La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió un caso emblemático de discriminación por identidad y expresión de género, condenando a los propietarios del centro comercial Reforma 222 y a la empresa encargada de su seguridad a indemnizar a Jessica Marjane, activista por los derechos de las personas trans, por daño moral y daños punitivos.
Esta decisión se tomó tras un litigio que se extendió por más de una década, lo que marcó un precedente en la lucha contra la discriminación hacia la comunidad trans en México.
El caso se originó en 2015, cuando Jessica Marjane y su amiga Alessa, ambas mujeres trans, fueron víctimas de discriminación en el centro comercial Reforma 222, ubicado en la Ciudad de México. Personal de seguridad y atención al cliente les impidió el acceso al baño de mujeres, exigiéndoles presentar identificaciones oficiales que acreditaran su género.
Según los reportes, el trato hacia ambas mujeres fue hostil y público, lo que derivó en una queja formal ante el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (COPRED).
Tras presentar su queja ante el organismo, se alcanzó un acuerdo en el que las empresas responsables se comprometieron a ofrecer una disculpa pública, capacitar a su personal y realizar un pago por daño psicológico. Sin embargo, las organizaciones incumplieron con el pago de la compensación económica, lo que llevó a las afectadas a interponer una demanda civil por daño moral.
El proceso judicial inicial no favoreció a Jessica Marjane. Un juez civil determinó que no había sufrido discriminación, mientras que una Sala Civil reconoció que sí hubo discriminación contra Alessa, pero no contra Jessica. Además, no se ordenó el pago de indemnización ni se establecieron medidas de reparación integral. Ante esta situación, organizaciones defensoras de los derechos de las personas LGBT+ intervinieron para tramitar juicios de amparo en favor de ambas mujeres.
El impacto del transfeminicidio de Alessa en el caso
Cuando el caso llegó a la SCJN, el contexto había cambiado drásticamente. En 2016, Alessa fue víctima de transfeminicidio, lo que llevó a que su caso fuera sobreseído. Sin embargo, el caso de Jessica continuó su curso, convirtiéndose en una oportunidad para que la Corte abordara la discriminación hacia las personas trans desde una perspectiva de género y derechos humanos.
Según Proceso, el proyecto presentado por el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena fue aprobado con cuatro votos a favor en la Primera Sala de la SCJN. En su resolución, el ministro señaló que tanto el juez civil como la Sala Civil no juzgaron con perspectiva de género y que las empresas responsables incurrieron en actos de discriminación al desconocer el derecho a la identidad y expresión de género de Jessica.
Un precedente para la inclusión y la igualdad
La SCJN determinó que impedir el acceso a un sanitario por motivos de identidad de género y brindar un trato hostil a mujeres trans constituye una violación a los derechos de igualdad, no discriminación e identidad de género. Además, estableció que, en casos de discriminación basados en categorías protegidas por el artículo 1° constitucional, como el género, debe presumirse la afectación a la integridad de la persona.
Ante este hecho, la Corte ordenó a las empresas responsables pagar una indemnización por daño moral y daños punitivos. Estos últimos tienen como objetivo sancionar la conducta discriminatoria y prevenir que se repitan situaciones similares en espacios privados de uso público. Asimismo, la resolución subrayó la importancia de juzgar con perspectiva de género en casos de discriminación contra personas trans.
Uno de los aspectos más relevantes de esta decisión es el llamado de la SCJN al Estado mexicano para implementar reglas que garanticen la existencia de baños inclusivos en establecimientos abiertos al público. Este precedente busca evitar futuros casos de discriminación y promover espacios libres de estigmas y estereotipos hacia las personas trans.
