Durante un reciente operativo de seguridad en Sinaloa, autoridades federales y estatales confirmaron que los sistemas de videovigilancia ilegales no operan únicamente en Culiacán, sino que se han extendido al municipio vecino de Navolato.
El Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Marina (Semar) y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) desplegaron a sus elementos en la localidad de Villa Benito Juárez, pues tuvieron conocimiento de que en dicha zona había dispositivos colocados de manera irregular.
Al finalizar la jornada de operaciones conjuntas, el grupo interinstitucional logró retirar ocho cámaras PTZ inalámbricas (panorámicas, con inclinación y zoom), 11 cámaras fijas alámbricas, cuatro equipos Access Point para Internet y dos celdas fotovoltaicas para la alimentación de las cámaras inalámbricas.
Con los dispositivos asegurados a lo largo del 26 de febrero, las autoridades acumularon un total de 453 cámaras de vigilancia retiradas de estructuras públicas en sólo una semana. De dichos artefactos, ninguno tenía enlaces con el Centro Estatal de Comando, Control, Comunicaciones, Cómputo e Inteligencia (C4i).
“El sistema de videovigilancia institucional cuenta con las medidas tecnológicas de seguridad para evitar su hackeo o la creación de espejos sin autorización”, precisó la SSP a través de un comunicado.
El pasado 28 de enero, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, confirmó el hallazgo de un centro de monitoreo clandestino en la colonia Las Quintas de Culiacán. La base operativa estaba bajo el control de Los Chapitos, facción del Cártel de Sinaloa que mantiene una disputa frontal con La Mayiza desde septiembre de 2024.
De acuerdo con la información proporcionada por el secretario, este centro de vigilancia había iniciado sus funciones por lo menos tres meses antes de que fuera desmantelado por agentes estatales y federales. Asimismo, García Harfuch precisó que no era la primera instalación de ese tipo asegurada en la entidad.
“Este centro se desmanteló en una acción encabezada por la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Fiscalía General de la República (FGR). Con trabajos de investigación, se ubicó este domicilio donde había cámaras instaladas [...] Si es un punto de venta de drogas o una casa de seguridad, tienen cámaras sencillas, pero efectivas, con las que observan el entorno y a las autoridades”, agregó durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
A través de redes sociales y medios locales se han difundido múltiples denuncias que señalan a las facciones criminales en disputa como responsables de establecer centros de vigilancia ilegales para rastrear los movimientos de sus rivales. Además, se han dado a conocer testimonios de personas que fueron obligadas a retirar las cámaras de sus negocios o domicilios, presuntamente, con el objetivo de que no registraran las actividades delictivas de los grupos.
