Terrorismo y crimen organizado: la UBA lanzó un centro estratégico con apoyo de figuras del Poder Judicial y el Congreso

La Universidad de Buenos Aires (UBA) formalizó este jueves la creación del Instituto de Estudios sobre Seguridad Estratégica en relación al Terrorismo y Crimen Organizado Internacional (ISETCO), concebido como un espacio académico destinado a producir análisis interdisciplinarios sobre esas amenazas complejas de alcance transnacional. Fue en un acto realizado en el Salón Rojo de la Facultad de Derecho. La jornada reunió a distintas autoridades políticas, judiciales, diplomáticas, académicas y de seguridad, además de representantes de organizaciones civiles y especialistas convocados para integrar el programa de exposiciones.

Entre los asistentes se encontraban el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil; integrantes del Poder Legislativo como los senadores Carlos Espínola, Sergio Uñac, Fernando Salino, Sandra Mendoza, Juan Manzur y Flavia Royón; así como funcionarios del Poder Judicial, entre ellos los jueces federales Mariano Borinsky, Diego Barroetaveña, Marcelo Martínez De Giorgi y Ariel Lijo; el camarista Mariano Llorens; el procurador general porteño Juan Bautista Mahiques; el procurador bonaerense Julio Conte Grand; y las fiscales federales Alejandra Mángano y Cecilia Incardona. También participaron embajadores, agregados extranjeros y miembros de las fuerzas de seguridad federales y de la Ciudad.

Del ámbito periodístico asistieron, como moderadores de los encuentros, Eduardo Feinmann, Jorge Liotti, Romina Manguel y Daniel Santoro.

La jornada inició a las 09:30 con las palabras del rector de la UBA, Ricardo Gelpi; del decano de Derecho, Leandro Vergara; del juez federal Ariel Lijo; y de la directora ejecutiva del nuevo instituto, Luciana Micha. Antes de dar paso a los diferentes paneles, Gelpi entregó un reconocimiento institucional al canciller de Israel, Gideon Sa’ar, actualmente de visita en la Argentina, distinción que fue recibida por un representante de su delegación.

A continuación se proyectó un mensaje del diplomático Rafael Grossi, director general de la Agencia Internacional de Energía Atómica (OIEA), recientemente postulado por el Ministerio de Relaciones Exteriores argentino para quedar al frente de la Secretaría General de las Naciones Unidas. Grossi calificó la creación del instituto de estudios como “una iniciativa que encuentro tan necesaria como oportuna en un sentido global y también para nuestro país, nuestra región y el sistema multilateral en su conjunto”.

En su intervención, grabada desde la ciudad de Viena, Austria, remarcó que “el terrorismo continúa mutando, aprovechando la polarización política, los conflictos regionales y las tecnologías que facilitan la digitalización y la fragmentación”. Advirtió que en América Latina el fenómeno adquiere “un perfil particularmente preocupante con los crecimientos del narcotráfico, minería ilegal, tráfico de inmigrantes y corrupción sistémica”, y subrayó la importancia de “renovar los compromisos multilaterales”, priorizando la resiliencia institucional y la cooperación para el intercambio de información.

En la apertura institucional, el decano Leandro Vergara destacó la importancia del nuevo espacio académico al afirmar que “este encuentro marca un momento de especial importancia para la comunidad académica y para el país”. Aseveró que la iniciativa apunta a construir un abordaje riguroso sobre dinámicas criminales que evolucionan con rapidez y consideró que “la universidad pública tiene la responsabilidad de producir un conocimiento útil” a la sociedad.

Para caracterizar el espíritu del proyecto citó al pensador catalán Jorge Wagensberg: “La historia de la ciencia es la historia de las buenas preguntas”.

La directora Luciana Micha presentó los lineamientos fundacionales. “El ISETCO somos todos”, dijo al comenzar su disertación, antes de explicar que la entidad dependerá del rectorado y estará basado en una perspectiva interdisciplinaria. Remarcó a su vez que el objetivo es anticipar fenómenos complejos: “Este espacio -destacó- tiene que ser plural y estratégico, para poder tener la información y los datos precisos para poder leer, diagnosticar y prevenir las amenazas”.

También alertó sobre el riesgo de respuestas estatales tardías, porque “si no siempre estamos detrás de los problemas, buscando formas desde el derecho o la ciencia política de reparar lo que no vimos o pudimos advertir”.

Al promediar su exposición, la directora ejecutiva informó que el instituto trabajará sobre cinco ejes: pensamiento crítico, debate interdisciplinario, evidencia científica, producción y transmisión de conocimiento y articulación interinstitucional. Luego precisó: “La academia no vive ni debe vivir afuera de su sociedad ni vive de espaldas a la gestión”.

El juez Ariel Lijo, por su parte, definió al ISETCO como “un legado institucional de la universidad” y remarcó que tendrá proyección internacional al enfocarse en “cuestiones muy concretas que atraviesan el mundo”. También describió un rol judicial más complejo frente a estas amenazas: “El juez va a ser el eje de un difícil equilibrio entre la seguridad pública y ciudadana y el sistema de garantías”. Y completó: “En definitiva, el gran desafío es no volver a atravesar situaciones que ya atravesamos en el país, y a eso se abocará el ISETCO”.

El rector Gelpi cerró la apertura con una reflexión sobre el papel histórico de la universidad. “Hablar de la UBA es hablar de libertad, justicia, autonomía, excelencia, vocación y solidaridad”, dijo, y afirmó que la institución vuelve a “dar un paso al frente con el liderazgo que la caracteriza desde hace muchos años”. Subrayó que los desafíos actuales “no reconocen fronteras” y que el instituto nace con la intención de convertirse en “un ámbito de articulación internacional”.

El programa académico comenzó con el Panel 1, dedicado al terrorismo global, moderado por el periodista Eduardo Feinmann. La mesa examinó la evolución del terrorismo contemporáneo, sus fuentes de financiamiento y los desafíos que enfrentan los Estados para anticipar ataques. Participaron el camarista de la Casación Penal Federal Mariano Borinsky y Ricardo Hernández, agregado jurídico regional del FBI para Latinoamérica con sede en Buenos Aires.

Borinsky recordó los ataques terroristas perpetrados contra la embajada de Israel en 1992 y contra la AMIA en 1994, respectivamente, y advirtió tanto sobre la falta de adecuación normativa como la necesidad de actualizar el marco penal para combatir con eficacia estos fenómenos globales.

“Es importante -expresó- tener una arquitectura jurídica adecuada, que hoy no la tenemos”. Al respecto, el camarista remarcó que lleva años trabajando en su modernización: “En los últimos 10 años he escrito dos veces el nuevo Código Penal, que está vigente hace más de 100 años, desde 1921”. Enfatizó además que el país “está juzgando los atentados con delitos comunes” y que, en ese plano, “la voluntad política es necesaria para aprobar el Código Penal y “dotar a los jueces” de los instrumentos para abordar la problemática.

En materia de persecución económica, sostuvo que el decomiso anticipado es clave “para que los bienes vuelvan al Estado desde el comienzo”. También insistió en que “si no tenemos una norma específica que abarque e incluya todos estos supuestos, no tenemos sustento normativo”, y concluyó que “si queremos seguir la línea del ‘Nunca Más’ al terrorismo, tenemos que empezar por ahí”.

Hernández, por su parte, afirmó que todo acto terrorista tiene impacto transnacional. Explicó que la política internacional está obligada a moverse de un paradigma reactivo a uno preventivo, en tanto “la prevención del terrorismo no es una conclusión lógica sino un cambio de paradigma para muchas instituciones y Estados”.

Poco después, el orador advirtió que la ausencia estatal facilita el asentamiento de redes extremistas, y que su influencia “está presente en todo lugar donde el Estado no tiene una eficaz presencia ligada a la justicia”. Luego describió la convergencia entre terrorismo y crimen organizado: “El terrorismo se divorció del Estado y empezó a autofinanciarse con el crimen organizado”, consignó.

El representante del FBI también destacó el rol de las tecnologías emergentes: “Hoy en día el individuo tiene la capacidad, por ataques cibernéticos, con impresoras 3D y con el movimiento de criptomonedas, de autofinanciarse y autoabastecerse”. Finalmente señaló que “Estados terroristas como Irán tienen vínculos muy estrechos con el narcotráfico”.

Tras un breve receso se desarrolló el Panel 2, centrado en las transformaciones del crimen organizado en las Américas, moderado por el periodista Jorge Liotti. La mesa analizó la reconfiguración del narcotráfico en la región, el debilitamiento estatal y las nuevas modalidades delictivas transnacionales. Participaron Lourdes Puente Olivera, directora de la Escuela de Política y Gobierno de la Universidad Católica Argentina; el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi; y Alejandra Mángano, fiscal federal especializada en trata de personas y crimen organizado y co-titular de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas.

Puente Olivera planteó que “uno de los graves problemas que tiene esta lucha contra el crimen organizado es la fragmentación” y que la ausencia estatal después de la pandemia “empoderó a muchos carteles”. Indicó que el fenómeno se expandió territorialmente y que la debilidad gubernamental impide respuestas aisladas: “Las resoluciones locales son absolutamente insuficientes porque el Estado está en crisis, está débil; no tiene plata ni capacidades ni poder social”.

Asimismo, defendió la necesidad de articulaciones regionales y cooperación inteligente, ya que “si la inteligencia no es común, es muy difícil que se logren objetivos operativos”. También advirtió que las organizaciones criminales “logran la pertenencia” que los Estados ya no generan y concluyó que la reconstrucción social exige “volumen político y una confianza que hoy las instituciones no tienen”.

Martínez De Giorgi analizó la temática desde su experiencia en investigaciones complejas y resaltó la importancia de hacer foco en el territorio, donde “hay que prestar particular atención”. Explicó que las organizaciones criminales requieren una mínima estructura, transnacionalidad y permanencia, lo que complica su persecución.

El juez destacó logros en la recuperación de activos ilícitos a través del instituto del decomiso anticipado y remarcó que el fortalecimiento institucional exige de una importante inversión técnica. “Una de las medidas a desarrollar es la profesionalización de las fuerzas de seguridad y desarrollar cuerpos especializados en investigaciones complejas”, sugirió.

Mángano, a su término, describió nuevas modalidades delictivas asociadas a plataformas digitales, como mulas financieras, suplantación de identidad y flujos ilegales de dinero. En ese marco, aclaró: “Lo que parece que ocurre de manera virtual y efímera produce en la realidad violencia física, extorsiones y muertes”.

La oradora añadió que “la circulación de flujos financieros ilícitos de manera transnacional es un fenómeno en crecimiento” y enfatizó que se trata de desafíos que exigen estrategias coordinadas y marcos legales actualizados.

El tercer panel del programa, “Desafíos y oportunidades para la investigación penal, abordajes integrales y herramientas digitales”, estuvo a cargo de la periodista Romina Manguel. En esa mesa intervinieron el fiscal general porteño Juan Bautista Mahiques, presidente de la Asociación Internacional de Fiscales; el presidente de la Cámara Federal de Casación Penal, Daniel Petrone; y la fiscal federal de Lomas de Zamora, Cecilia Incardona. La discusión giró en torno a nuevas tecnologías de investigación, dificultades en causas complejas y desafíos institucionales para articular respuestas frente a redes criminales y estructuras terroristas.

La fiscal Incardona expuso sobre la necesidad de investigar el aspecto económico del delito y, en esa línea, ponderó el decomiso como un elemento de persecución penal “muy claro que tiene Argentina”. Habló también de llevar adelante pesquisas penales a través de un “trabajo interdisciplinario en vivo, dialogando con los investigadores de la policía para construir una hipótesis del caso entre todos”.

El fiscal Mahiques, en tanto, dijo que el fortalecimiento del sistema acusatorio “resulta esencial” para hacer frente a este tipo de fenómenos globales, que “adquieren dimensiones cada vez más complejas y presentes” y que resultan ser la “mayor amenaza” para la existencia de los Estados. Luego aseveró que para tener un sistema que permita planificar y diseñar la política criminal orientada a objetivos es necesario “aplicar un sistema acusatorio con los recursos materiales y personales necesarios”.

A su turno, el camarista Petrone recordó que existe un convenio global firmado en Budapest que prevé formas flexibles para la transmisión de información entre países con el fin de orientar la investigación penal de los delitos transnacionales. Además, destacó la inteligencia artificial como un instrumento “super poderoso” para sumar eficacia en las pesquisas de esta naturaleza. Sin embargo, advirtió sobre la importancia de utilizar esa herramienta con cuidado, porque “son sistemas muy modernos a los que sería casi tonto renunciar, pero que deben tener un balance con las garantías individuales“, como las de la defensa en juicio y el debido proceso.

Alrededor de las 16 comenzó el cuarto panel, “Atentados terroristas en la Argentina”, moderado por el periodista Daniel Santoro. Participaron el juez de la Cámara Federal de Casación Carlos Alberto Mahiques; el presidente de la Cámara Federal porteña, Mariano Llorens; el juez de Casación y consejero de la Magistratura, Diego Barroetaveña; el presidente de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), Mauro Berenstein; y el académico Jorge Szeinfeld, director de la Maestría en Inteligencia Estratégica de la Universidad Nacional de La Plata.

La mesa repasó durante más de una hora los ataques sufridos en el país y examinó las dificultades históricas para consolidar investigaciones y fortalecer mecanismos de cooperación que sirvan como base para mantener políticas de prevención.

El camaristas Mahiques consideró que el terrorismo implica un “desafío al intelecto, al coraje político y a la interpretación de los jueces”. Hablar de qué es el terrorismo, dijo, conlleva analizar la ontología de un crimen tan particular.

“Para los jueces es un desafío y una necesidad construir una herramienta de interpretación de un fenómeno que no es fácilmente definible, ya que el terrorismo está atravesado por muchas dimensiones -tales como la política y la ideológica-. El desafío es definir el acto terrorista y a su vez asegurar que la respuesta del Estado sea ajustada a las directrices establecidas en la Constitución”, agregó.

El juez Barroetaveña desarrolló una exposición sobre su intervención junto a su colega Mahiques en la causa conocida como "AMIA II“. Allí, entre otros puntos, señaló: ”Desde nuestro rol de Casación tuvimos que mirar esos hechos de frente, revisar lo actuado, identificar lo que se hizo bien y lo que se hizo muy mal. El terrorismo es, sí, una detonación, pero también es todo aquello que ocurre después: la búsqueda de la verdad, la frustración, el compromiso institucional y la memoria que se rehúsa a desaparecer.

Más tarde manifestó: “El terrorismo no distingue vidas ni orígenes, pero destruye todo lo que toca (...). Esto nos atraviesa a todos y las respuestas también deben ser de todos”.

El presidente de la Cámara Federal de Apelaciones de la Ciudad de Buenos Aires, al intervenir, hizo hincapié en la actitud del Estado frente a los actos de terrorismo. Recordó asimismo su participación en la causa que juzgó el hecho que dejó 85 víctimas tras la explosión de una traffic aquel 18 de julio de 1994.

“Ahora nosotros en la Cámara hemos validado el procedimiento del juicio en ausencia respecto del hecho madre, el atentado, y eso permitirá traer al juicio a las personas implicadas, que no van a venir, que están en Irán. Pero ahora el Ministerio Público Fiscal va a poder identificar a los autores, para poder con eso lograr un poco más de verdad, que es lo que los familiares están esperando", concluyó el magistrado Llorens.

Al finalizar, tomó la palabra el titular de la DAIA, quien ponderó la aplicación del juicio en ausencia por el ataque a la AMIA tras evaluar que “probablemente no es la mejor herramienta , pero es una herramienta”.

“Es una manera de que se haga memoria, se aprenda y se haga justicia”, aseveró.

Para cerrar la mesa, el académico Szeinfeld, ex director nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario del Ministerio de Defensa, se refirió a su experiencia como docente en la universidad, donde registró que no se suele incorporar el fenómeno del terrorismo en general ni del “terrorismo político” en particular dentro de la currícula de estudios. En ese contexto, planteó la importancia de “fomentar la educación en el claustro estudiantil”, sobre todo teniendo en cuenta que el país fue víctima de dos ataques.

El quinto y último panel, iniciado a las 18:30, llevó por título “Respuestas institucionales para la prevención del terrorismo y el crimen organizado internacional”. Participaron el director ejecutivo de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos (DAJuDeCO), Juan Rodríguez Ponte; el secretario de Coordinación Institucional de la Nación del Ministerio Público Fiscal Juan Manuel Olima Espel; el procurador bonaerense Julio Conte Grand; y el ex secretario de Inteligencia Miguel Ángel Toma.

Los oradores analizaron los mecanismos institucionales y judiciales destinados a la prevención del terrorismo y del crimen organizado, con especial foco en los instrumentos para combatir el lavado de activos ilícitos y la financiación de organizaciones criminales. Además, examinaron las dificultades prácticas y normativas que enfrenta hoy el sistema para aplicar dichas políticas, así como los desafíos de coordinación entre organismos estatales, fuerzas de seguridad y el Poder Judicial.

El eje de la disertación del funcionario Rodríguez Ponte tuvo foco en la tarea de la dirección a su cargo para recopilar y luego evaluar datos relacionados a posibles “casos de riesgo” de lavado de dinero y financiamiento ilegal. Al terminar, fue el turno del procurador Conte Grand, quien destacó que al momento de gestionar una investigación penal es relevante “conocer la realidad del territorio” donde se actúa, determinar “un orden de prioridades”, establecer “un método adecuado" y fijar un foco “para evitar distracciones”. También rescató el valor de la perseverancia.

Además, mencionó la competencia del Ministerio Público bonaerense en torno a las temáticas que estudiará el nuevo centro de estudios: persecución del narcomenudeo, delitos conexos a la trata de personas y criminalidad digital.

Miguel Ángel Toma repasó la evolución histórica de la legislación en materia de defensa y seguridad, y sostuvo que muchas de las normas vigentes fueron concebidas para responder a amenazas que ya no existen. Recordó que, tras los alzamientos militares de 1987, dirigentes del oficialismo y la oposición trabajaron conjuntamente en la redacción de las leyes de Defensa Nacional, Seguridad Interior e Inteligencia, diseñadas -según explicó- para “neutralizar la amenaza de volver al pasado” y preservar la democracia recuperada. Subrayó que aquellas normas separaron con rigidez el rol de las Fuerzas Armadas y el de las fuerzas de seguridad, adecuándose a un contexto dominado por riesgos de naturaleza interna y externa bien diferenciados.

Sin embargo, advirtió que “las cosas que hemos hecho en algún momento no necesariamente sirven para los tiempos posteriores”, y señaló que la naturaleza de las amenazas actuales -terrorismo, narcotráfico y crimen organizado- exige actualizar la legislación. “Desaparecida la amenaza anterior, y aparecidas nuevas amenazas, corresponde dar nuevas respuestas”, afirmó. También destacó la necesidad de dotar de protección adecuada a los cuadros militares y de seguridad en el ejercicio de sus funciones para neutralizar estos riesgos contemporáneos.

Un poco más tarde el ex titular de la SIDE durante la presidencia de Eduardo Duhalde habló de una “destrucción sistemática” del esquema de inteligencia durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, donde, a su juicio, ocurrieron “la purga de los mejores oficiales de inteligencia” y el “asesinato de Alberto Nisman”.

Por último, el secretario de Coordinación Institucional de la Nación del MPF, Olima Espel, calificó al régimen legal actual como “vetusto” a los fines de mejorar las “medidas preventivas” en la lucha contra el fenómeno del terrorismo.

La jornada concluyó cerca de las 20, con breves reflexiones de las autoridades del instituto, que destacaron la convocatoria y remarcaron que el centro de estudios apuntará a desarrollar investigaciones especializadas y propiciar mesas de trabajo con organismos públicos.