La Corte Suprema de Justicia rechazó los recursos presentados por familiares de los 44 tripulantes del submarino ARA San Juan. Así, dejó firmes los sobreseimientos del ex presidente Mauricio Macri, del exdirector de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Gustavo Arribas, de su entonces segunda Silvia Majdalani y de ocho exagentes del organismo, en la causa por presunto espionaje ilegal durante el gobierno de Cambiemos.

Los familiares habían denunciado maniobras de vigilancia y seguimiento entre 2017 y 2018, cuando reclamaban respuestas por la desaparición del submarino. La acusación sostenía que los imputados ordenaron registrar manifestaciones, misas y acciones públicas, así como recopilar información personal y datos de redes sociales de los allegados a los tripulantes.

La investigación comenzó tras el hallazgo de documentación en la sede de la AFI de Mar del Plata con fichas, informes y registros de actividades de los familiares. En diciembre de 2021, el juez federal de Dolores Martín Bava procesó a Macri, Arribas, Majdalani y otros agentes por presunto espionaje ilegal, al considerar que las tareas buscaban “influir en la situación política e institucional del país”. Se trató de la primera causa penal que enfrentó Macri tras dejar la Casa Rosada.

El 15 de julio de 2022, la Cámara Federal porteña -integrada por Mariano Llorens, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi- revocó el procesamiento y dictó el sobreseimiento de todos los imputados, al sostener que las diligencias estaban justificadas como parte de las tareas de seguridad presidencial.

Ese fallo fue revisado y ratificado por la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los jueces Guillermo Yacobucci, Ángela Ledesma y Mariano Borinsky. Por mayoría, Yacobucci y Borinsky consideraron que la Cámara Federal había hecho “un tratamiento concreto y pormenorizado de los hechos ventilados en la causa” y descartaron que se hubiera configurado el delito de espionaje.

Casación respaldó que las actividades de la AFI “formaban parte de las tareas que hacían a la seguridad del presidente y descartó la hipótesis de espionaje”. “Aun cuando el magistrado de la instancia haya dejado entrever que la información sobre preguntas o reclamos habría sido alcanzada mediante infiltraciones, lo cierto es que las declaraciones testimoniales de los familiares (...) echan por tierra esa inferencia”, sostuvo el fallo, que agregó: “Los mismos admiten que sus expectativas y reclamos eran comunicados también por medios de información o incluso por videos en redes sociales. Queda descartado cualquier tipo de secretismo entre los familiares respecto de esos datos y su obtención exclusivamente a través de medios ilegales.”

El máximo tribunal penal federal agregó que “ninguna de las actividades explícitamente atendidas en el fallo bajo revisión implicó una extralimitación de las facultades de inteligencia” y que “de ningún modo se podrían erigir como injerencias arbitrarias o abusivas en la vida privada de los sujetos involucrados”. Además, advirtió sobre “los graves riesgos que podría acarrear fallas u omisiones en la seguridad o en el control del entorno de altos mandatarios”.

Las querellas particulares -representadas por Eva Sandoval y patrocinadas por los abogados Mariano Bergés y Valeria Carreras- llevaron el caso a la Corte Suprema mediante recursos extraordinarios, cuestionando la justificación de las tareas de inteligencia y denunciando falta de imparcialidad judicial.

El máximo tribunal, sin ingresar al fondo de la cuestión, desestimó los recursos tras el acuerdo firmado por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.

Con esta decisión, quedaron firmes los sobreseimientos de Macri, Arribas, Majdalani y los ocho exagentes identificados por sus iniciales —E.W., N.I.B., J.J.V.C., P.J.A., A.P., C.J.G., S.P. y M.C.—, cerrando definitivamente la vía judicial en su contra.

El submarino ARA San Juan implosionó el 15 de noviembre de 2017 en el Atlántico Sur, tras una explosión en sus baterías que dejó a su tripulación sin capacidad de maniobra. Sus 44 tripulantes murieron, y desde entonces sus familiares impulsaron varias investigaciones judiciales paralelas, entre ellas la que comenzará a debatirse en la provincia de Santa Cruz por el presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público de cuatro marinos.