Un juez federal ordenó este miércoles la liberación de Jesús Rivera Aguirre, alias “El Chuy”, identificado por las autoridades como presunto jefe de plaza del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Zacapu, Michoacán.
La decisión generó fuertes críticas por parte del gobierno estatal, que calificó la resolución como un “acto desmedido de irresponsabilidad”, debido al papel clave que el detenido supuestamente desempeña dentro de la organización criminal.
La captura de Rivera Aguirre, el pasado 25 de febrero de 2025, desató una ola de violencia en la entidad, con bloqueos carreteros y ataques armados contra fuerzas de seguridad. Sin embargo, el 5 de marzo, el juez Rubén García Mateos, del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Michoacán, determinó no vincularlo a proceso por presuntas fallas en la integración del expediente.
Según el protocolo sobre legalidad de detenciones, existen reglas estrictas que deben cumplirse para que una captura sea válida ante la ley. En este caso, se habría argumentado que la detención no cumplió con los requisitos necesarios, lo que llevó a su liberación. Algunos de los posibles errores habrían sido:
- Falta de justificación adecuada en la detención por caso urgente.
- Retraso en la puesta a disposición del detenido ante la autoridad competente.
- Reserva de identidad del detenido por más de seis horas, lo que pudo haber sido considerado una violación a su derecho a ser informado de los cargos en su contra.
El papel de “El Chuy”
Jesús Rivera Aguirre, conocido también bajo los alias de “El Gordo Chuy” o “La Hamburguesa”, es señalado como uno de los operadores de alto nivel dentro del CJNG en Michoacán. Según reportes de la Fiscalía General de la República (FGR), su influencia se extiende más allá de Zacapu, abarcando la región lacustre del estado y el corredor Chapala–Lerma, que conecta Michoacán con Guanajuato.
Las autoridades federales lo identifican como un lugarteniente del CJNG, lo que implica que tenía la capacidad de tomar decisiones estratégicas sobre el tráfico de drogas en la zona. Se le atribuyen delitos como delincuencia organizada, tráfico de drogas, extorsión y portación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército mexicano.
Bajo su mando, células del CJNG habrían mantenido el control territorial mediante el cobro de derecho de piso a empresarios, comerciantes y agricultores. También se le señala como responsable de la violencia generada por el cártel en Michoacán, donde la organización disputa el dominio del estado con grupos rivales como Los Viagras y la Familia Michoacana.
La detención y la violencia en Michoacán
El operativo que resultó en la captura de “El Chuy” estuvo coordinado por la FGR, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Guardia Nacional (GN) y la Guardia Civil de Michoacán. En la acción, fueron detenidos otros tres presuntos sicarios y se aseguraron armas largas, una pistola y seis vehículos.
Tras su detención, sicarios del CJNG protagonizaron enfrentamientos con fuerzas de seguridad en Zacapu y localidades cercanas. Se reportaron ataques contra el cuartel de la Guardia Nacional, causando daños a vehículos y estructuras del inmueble, además de bloqueos con vehículos incendiados en carreteras que conectan con Morelia y Pátzcuaro.
Este 5 de marzo, cuando se dio a conocer que el juez García Mateos determinó no vincularlo a proceso, se registraron nuevos hechos de violencia en Michoacán. En Pátzcuaro, hombres armados atacaron a elementos de la Guardia Civil, lo que resultó en la muerte de un agresor y la captura de otro. Paralelamente, sobre la Autopista de Occidente, a la altura de Zináparo y Churintzio, se reportaron bloqueos con camiones incendiados y enfrentamientos armados entre el CJNG y las autoridades.
La liberación y las críticas a la decisión judicial
La decisión de liberar a Jesús Rivera Aguirre provocó una reacción inmediata de las autoridades estatales. La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Michoacán calificó la resolución como un acto irresponsable, señalando que el detenido fue aprehendido en flagrancia y que su liberación ponía en riesgo a la población.
“El juez determinó dejarlo en libertad, poniendo en peligro a la población”, expresó la SSP de Michoacán en un comunicado difundido en sus redes sociales.
Por su parte, el gobernador del estado, Alfredo Ramírez Bedolla, había celebrado la captura de “El Chuy”, asegurando que formaba parte de una estrategia de seguridad coordinada con el Gobierno Federal. Sin embargo, la liberación del presunto capo evidenció las fallas en el proceso judicial, lo que llevó a cuestionamientos sobre el actuar de la FGR en la integración del expediente.
El secretario de Seguridad de Michoacán, Juan Carlos Oseguera Cortés, también criticó la resolución del juez federal, asegurando que la ley no puede quedar a la interpretación de un magistrado.
“La no vinculación a proceso de ‘El Chuy’ constituye un acto desmedido de irresponsabilidad por parte del Poder Judicial”, expresó el funcionario.
Por el momento, la FGR no ha informado si buscará reabrir el caso de “El Chuy” o si habrá nuevas acciones en su contra. Mientras tanto, su liberación representa un duro golpe para los esfuerzos de seguridad en el estado y refuerza la percepción de impunidad que rodea a los altos mandos del crimen organizado en México.
