La justicia argentina recibió una denuncia por crímenes de lesa humanidad en Irán

Un grupo de sobrevivientes iraníes, junto con el Centro de Documentación de los Derechos Humanos en Irán (IHRDC) y el respaldo del Proyecto de Litigio Estratégico del Atlantic Council, presentó el 16 de diciembre de 2025 una denuncia penal en Argentina por crímenes de lesa humanidad cometidos por la República Islámica de Irán durante las protestas “Mujer, Vida, Libertad” de 2022. La acción, basada en la jurisdicción universal reconocida por la legislación argentina, solicita que la justicia federal investigue y procese a altos funcionarios y fuerzas de seguridad iraníes por su presunta responsabilidad en la represión violenta de manifestantes.

La denuncia, la primera de su tipo a nivel mundial en relación con estos hechos, fue presentada ante un juez de instrucción argentino. Entre las firmantes figuran Kosar Eftekhari y Mersedeh Shahinkar, quienes sufrieron graves lesiones oculares tras recibir disparos a corta distancia por parte de las fuerzas de seguridad iraníes, y Mahsa Piraei, hija de Minoo Majidi, asesinada durante las protestas. El escrito solicita la apertura de una investigación penal sobre crímenes de lesa humanidad, incluyendo persecución por motivos de género, asesinato, tortura y otros actos inhumanos, como lesiones oculares severas y ceguera. Además, pide que se investigue a altos cargos de los servicios de inteligencia, fuerzas armadas, policía y el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI), así como a funcionarios civiles, por su presunta participación en un ataque sistemático contra la población civil.

El caso de Minoo Majidi, madre de Mahsa Piraei, cobró notoriedad internacional cuando una imagen de su hija Roya, de pie junto a la tumba de su madre con el cabello cortado en señal de protesta, se viralizó en redes sociales. Mahsa Piraei, quien ahora reclama justicia en Argentina, subrayó la falta de garantías judiciales en su país de origen: “En nuestro propio país, Irán, no pudimos obtener justicia por el asesinato de mi madre porque no existe un poder judicial imparcial ni un sistema judicial independiente”. Piraei expresó su esperanza en que la presentación de la denuncia fuera de Irán marque un avance en la búsqueda de justicia y dignidad para las víctimas.

Mersedeh Shahinkar, quien tenía 38 años durante las protestas, relató que, tras perder la visión en un ojo por un disparo, regresó a las manifestaciones para demostrar que no sería silenciada. “Nos mantendremos firmes, hasta nuestro último aliento, contra esta gran dictadura que ha provocado violaciones generalizadas de los derechos humanos en Irán y en Oriente Medio”, afirmó Shahinkar, quien insistió en la determinación de las víctimas de continuar su lucha pese a los obstáculos.

Kosar Eftekhari, de 23 años en el momento de los hechos, también resultó herida en el ojo derecho por disparos de las fuerzas de seguridad. Su lesión quedó registrada en un video que circuló ampliamente en redes sociales. Eftekhari identificó a los responsables: “Quienes me dispararon a mí y a mis compatriotas... eran miembros del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica”. Eftekhari manifestó su deseo de que la acción judicial en Argentina inspire a otros países europeos a seguir el mismo camino y juzgar a los líderes iraníes.

La base legal de la denuncia se encuentra en la Constitución argentina y la Ley 26.200, que otorgan a los tribunales federales la facultad de investigar y juzgar delitos internacionales graves, como genocidio y crímenes de lesa humanidad, sin requerir la presencia de los acusados en el país. Argentina ya ha admitido casos similares relacionados con crímenes cometidos en Venezuela, el genocidio contra el pueblo rohinyá en Myanmar y delitos durante la dictadura franquista en España. Nizar El Fakih, miembro del equipo jurídico, destacó: “Lo más importante es que Argentina no exige que los perpetradores se encuentren en su territorio para comenzar a buscar justicia”. El Fakih consideró que la iniciativa de las mujeres iraníes abre nuevas posibilidades para la sociedad civil de su país.

La represión de las protestas “Mujer, Vida, Libertad” en Irán en 2022 dejó más de 500 manifestantes muertos, miles de heridos y más de una docena de personas ejecutadas o condenadas a muerte, según datos recogidos en la denuncia. Las ejecuciones continúan hasta la fecha. El informe de la Misión Internacional Independiente de Investigación sobre Irán, establecida por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, concluyó que la República Islámica es responsable de crímenes de lesa humanidad, incluyendo asesinato, tortura, violación, persecución y desaparición forzada, y confirmó la inexistencia de mecanismos internos efectivos de rendición de cuentas en Irán. La misión alentó a otros Estados con jurisdicción universal a iniciar investigaciones sobre la represión.

La presentación de la denuncia en Argentina, impulsada por el IHRDC, el abogado Máximo Castex y el apoyo del Atlantic Council, representa un paso significativo en la búsqueda de justicia internacional para las víctimas de la represión en Irán. El avance de este caso refuerza la convicción de que la persecución de crímenes atroces puede trascender fronteras y que la rendición de cuentas es posible, sin importar la distancia o el poder de los responsables.