organismo. La jornada estuvo marcada por tensiones, una propuesta de compensación económica y el rechazo mayoritario del pleno del organismo que dejará de funcionar en menos 48 horas.
Desde primera hora, empleados de este organismo se manifestaron en las instalaciones con pancartas que reclamaban respeto a sus derechos laborales. “Estar informados es nuestro derecho” y “Respeten nuestra antigüedad” fueron algunos de los mensajes visibles durante la protesta. En esencia, las y los trabajadores demandan certidumbre sobre si serán reubicados o indemnizados tras el cierre del instituto más importante que tuvo la transparencia mexicana en estos años.
Alcalá aboga para brindar liquidaciones y despidos voluntarios
Durante esta última sesión de actividades, el comisionado presidente Adrián Alcalá propuso una compensación económica voluntaria para los empleados que deseen concluir su relación laboral. La propuesta consideraba un cálculo basado en 90 días de salario bruto diario, más 20 días por año trabajado en el último cargo desempeñado. Según dijo el representante, se trata de una medida para garantizar una salida digna ante la imposibilidad legal del organismo para rescindir unilateralmente los contratos.
Sin embargo, la mayoría del pleno del INAI —integrada por Blanca Lilia Herrera, Josefina Román y Julieta del Rio Venegas― rechazó la propuesta después de un receso prolongado para deliberar sobre este proyecto. Así pues, las comisionadas señalaron que la medida no ofrecía garantías suficientes para los trabajadores ni aseguraba el respeto pleno de sus derechos laborales.
Además, advirtieron que la aceptación voluntaria de la compensación podría “limitar las posibilidades de que los empleados sean transferidos a la nueva dependencia que asumirá las funciones del instituto”, explicaron.
La absorción por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno
En el caso del INAI, la nueva ley aprobada destaca que sus funciones serán absorbidas por la nueva Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno, en un modelo centralizado que ha sido cuestionado por organizaciones civiles y expertos en transparencia.
Aunque la reforma plantea la transferencia del personal a la nueva dependencia, dirigida actualmente por Raquel Buenrostro, no se han especificado los mecanismos para garantizar sus derechos laborales. El propio instituto solicitó una reasignación presupuestal de 77 millones de pesos para cubrir las indemnizaciones, pero la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) nunca informó si asumiría ese gasto.
A días de que se formalice la desaparición del INAI, los trabajadores permanecen sin respuestas claras. La falta de una ruta definida para las liquidaciones y la ausencia de garantías de continuidad laboral generaron un ambiente de tensión e incertidumbre. En este contexto, el tema de los derechos laborales del personal permanece sin resolución, mientras la nueva estructura administrativa aún no detalla cómo se integrará al personal ni bajo qué condiciones.
La última sesión del INAI no sólo marca el cierre formal de un organismo clave en materia de acceso a la información y protección de datos personales, sino también evidencia los vacíos normativos y presupuestales en el proceso de transición que se vivirá en los próximos días.
