La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), a través del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Reinserción Social (OADPRS), tiene abierta su convocatoria 2025 para reclutar profesionales en diversas áreas.
En esta convocatoria se busca personas capacitadas y profesionales para el sector jurídico, con la apertura de 233 plazas disponibles.
La convocatoria está dirigida a personas de entre 18 y 55 años con conocimientos y experiencia en el área del Derecho. Como requisito indispensable, se solicita haber concluido el nivel licenciatura en esta disciplina.
Además, los aspirantes deberán someterse a evaluaciones de control de confianza y estar dispuestos a cambiar de residencia a cualquier parte del país según las necesidades del sistema penitenciario.
Prestaciones y salario asignado
El personal seleccionado contará con prestaciones de ley y beneficios adicionales, tales como seguro de vida, seguro de gastos médicos mayores y capacitación constante para fortalecer su desarrollo profesional dentro de la institución.
Los salarios mensuales brutos para estas posiciones oscilan entre los 14 mil 992 y los 20 mil 129 pesos, dependiendo del puesto asignado. Esto representa una oportunidad atractiva para los profesionales del Derecho que buscan estabilidad laboral y crecimiento en el ámbito de la seguridad y reinserción social.
Para obtener más información sobre el proceso de inscripción y los requisitos específicos, los interesados pueden comunicarse a los teléfonos 55 5128 1115 ext. 17707, 17740, 17742 y 17788, en un horario de atención de 9:00 a 19:00 horas. También pueden escribir al correo electrónico operacion.ceccprs@oadprs.gob.mx para resolver cualquier duda y conocer más detalles sobre la postulación.
Esta convocatoria forma parte de los esfuerzos del gobierno federal por fortalecer el sistema penitenciario en México mediante la incorporación de personal altamente capacitado en el ámbito jurídico. Con ello, se busca mejorar los procesos legales dentro de los centros de reinserción social y garantizar una administración eficiente de la justicia en el país.
