Autoridades estatales de Michoacán calificaron como un acto de irresponsabilidad la liberación de Jesús R, un hombre apodado El Chuy y quien sería presunto líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en la región. Sin embargo, una asociación civil conformada por magistrados y jueces.
La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED), destacó que las acciones del juez fueron resultado de desmentir las versiones de las Fiscalía y Guardia Civil del estado.
De igual manera, la JUFED aseguró, en un comunicado compartido el 10 de marzo, que hubo ataques mediáticos en contra del juez Rubén García Mateos y calificó los mismos como una intromisión en la independencia judicial y un ataque al Poder Judicial de la Federación (PJF).
“Se resolvió con base en las pruebas existentes, que desmintieron la versión de los hechos aportadas por la Fiscalía y la Guardia Civil del Estado”, puede leerse en el comunicado compartido por la organización mencionada.
También agregaron que al causar a un juzgador de corrupción sin presentar pruebas es un acto “inadmisible”. De igual manera, alegaron que las declaraciones de las autoridades de Michoacán han sido expresadas sin transparencia.
Detención y posterior liberación de “Don Chuy”
Un operativo, realizado el 25 de febrero, por agentes federales y estatales en Zacapu derivó en el arresto de varias personas, entre ellas Jesús R. A decir de la presidenta municipal de la entidad, las autoridades municipales no fueron notificadas de las acciones.
Además, tras la captura del hombre también apodado Don Chuy fueron registrados bloqueos y quema de vehículos y también fueron suspendidas las clases.
Mientras que el pasado 5 de marzo el titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado, Juan Carlos Oseguera, aseguró que Jesús R fue capturado en flagrancia, que está plenamente identificado y que dicho arresto fue legal.
“La no vinculación a proceso de ‘El Chuy’, presunto líder de plaza de Zacapu, por parte de un juez federal, constituye un acto desmedido de irresponsabilidad por parte del Poder Judicial”.
El caso escaló hasta las declaraciones, en entrevista con el medio Milenio, del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, quien acusó como un acto de corrupción por parte de un juez al no vincular a proceso a El Chuy.
De igual manera, el secretario de Gobierno de Michoacán, Carlos Torres Piña, informó que pedirán una observación e interpondrán una queja ante el PJF.
