La Cámara Federal de La Plata deberá definir qué juez continuará a cargo de la investigación de la denuncia de ARCA contra Sur Finanzas y su responsable Ariel Vallejo.
La fiscalía federal de Lomas de Zamora a cargo de Cecilia Incardona podrá ir en apelación a ese Tribunal luego que el juez Federico Villena rechazó un planteo para desprenderse del expediente.
Se le requiere que lo remita por conexidad a otro juzgado de Lomas de Zamora, el federal que subroga Luis Armella, donde tramita una causa anterior que para la fiscalía está vinculada.
Este magistrado ordenó decenas de allanamientos a pedido de la fiscal y recibió los teléfonos celulares de Vallejo y su madre para ser peritados.
El conflicto
La causa a cargo de Villena se inició por denuncia de ARCA a raíz de operaciones presuntamente irregulares de la empresa Sur Finanzas, también allanada en el marco de la causa ANDIS que tramita en los tribunales federales de Retiro.
La denuncia de ARCA derivó en una investigación preliminar de la fiscalía y su formalización quedó por sorteo en el Juzgado Federal 1, a cargo de Villena. Sin embargo, Incardona sostiene que parte de las personas físicas y jurídicas mencionadas en esa denuncia ya se encuentran investigadas en el Juzgado Federal 2 —subrogado por Armella— en una causa previa por estafa y lavado.
En ese expediente, Armella ordenó a pedido de Incardona durante el fin de semana allanamientos, secuestros de documentación y recibió de manera voluntaria en su juzgado los teléfonos celulares de Vallejo y de su madre para ser peritados.
La negativa de Villena a apartarse del caso central, que abarca una acusación más amplia y tiene más imputados, podrá ser apelada por la fiscalía.
A raíz de ello será la Cámara Federal de La Plata la que decida finalmente qué magistrado quedará a cargo de esa pesquisa.
Qué se investiga
El conflicto se originó cuando la fiscalía formalizó una investigación preliminar con una hipótesis inicial que combina dos delitos: evasión tributaria y lavado de activos. Esa presentación se realizó tras la denuncia de ARCA, que detectó una estructura de movimientos económicos presuntamente injustificados y la utilización de cuentas vinculadas a personas sin capacidad patrimonial, monotributistas de bajos ingresos o contribuyentes apócrifos.
En la presentación, Incardona señaló que entre los múltiples partícipes del presunto esquema figuran también el Club Atlético Banfield Asociación Civil, Oscar Tucker, Eduardo y Federico Spinosa.
El club y esas mismas personas son investigadas ya por Armella a raíz de presunto lavado de activos, razón por la cual la fiscal entendió que existía una “evidente conexidad” entre ambos expedientes.
La causa de Armella
El Juzgado Federal 2 investiga una supuesta maniobra de lavado de activos vinculada a la incorporación al patrimonio del Club Atlético Banfield de los fondos de un préstamo por 2.000.000 de euros otorgado por la firma Auriga League S.A., operación que no fue devuelta.
Según la hipótesis fiscal, vencidos los plazos del contrato original, las partes firmaron dos anexos:
- 1 de febrero de 2023: se habría acordado un mecanismo de repago ligado a la transferencia del jugador Agustín Urzi, otorgando a Auriga el 30% del precio neto de esa operación desde Banfield a Juárez Fútbol Club.
- 31 de enero de 2024: se ratificó el préstamo original, la participación del 30% y se estableció una garantía de 1.000.000 de euros, aún en caso de que la transferencia no se concretara.
La fiscalía sostuvo que esa estructura, sumada a la actuación de las personas jurídicas Fideicomiso de Reconstrucción Banfileña, Banfileños S.A. y el propio club, presenta un vínculo directo con la supuesta colocación de fondos ilícitos mediante los servicios de Sur Finanzas PSP S.A..
En su planteo, Incardona señaló que “existe un nexo entre la presunta actividad ilícita desarrollada por las autoridades del Club Banfield —Tucker y los Spinosa—; las personas jurídicas vinculadas; y la utilización de los servicios de Sur Finanzas PSP S.A. para colocar las ganancias ilícitas obtenidas, valiéndose tanto de la figura del fideicomiso como del proveedor de servicios de pago.”
Juez natural<b> </b>
Para la fiscal, al momento en que la investigación preliminar originada en la denuncia de ARCA ingresó al sistema informático judicial, no se cargó la información sobre la causa previa, por lo que el sorteo no tuvo en cuenta la conexidad que —según su criterio— ya existía.
En el escrito presentado el 28 de noviembre, Incardona pidió enviar la causa central al juzgado de Armella “en resguardo de la garantía del juez natural y del debido proceso”, y para evitar que la investigación se vea “seriamente afectada” por la dispersión de las líneas de pesquisa.
También advirtió por la filtración a la prensa de medidas requeridas.
El domingo por la noche la fiscal solicitó al juez Armella allanamientos y procedimientos urgentes, que fueron autorizados y ejecutados.
La respuesta de Villena
El juez Villena rechazó el planteo y decidió mantener la causa en su juzgado. Según la resolución, la denuncia de ARCA no menciona a todas las personas agregadas luego por la fiscalía, y aún no se verifican los elementos suficientes para afirmar que ambas causas comparten objeto y sujetos procesales.
Villena decidió “no hacer lugar al pedido de remisión por razones de conexidad objetiva y subjetiva”.
“Es imperioso señalar que si la Dra. Incardona hubiese considerado que realmente existiese conexidad” debería haber presentado la investigación preliminar ante el otro juzgado “para que aquel Juez pueda evaluar la conexidad planteada”, argumentó.
Qué se investiga
De acuerdo con el análisis preliminar de ARCA, a través de las billeteras virtuales administradas por Sur Finanzas PSP S.A. se operaron $818.000 millones, de los cuales el 31% corresponde a sujetos no categorizados, un 9% a contribuyentes considerados apócrifos y un 27% a monotributistas de escasa capacidad económica acreditada.
Con base en esos datos, la Fiscalía consideró que Graciela Beatriz Vallejo, Maximiliano Ariel Vallejo y María Fernanda Sena Argis, utilizando la estructura de Sur Finanzas PSP S.A., habrían cometido al menos dos hechos delictivos.
En primer lugar, se los investiga por la presunta evasión del Impuesto sobre los Créditos y Débitos Bancarios (Ley 25.413) correspondiente a los períodos no prescriptos hasta abril de 2025. Según la hipótesis fiscal, habrían utilizado cuentas a nombre de personas jurídicas, sujetos no categorizados y monotributistas sin capacidad económica, omitiendo actuar como agente de liquidación y percepción del tributo (6‰ para débitos y 6‰ para créditos).
En segundo lugar, la Fiscalía sostuvo que habrían puesto en circulación fondos provenientes de ilícitos tributarios y fraudes financieros, por un total operado de $818.000 millones, con el fin de otorgarles apariencia lícita.
El dictamen destacó que Sur Finanzas habría permitido el ingreso al sistema financiero digital de clientes sin solvencia acreditada, entre ellos sujetos no inscriptos (31%) que movilizaron aproximadamente $223.441 millones, concentrados en grandes operadores no categorizados.
En cuanto al movimiento de personas jurídicas, ARCA registró sumas millonarias operadas por asociaciones civiles y fideicomisos ligados a clubes de fútbol, entre ellos Club Atlético San Lorenzo de Almagro, Racing, Temperley, Los Andes, Excursionistas, Deportivo Morón, Defensores de Glew y el Fideicomiso de Reconstrucción Banfileña.
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