En Buenavista Tomatlán, Michoacán, un niño jornalero de 15 años y un trabajador agrícola de 43 murieron el pasado 10 de febrero tras la explosión de una mina terrestre mientras laboraban en una parcela de limón en Santa Ana Amatlán.
El hecho, denunciado ante la Fiscalía General de la República (FGR) por los activistas Adrián y Bryan LeBarón, fue calificado como un acto de terrorismo, argumentando que los grupos criminales utilizan minas y explosivos improvisados para sembrar el miedo en comunidades rurales.
Apenas un día después, el 11 de febrero, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Michoacán y de la Secretaría de Marina (SEMAR) aseguraron 12 explosivos de fabricación artesanal dentro de una caja abandonada en un camino de terracería en la comunidad de Razo del Órgano, también en Buenavista Tomatlán. Según el reporte oficial, los artefactos estaban acondicionados para ser lanzados desde drones, una táctica cada vez más común en la guerra entre grupos criminales en la región.
Ese mismo día, en Tumbiscatío, autoridades localizaron un explosivo arrojado desde un dron sobre el rancho El Águila, lo que obligó a realizar una detonación controlada para evitar riesgos a la población.
Según fuentes federales, en lo que va de 2025 se han asegurado 163 artefactos explosivos en Michoacán, aunque algunas detonaciones han causado víctimas mortales entre civiles ajenos a la disputa de cárteles.
Los municipios con más explosivos decomisados
El creciente uso de artefactos explosivos improvisados (AEI) en Michoacán no es un fenómeno aislado. Datos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) obtenidos por InSight Crime muestran que los municipios con más decomisos de AEI en México entre 2020 y octubre de 2024 se concentran en la frontera entre Michoacán y Jalisco, una de las regiones más disputadas por el crimen organizado.
De acuerdo con los registros, estos son los 14 municipios con mayor número de decomisos de AEI:
- Apatzingán, Michoacán – 592
- Buenavista, Michoacán – 319
- Santa Bárbara, Chihuahua – 209
- Santa María del Oro, Jalisco – 205
- Aguililla, Michoacán – 178
- Irapuato, Guanajuato – 164
- La Huacana, Michoacán – 161
- Villanueva, Zacatecas – 134
- Tepalcatepec, Michoacán – 129
- Sáric, Sonora – 106
- Asención, Chihuahua – 100
- Marcos Castellanos, Michoacán – 91
- San Isidro Chigüiro, Chiapas – 82
- Tzimol, Chiapas – 82
Michoacán es el estado con mayor número de municipios afectados, con seis localidades en el listado y un total de 1.440 explosivos decomisados en estos sitios.
Le siguen Chihuahua (dos municipios y 309 explosivos), Zacatecas (uno con 134), Sonora (uno con 106), Jalisco (uno con 205), Guanajuato (uno con 164) y Chiapas (dos con 164 en conjunto).
El uso de explosivos en México ha evolucionado en los últimos años. Según expertos citados por InSight Crime en un artículo publicado el 3 de febrero, los grupos criminales han pasado de utilizar tubos de plástico rellenos con pólvora a emplear estructuras metálicas más resistentes, capaces de provocar mayores daños. Además, los AEI han sido integrados en drones y minas antipersona, aumentando su letalidad.
La violencia en Michoacán y Jalisco es producto de la disputa entre el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y grupos locales como Los Viagras, el Cártel de Zicuirán y Los Caballeros Templarios. El uso de explosivos se ha convertido en una estrategia para bloquear caminos, atacar a grupos rivales y evitar operativos militares en la zona.
El impacto de estas tácticas no solo afecta a los grupos criminales y fuerzas de seguridad, sino también a la población civil.
Cabe apuntar que en los últimos meses el fenómeno también se ha estado replicando en estados del norte, como ha sido el caso de Durango, en donde la guerra interna del Cártel de Sinaloa ha llevado a facciones como Los Chapitos o La Mayiza a hacer uso de ellos para atacar territorios.
Otro caso sonado también ha sido Tamaulipas, donde los grupos criminales también han usado este tipo de artefactos para agredir a policías y el Ejército durante rondines.
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