Por orden de la Justicia Federal de San Isidro, se llevaron adelante allanamientos en el domicilio del diputado nacional José Luis Espert, ubicado en la localidad de Beccar, y en su despacho del Congreso de la Nación. Todo ocurrió en el marco de la causa iniciada por una denuncia de Juan Grabois, a partir de los presuntos vínculos del legislador oficialista con el empresario Federico “Fred” Machado, investigado por narcotráfico en los Estados Unidos.

El propio Espert recibió a la Policía en su casa. Estaba acompañado por sus abogados, según reflejó el canal de noticias TN, que también estaba en el lugar en el momento que se inició el operativo.

El legislador entregó un celular a la Justicia, que lo tendrá secuestrado al menos hasta que se haga una copia forense y sea peritado.

La investigación está a cargo del fiscal federal Federico Domínguez, quien lleva adelante la causa bajo secreto de sumario. El juez que ordenó las requisas al diputado de La Libertad Avanza es Lino Mirabelli.

El caso se originó a partir del hallazgo de una transferencia de USD 200.000 de “Fred” Machado a Espert. En su denuncia, Grabois pidió que se investigue si son fondos “provenientes de una organización criminal que está siendo juzgada por la justicia federal del Estado de Texas, EEUU, por el delito de tráfico de estupefacientes se corresponden con una maniobra de lavado de activos y configuran por lo tanto el delito previsto y reprimido por el art. 303 inc. 1 del Código Penal”.

El nombre de Espert apareció en registros financieros oficiales del Bank of America y en una contabilidad paralela que se usó como prueba en el juicio que concluyó con la condena de Debra Mercer-Erwin, socia de Federico “Fred” Machado.

“Machado me dijo que una empresa minera vinculada a él necesitaba de mis servicios como economista”, explicó el diputado libertario en un video que difundió en sus redes sociales, previo a renunciar a su candidatura. La firma en cuestión es Minas del Pueblo de Guatemala.

“Tuvimos una reunión hacia mediados de 2019. Lo que me solicitó fue asesoramiento sobre distintos proyectos que tenían y, sobre todo, consejos para reestructurar la deuda de la empresa que estaba activa y que tenía pocos años de existencia. Le dije que me interesaba, pero que tendría que esperar al fin del proceso electoral para volver a la actividad profesional. Ese mismo año competí en las elecciones presidenciales y perdí como en la guerra, y entonces volví a mi actividad privada”, alegó Espert.

De acuerdo a su versión, los 200.000 dólares fueron “un adelanto en virtud de ese contrato”, y “no se trató de un pago del señor Machado, sino de una empresa que solicitaba mis servicios profesionales”. Espert nunca realizó el trabajo, según él, por la irrupción de la pandemia.

Este martes la Policía Federal Argentina allanó la casa en la que Machado cumplía prisión domiciliaria en Viedma, antes de que avanzara su proceso de extradición.

Allí los agentes encontraron el contrato de locación de servicios completo. La empresa había acordado pagarle USD 1.000.000 al diputado.

En paralelo, la Policía Federal Argentina allanó en las primeras horas de la tarde el despacho de José Luis Espert en el Congreso de la Nación. Desde anoche el lugar permanecía cerrado con custodia y fajas de clausura.

Esta madrugada la Cámara de Diputados aprobó un pedido del juez Mirabelli para allanar las oficinas del diputado libertario. Es el procedimiento habitual para avanzar sobre los funcionarios protegidos por los fueros.

En el oficio que giró a la Cámara, el Juzgado Federal N° 2 pidió expresamente que no se den a conocer los pormenores del procedimiento, para no romper el secreto de sumario.

El diputado Espert actualmente se encuentra de licencia, a raíz de las acusaciones en su contra. En medio del escándalo, primero decidió bajarse de su candidatura de cara a las elecciones del 26 de octubre, y luego renunció su cargo como presidente de la comisión de Presupuesto.