El gobierno federal de México y representantes del sector gasolinero firmarán este jueves 27 de febrero un acuerdo denominado “Política Nacional para promover la estabilización del precio de la gasolina en beneficio del pueblo de México”, cuyo objetivo principal es garantizar que el precio de la gasolina regular o Magna no supere los 24 pesos por litro en las estaciones de servicio del país. Según informó Bloomberg Línea, el acuerdo será firmado en el Salón Tesorería de Palacio Nacional a las 11:00 horas y tendrá una vigencia inicial de seis meses.
De acuerdo con el documento oficial al que tuvo acceso el medio, esta política tiene un carácter voluntario y no impone obligaciones legales a las partes firmantes. Durante su vigencia, se realizarán evaluaciones periódicas para medir su efectividad y, en caso necesario, ajustar las medidas implementadas.
Entre los actores involucrados se encuentran Petróleos Mexicanos (Pemex), importadores, comercializadores, distribuidores y transportistas, quienes se comprometen a revisar sus políticas de comercialización para trasladar los beneficios del precio mayorista a los consumidores finales.
Uno de los puntos clave del acuerdo es que Pemex implementará un precio mayorista nacional en sus terminales de almacenamiento y reparto (TAR) para la gasolina regular. Este precio permitirá que las estaciones de servicio puedan ofrecer el combustible a los consumidores a un costo menor a los 24 pesos por litro. Según el documento, se buscará que exista un diferencial razonable de hasta dos pesos entre el precio mayorista y el precio al público, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado (IVA).
Para garantizar el cumplimiento de esta meta, Pemex también adoptará medidas para optimizar la distribución del combustible, lo que asegurará que el suministro llegue de manera eficiente a todas las regiones del país. En casos donde los costos logísticos o de operación dificulten mantener el diferencial de dos pesos, se analizarán ajustes en coordinación con las autoridades competentes.
Por su parte, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) continuará aplicando estímulos fiscales y cuotas reducidas al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) para las gasolinas y el diésel. Este mecanismo busca amortiguar las fluctuaciones en los precios finales derivadas de las variaciones en las cotizaciones internacionales del petróleo. No obstante, el gobierno reconoció que, en ocasiones, los beneficios de estos estímulos no se han trasladado directamente a los consumidores, especialmente cuando los precios internacionales han disminuido.
Asimismo, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) jugará un papel fundamental en la supervisión de esta política. Según el documento, la Profeco continuará monitoreando los precios de las gasolinas y el diésel en las estaciones de servicio, además de realizar actividades de supervisión conforme a la Ley Federal de Protección al Consumidor. También se establecerán mecanismos de información semanal para transparentar los costos de operación de las estaciones de servicio y los precios en las TAR, con el objetivo de identificar posibles irregularidades.
En caso de que alguna estación ofrezca combustibles a precios por debajo de los costos operativos, las autoridades competentes realizarán verificaciones para garantizar la legalidad del origen y la calidad de los productos. Esto busca evitar riesgos para la salud y la seguridad de la población.
El acuerdo también contempla la participación del Servicio de Administración Tributaria (SAT), la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), quienes intensificarán las auditorías y la supervisión de los controles volumétricos en las estaciones de servicio, así como en los importadores, comercializadores y distribuidores. Estas acciones buscan garantizar el cumplimiento de las normativas vigentes y prevenir irregularidades en la comercialización de combustibles.
