“Lo que sucedió no debe repetirse”, manifestó Ana Ronquillo, una periodista independiente y directora del medio Brújula Noticias, tras haber sido retirada esposada del edificio de la presidencia municipal de Cadereyta Jiménez, Nuevo León. Su detención, denunciada como un acto de abuso de poder, ocurrió después de que realizara preguntas incisivas al alcalde sobre el estado y origen de varias patrullas recientemente adquiridas por la administración municipal.
En entrevista con Infobae México, Ana relató los detalles de lo ocurrido. Según ella, el incidente comenzó cuando se presentó en una sesión de Cabildo para cubrir las actividades oficiales y realizar preguntas sobre las unidades de seguridad pública entregadas recientemente.
Sin embargo, tras enfrentar barreras que limitaron su acceso al recinto y recibir poca colaboración del personal de comunicación del municipio, la situación escaló rápidamente.
“Encontré las puertas del Cabildo cerradas y me negaron la entrada arguyendo un reglamento inexistente”, explicó. A pesar de ello, esperó hasta el término de la sesión para abordar al alcalde.
Según Ana, esta negativa al acceso no fue un caso aislado, sino parte de un patrón de trato diferenciado hacia medios “pequeños”.
“No me invitan a sus eventos, no me proporcionan información y me entero de las actividades del gobierno gracias a colegas”, denunció.
Cuando finalmente se dio la oportunidad de hablar con el alcalde, Ana cuestionó directamente el estado de las patrullas entregadas, que publicitariamente habían sido presentadas como nuevas. Su propia investigación reveló que estas unidades eran modelos de 2023 y no nuevas, afirmó.
Al solicitar información sobre el presupuesto empleado y el proveedor responsable, el alcalde respondió que debía dirigir esas preguntas al contralor.
A esto agregó que preguntas similares le habían sido planteadas previamente, pero sin obtener respuestas concretas.
La periodista insistió sobre el origen de las unidades, destacando que uno de los compromisos de campaña del alcalde había sido no recurrir a unidades arrendadas.
“Es un tema de interés público y, como funcionario, debería saber si son rentadas o usadas”, apuntó la reportera. Su insistencia derivó en un intercambio tenso. Finalmente, al intentar seguirlo para obtener una réplica, Ana fue interceptada por personal de seguridad y funcionarias municipales, quienes comenzaron a empujarla.
“Me dijeron que no podía estar ahí, pero es una sala de espera, un espacio público”, sostuvo.
El punto crítico del altercado llegó cuando la periodista, después de intentar mantenerse en el lugar, fue escoltada de forma forzosa por elementos de la policía municipal.
“Escuché al secretario particular del alcalde ordenar que me retiraran, y ahí es cuando me esposan”, describió. Ya esposada, fue conducida por las escaleras desde el tercer piso hasta la planta baja, un recorrido que, según relató, fue humillante y se realizó frente a numerosos testigos que grababan la escena con sus teléfonos.
“Me quitaron las esposas en un área más discreta, fuera de la vista de las personas. Evidentemente, no querían que quedara tan expuesto que no estaba cometiendo ningún delito real”, aseguró.
Según su reconstrucción, las autoridades municipales justificaron la acción alegando que estaba “alterando el orden”.
Ana denunció también haber sido objeto de insultos durante el incidente, presuntamente por parte de una funcionaria municipal identificada como directora de Participación Ciudadana.
“La gente que estaba ahí asegura que me llamó una ‘zorra’. Lo que viví fue humillante y una clara exhibición pública”, señaló.
Tras los hechos, la periodista manifestó sentirse vulnerable, no solo por el episodio de agresión física y mediática del que fue objeto, sino también por la cantidad de comentarios denigrantes que ha recibido en redes sociales. “Es muy probable que los comentarios sean promovidos por el mismo gobierno; esto, si es así, sería gravísimo”, expresó.
Lamentó la falta de apoyo por parte de sus colegas presentes durante el incidente. “Ocurrió frente a funcionarios, regidores y otros medios. Nadie intervino. De hecho, hubo quienes difundieron fotos burlándose de la situación, diciendo que por ‘argüendera’ me lo merecía”, afirmó, señalando la ausencia de una postura crítica frente a los graves hechos.
En cuanto a las acciones legales, Ana aseguró que ya está trabajando en el tema. Ha tenido acercamientos con el Mecanismo de Protección a Periodistas de la Secretaría de Gobernación, Cimac (una organización especializada en temas de género y periodismo) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
Además, busca asesoría legal para procesar una denuncia formal por abuso de poder y violaciones a los derechos humanos. Aunque reconoció la complejidad y duración de estos procedimientos, afirmó que era una acción necesaria. “Esto no me lo enseñaron en la escuela, nunca nos prepararon para enfrentar este tipo de abusos”, reflexionó.
Al cierre del relato, la reportera confirmó que no ha recibido ningún tipo de disculpa ni pronunciamiento oficial por parte del alcalde o su administración. “Lo sucedido debe marcar un precedente. Nosotros como periodistas somos el puente entre los ciudadanos y el gobierno, y ellos tienen el deber de permitirnos realizar nuestra labor”, concluyó.
La administración municipal emitió una postura oficial sobre lo ocurrido horas más tarde asegurando que la discusión verbal que tuvo la reportera fue con terceras personas, “por lo que tuvo que ser retirada por una mujer policía a la planta baja del edificio”.
“Quiero señalar que al momento de dicha acción me encontraba en mi oficina atendiendo los pendientes diarios por lo que no me enteré hasta después de los hechos ocurridos, los cuales repruebo y no estoy de acuerdo con la forma en que sucedieron”, se lee en el comunicado firmado por el edil Carlos Rafael Rodríguez Gómez.
Apuntó que giró instrucciones a la Contraloría Municipal y a la Secretaría de Seguridad Pública para la revisión del protocolo efectuado por la elemento de seguridad que esposó a la reportera para que se proceda conforme a derecho.
