Este sábado, medios de comunicación confirmaron la muerte de la presidenta de la organización Alto al Secuestro, Isabel Miranda de Wallace, a los 73 años. Personajes de la política y allegados cercanos lamentaron su deceso y se despidieron de ella a través de publicaciones en redes sociales.
Entre las figuras políticas que expresaron su pesar se encuentran: Felipe Calderón, Miguel Ángel Osorio Chong, Miguel Ángel Mancera, Rubén Moreira, Federico Döring y Roberto Gil Zuarth.
De Wallace es reconocida por ser la fundadora y presidenta del organismo mencionado, pero también llegó a ser interlocutora del gobierno federal en materia de seguridad durante el sexenio de Felipe Calderón —y mujer de confianza de su gabinete—, Premio Nacional de Derechos Humanos y candidata al gobierno de la delegación Tlalpan. No obstante, también cuenta con una serie de señalamientos que han vuelto al debate público tras la confirmación de su muerte.
Antecedentes policíacos y judiciales
En 1998, De Wallace enfrentó un proceso penal por, presuntamente, ser responsable de los delitos de resistencia de particulares y homicidio en grado de tentativa, esto tras ser acusada por funcionarios de la (entonces) delegación Tlalpan de haberse resistido a la autoridad y dañar equipo del gobierno capitalino mientras el personal de éste intentaba retirar tres espectaculares de su empresa Showcase. La acusación señala que De Wallace ordenó a sus trabajadores atacar a los empleados de la delegación mientras los últimos se preparaban para desinstalar estos anuncios.
Entonces, el juez Duodécimo Penal del Distrito Federal ordenó su formal prisión, acusada de resistencia a particulares, aunque la exoneró del cargo de homicidio doloso en grado de tentativa. El 16 de julio de 1998 fue remitida al Ministerio Público y, luego de cinco días, el juez ordenó “realizar la identificación de la procesada María Isabel Miranda de Wallace a través de los sistemas administrativos actuales, recopilar información sobre sus ingresos previos y someterla a un estudio de personalidad”.
Siete años después, el 11 de julio de 2005, De Wallace inició un proceso sobre la desaparición de su hijo, Hugo Alberto Wallace, de quien, posteriormente, se alegó secuestro y asesinato.
Sin embargo, familiares de personas encarceladas acusaron a De Wallace de haber incurrido en ilegalidades graves, como “actos de tortura” contra los presuntos secuestradores y asesinos de su hijo, esto para inculparse y que aceptaran los cargos que se les imputaban. Esto es, que los ‘responsables’ fueron ‘fabricados’. Los familiares, entonces, señalaron que Isabel Miranda estaba “utilizando el poder que le proporcionaba su ‘amistad’ con el entonces presidente, Felipe Calderón”, afirmaciones hechas por la revista Proceso, en su edición 1842, publicada el 08 de abril de 2012.
Al defender las políticas de seguridad de Felipe Calderón y de su secretario de este rubro, Genaro García Luna, Miranda de Wallace fue ganando espacios y popularidad, por lo que, al fundar Alto al secuestro, se convirtió en una activista muy destacada para el gobierno en turno, al punto de que el propio Calderón promovió la ley antisecuestro (aprobada en 2009) y le dio el Premio Nacional de Derechos Humanos al año siguiente.
Críticas y desconfianza
En este contexto, Isabel Miranda de Wallace recibió críticas y desconfianza por parte de periodistas y de la propia opinión pública, siendo acusada en varias ocasiones de haber fingido la desaparición de su hijo. Desde 2005 afirmó que su hijo fue secuestrado, asesinado y descuartizado en un departamento de la colonia Insurgentes Mixcoac.
Durante la investigación y proceso del caso, se encarceló a siete personas ‘responsables’ del rapto y asesinato. Una de ellas, Brenda Quevedo Cruz, quien estuvo encarcelada sin juicio hasta el 25 de junio del año pasado, cuando fue trasladada a su domicilio para continuar con su proceso.
En 2012, Isabel Miranda fue designada candidata del PAN a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Sin embargo, Miguel Ángel Mancera fue el candidato que ganó la elección.
En 2014, la periodista Guadalupe Lizárraga publicó una investigación en la que se presentaban incongruencias en el caso, como el uso de tarjetas o del celular del desaparecido meses después de que se le perdiera el rastro.
En 2018, Lizárraga publicó nuevos datos que en teoría probaban que Wallace tenía otra identidad como Hugo Alberto Miranda Flores, además de revelar la presunta inocencia de siete víctimas de tortura encarceladas por el supuesto secuestro.
En abril de 2019, Miranda de Wallace pidió al entonces presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), que la recibiera para ahondar en la investigación sobre la desaparición de su hijo, por medio de una carta.
También en abril de 2019, la entonces senadora de Morena, Nestora Salgado, en una conferencia en el Senado, acusó a la empresaria de haberla torturado los años que estuvo en la cárcel (de 2013 al 2016) e influir en su contra durante el proceso que enfrentó por el delito de secuestro.
Aún en 2022, el entonces presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, señaló a Miranda de Wallace por fabricación de pruebas contra altos funcionarios del Poder Judicial con fines de extorsión.
