Con un extenso planteo de 187 páginas, el ex presidente Alberto Fernández pidió la nulidad de la causa en la que está cerca de ser llevado a juicio oral y público por ejercer -presuntamente- violencia de género sobre Fabiola Yañez, la ex primera dama.

La defensa, a cargo de los abogados Silvina Carreira y Yamil Castro Bianchi, reclamó descartar toda la investigación luego del fallo de la Cámara Federal de Casación Penal que ordenó el apartamiento del juez federal Julián Ercolini, quien estuvo a cargo del caso desde el inicio.

El magistrado había sido corrido del expediente por considerar que existió un vínculo personal con Fernández, primero como amigos y ahora enemistados, de acuerdo a lo que había planteado el ex presidente ante Casación.

En el mismo fallo, la Sala II de esa Cámara se adelantó a la controversia que ahora plantea la defensa de Fernández y dijo que, si bien Ercolini debía ser separado por temor de parcialidad, esto debía ocurrir “sin perjuicio de la validez de los actos ya cumplidos”.

Así, el máximo tribunal penal federal ratificó la vigencia de las medidas de prueba adoptadas y la etapa a la que llegó la causa.

La defensa del ex jefe de Estado, de todas formas, pidió que la investigación empiece de cero ante el nuevo juez que recibió el caso por sorteo, Daniel Rafecas.

El titular del Juzgado Federal N° 3 aún no tomó control formal del expediente, a la espera de que adquiera firmeza la resolución que corrió a Ercolini, según precisaron fuentes judiciales a Infobae.

El fiscal que llevó adelante la instrucción es Ramiro González, quien ya dio por concluidas las averiguaciones y pidió avanzar hacia el debate oral, con Fernández procesado por amenazas coactivas, lesiones leves y graves agravadas por el vínculo y por haber sido cometidas en un contexto de violencia de género.

En el escrito, al que tuvo acceso este medio, el ex presidente de la Nación se presentó ante Rafecas con un apartado de 17 páginas firmado de puño y letra.

Allí comparó su situación procesal con la de Josef K., personaje de la novela a El Proceso de Franz Kafka.

“Ahora me toca a mí. Al igual que en la novela, otro “K.” que soporta cargos por hechos que jamás ha cometido y cuyo derecho a defenderse le ha sido hasta aquí sistemáticamente negado”, reprochó el exmandatario.

Luego compartió una serie de “reflexiones sobre intrigas, abusos e injusticias” que sostiene haber sufrido durante el proceso, y enumeró 18 arbitrariedades que “dejan al descubierto que todo el proceso estuvo plagado de una animadversión en mi contra que determinó mi imposibilidad de acceder al debido proceso propio de un Estado de derecho”.

Entre las actuaciones impugnadas por la defensa aparece el hecho de que la investigación se haya iniciado por mensajes hallados en el celular de su secretaria, María Cantero, en el marco de la causa Seguros, que la tuvo como testigo y que también instruía el juez Julián Ercolini.

Para la defensa, nada de aquella investigación “autorizaba —ni justificaba— el análisis del contenido de los teléfonos de terceros, ni mucho menos la revisión de conversaciones privadas, fotografías o datos ajenos a esa materia”, como lo fue el chat entre Cantero y Yáñez.

También cuestionaron el formato de la declaración virtual de la víctima, la validez del allanamiento al departamento de Fernández en Puerto Madero, la selección de pruebas y testimonios, y la reconstrucción de los hechos por inconsistencias tales como una mención que hace referencia a que Yañez intentó irse de la Quinta de Olivos junto a Francisco -el hijo de ambos- el 12 de agosto de 2021, cuando el niño en esa fecha aún no había nacido.

Ante un eventual rechazo del planteo de nulidad en primera instancia, Alberto Fernández tiene la posibilidad de apelar ante la Cámara Federal. Esto demoraría todavía más su llegada a juicio.

Según plasmó el fiscal González al pedir la elevación a juicio, Fernández “ejerció de un modo sistemático violencia psicológica contra Fabiola Yáñez bajo las formas de acosos, hostigamientos, controles, indiferencia, insultos, culpabilización, destrato, retiro de la palabra, ninguneos y hostilidad”.

Los golpes que se dieron por probados en la investigación, en tanto, habrían ocurrido en la noche del 21 de junio de 2021 (golpe en el ojo derecho) y el 12 de agosto de 2021 o pocos días antes (lastimaduras en el brazo y una patada en el vientre).

El delito de amenazas coactivas corresponde a que el ex jefe de Estado habría presionado a la víctima para que no haga la denuncia a cambio de asegurar el futuro económico de su hijo.

Alberto Fernández podría enfrentar hasta 12 años de prisión en caso de ser hallado culpable de todos los delitos por los que está procesado.