La reciente muerte de Isabel Miranda de Wallace, fundadora de la organización Alto al Secuestro, ha reactivado el debate público y judicial en torno al caso Wallace, uno de los procesos penales más polémicos en México en las últimas dos décadas.
El supuesto secuestro y asesinato de su hijo, Hugo Alberto Wallace Miranda, ocurrido en 2005, derivó en la detención de seis personas y en una narrativa institucional que enfrentó cuestionamientos por presuntas irregularidades procesales, fabricación de pruebas y detenciones arbitrarias.
A lo largo de los años, periodistas, abogados y organismos internacionales han documentado evidencias que contradicen la versión oficial, y han denunciado el uso del aparato judicial para sostener una hipótesis construida sobre testimonios bajo tortura, peritajes controvertidos y presión política sobre las investigaciones.
Una desaparición con versiones contradictorias
Según la narrativa difundida por la entonces Procuraduría General de la República (PGR, hoy FGR), Hugo Alberto Wallace fue secuestrado y asesinado la noche del 11 de julio de 2005 por una presunta banda criminal integrada por Brenda Quevedo Cruz, Juana Hilda González Lomelí, César Freyre Morales, Jacobo Tagle Dobín, Alberto Castillo Cruz y Tony Castillo Cruz.
La acusación se basó en declaraciones ministeriales y una prueba pericial: una gota de sangre encontrada bajo una alfombra en el baño de un departamento en Peregrinos 6, colonia Postal, donde supuestamente ocurrió el crimen.
Sin embargo, desde las primeras diligencias, las versiones ofrecidas por los denunciantes resultaron contradictorias. José Enrique del Socorro Wallace Díaz, quien se presentó como padre del joven, afirmó haber encontrado días después la camioneta de su hijo abandonada a pocas calles del inmueble, y dijo haber recibido testimonios de vecinos que habrían escuchado disparos o visto un cuerpo herido. No obstante, esas personas nunca fueron localizadas por las autoridades, y los vecinos que sí declararon negaron haber oído ruidos o movimientos inusuales esa noche.
El hallazgo más citado por la PGR fue una gota de sangre encontrada siete meses después del presunto asesinato, durante un segundo cateo autorizado por un juez. El primer cateo, realizado el 15 de julio de 2005, no arrojó ningún resultado. Según el peritaje oficial, la muestra genética coincidía con los marcadores del supuesto padre de Hugo Alberto, José Enrique Wallace, lo cual fue presentado como prueba concluyente.
No obstante, investigaciones posteriores revelaron que Hugo Alberto Wallace no era hijo biológico del señor Wallace, sino de Carlos León Miranda, primo hermano de Isabel Miranda de Wallace.
El periodista Ricardo Raphael, tras consultar actas de nacimiento y reconstruir el árbol genealógico de la familia, concluyó que el verdadero nombre del joven era Alberto León Miranda. “La prueba de ADN pierde validez si no corresponde al perfil genético correcto. Esa gota es el pilar del caso”, afirmó en una entrevista para el canal de YouTube de Proceso.
Testimonios obtenidos bajo tortura y fabricación de culpables
El caso se consolidó judicialmente tras la declaración autoinculpatoria de Juana Hilda González Lomelí, quien al principio negó conocer a Hugo Alberto Wallace, pero después firmó un testimonio en el que narraba que el joven había muerto asfixiado y fue descuartizado con una sierra eléctrica.
La defensa de González sostiene que su declaración fue obtenida mediante tortura, amenazas contra su familia y prolongadas sesiones sin presencia legal. Esta versión fue respaldada años después por peritajes independientes y testimonios recabados por organizaciones de derechos humanos.
Con base en ese testimonio, se ordenaron nuevas detenciones. En enero de 2006, Isabel Miranda de Wallace lanzó una campaña nacional con espectaculares en los que señalaba públicamente, sin sentencia, a los presuntos responsables, y ofrecía recompensas por su localización. Entre los nombres estaba Brenda Quevedo Cruz, quien fue arrestada en noviembre de 2007 en Louisville, Kentucky, y extraditada en septiembre de 2009.
Desde su ingreso al sistema penitenciario mexicano, Brenda Quevedo ha denunciado torturas físicas y psicológicas, tratos crueles e inhumanos, y presiones para firmar confesiones falsas. Estuvo recluida en Santa Martha Acatitla, Santiaguito y las Islas Marías, a pesar de su estatus de procesada sin sentencia.
En 2020, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria del Consejo de Derechos Humanos de la ONU declaró que la detención de Brenda Quevedo fue ilegal y arbitraria, y solicitó al gobierno mexicano su liberación inmediata, además de una investigación contra los responsables de las violaciones a sus derechos.
Presiones políticas y vínculos institucionales
El caso Wallace trascendió lo judicial y se convirtió en una causa política. Isabel Miranda de Wallace fue reconocida por el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa con el Premio Nacional de Derechos Humanos 2010 y fue postulada por el Partido Acción Nacional (PAN) como candidata a la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal en 2012.
Periodistas como Anabel Hernández y Guadalupe Lizárraga han documentado cómo la cercanía de Miranda de Wallace con funcionarios del gobierno federal permitió que el caso fuera sostenido incluso frente a evidencias contradictorias. En entrevistas realizadas entre 2013 y 2020, ambas periodistas cuestionaron la autenticidad de las pruebas, el papel de la PGR y el uso político del caso.
De acuerdo con la periodista, una exnovia de Hugo Alberto declaró ante autoridades que él le había confesado tener problemas similares a los que enfrentan personas vinculadas al narcotráfico. Además, Hernández afirmó que Hugo Alberto tenía antecedentes penales por contrabando de autopartes de motocicleta, y que había estado detenido en dos ocasiones por ese motivo.
Cuando algunos medios publicaron esta información —entre ellos El Universal en 2006—, Isabel Miranda de Wallace negó la existencia de tales antecedentes y afirmó que se trataba de una difamación. Sin embargo, según Hernández, la Procuraduría General de la República (PGR) reconoció oficialmente los antecedentes ante una corte en Chicago, en el marco de otro procedimiento legal, confirmando así que sí había órdenes de aprehensión y antecedentes penales.
Hernández también ha cuestionado por qué la madre nunca canceló las tarjetas de crédito ni la línea telefónica de su hijo, y por qué una de esas tarjetas fue utilizada días después de la supuesta fecha del crimen, sin que Miranda de Wallace solicitara los videos de seguridad del establecimiento donde se realizaron las compras.
Las personas detenidas por el caso Wallace llevan casi dos décadas en prisión sin sentencia firme. Algunos, como Jacobo Tagle y los hermanos Castillo, han denunciado también torturas, amenazas y presiones judiciales. Las familias de los imputados han sufrido desintegración social, persecución y deterioro económico.
“Este caso ha destruido vidas”, dijo Ricardo Raphael. “No solo la de las personas encarceladas, también la de sus familias. La justicia no puede seguir operando en función del poder económico y político de una persona”, dijo.
