El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Santa Cruz aprobó un esquema de aumentos salariales escalonados para el Poder Judicial local que acumulará subas de entre el 38% y el 42% hasta octubre de 2026, y que —según estimaciones oficiales y sindicales— llevará los ingresos de algunos de los magistrados que firmaron la resolución a más de 20 millones de pesos mensuales, e incluso hasta 24 millones, de acuerdo con la antigüedad en el cargo.
La decisión, formalizada mediante una resolución firmada el 30 de diciembre de 2025, a horas del inicio de la feria judicial, generó un fuerte rechazo del gobierno provincial y de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), que reclamó expresamente que el aumento no se aplique y que no se ejecuten las partidas presupuestarias destinadas a financiarlo.
Según cálculos oficiales y considerando los montos totales efectivamente percibidos, los salarios de los vocales del Tribunal Superior pasarán de valores cercanos a entre $11 y $16 millones en diciembre de 2025 a cifras que oscilarán entre $17 y casi $24 millones en octubre de 2026, con incrementos acumulados de hasta 7 millones de pesos por magistrado.
Quiénes firmaron y el contexto político
La resolución lleva la firma de los jueces Renée Fernández, Fernando Basanta, Alicia de los Ángeles Mercau y Paula Ludueña. No fue avalada por el quinto integrante del tribunal, Daniel Mariani, ni contó con la intervención de los cuatro nuevos vocales designados por el Poder Ejecutivo y la Legislatura provincial.
La exclusión de estos últimos se produce porque, el 18 de diciembre, Fernández, Basanta, Mercau y Ludueña declararon inconstitucional la ley que amplió el TSJ de cinco a nueve miembros, una decisión que ahora debe ser revisada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Esos mismos magistrados también se habían negado durante meses a pagar los sueldos de los jueces designados a propuesta del gobernador Claudio Vidal.
En los fundamentos, el TSJ justificó el aumento en criterios de “equidad” y “razonabilidad”, y sostuvo que los salarios judiciales no pueden alejarse de manera “grosera” de los que perciben magistrados de otras provincias y del orden federal. Para ello, citó fallos de la Corte Suprema sobre intangibilidad salarial e independencia del Poder Judicial, y señaló que la medida está contemplada en el anteproyecto de Presupuesto General 2026 elaborado por el propio Poder Judicial.
El fuerte rechazo de ATE
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) Santa Cruz repudió lo que calificó como un “salariazo auto otorgado” por la cúpula del Poder Judicial y estimó que el esquema aprobado implica subas cercanas al 50% anual, llevando los salarios a más de 21 millones de pesos mensuales.
En un comunicado, el sindicato sostuvo que “no se trata de una decisión del Ejecutivo ni de una negociación colectiva: los jueces se aumentaron el sueldo a sí mismos, sin control, sin debate público y de espaldas a la realidad social de la provincia”.
ATE afirmó que el aumento debe quedar sin efecto y señaló que “este aumentazo debería darles vergüenza. Mientras las y los trabajadores santacruceños atravesamos momentos sociales y económicos de absoluta vulnerabilidad, la cúpula judicial se autoconcede en pleno enero un aumento anual, se otorga privilegios y consolida una casta judicial completamente desconectada de la vida real del pueblo”.
El gremio también cuestionó que los magistrados no tributen Impuesto a las Ganancias y denunció “una justicia enquistada, que no rinde cuentas a nadie y que, aun así, se asegura aumentos superiores al 50% anual”.
Pedido para frenar los fondos
ATE exigió al Ministerio de Economía y al Poder Ejecutivo provincial que no autoricen ni ejecuten las partidas presupuestarias destinadas a financiar el aumento salarial dispuesto por el TSJ.
“Los recursos públicos deben tener una prioridad clara: recomponer los salarios de las y los trabajadores estatales, garantizar servicios públicos de calidad y atender las urgencias sociales de la provincia”, sostuvo el sindicato, que reclamó además poner fin a lo que definió como una “justicia corporativa y elitista”.
La polémica por los sueldos judiciales suma así un nuevo capítulo al enfrentamiento entre los poderes del Estado en Santa Cruz, en un contexto de fuerte tensión política e institucional y con la ampliación del Tribunal Superior todavía pendiente de definición en la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
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