La Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal apartó este lunes al juez federal Julián Ercolini de la causa por violencia de género que inició Fabiola Yáñez contra el ex presidente de la Nación Alberto Fernández, quien había alegado tener una relación cercana al magistrado, primero como amigos y actualmente enemistados.

La separación del juez que llevó adelante el caso que está a punto de ser elevado a juicio abre una oportunidad para la defensa del ex jefe de Estado, que se prepara para pedir la nulidad de toda la causa.

No obstante, la Casación se adelantó a esa controversia y advirtió que Ercolini debe abandonar el expediente “sin perjuicio de la validez de los actos ya cumplidos”. El máximo tribunal penal ratificó así la vigencia de las medidas de prueba adoptadas y la etapa a la que llegó la causa.

Ahora la Sala II de la Cámara Federal porteña debe sortear un nuevo juez para que continúe con el expediente.

Alberto Fernández intentó apartar al juez Julián Ercolini desde el inicio de la investigación, al entender que para esta causa no es juez imparcial.

El 11 de diciembre de 2024, el magistrado rechazó excusarse porque “no existían hechos concretos y objetivables para dudar de su imparcialidad”. Posteriormente, el 26 del mismo mes, la Sala II de la Cámara Federal también rechazó la recusación. El planteo volvió a ser analizado por los mismos jueces en mayo de este año, y mantuvieron su postura.

La defensa del expresidente argumentó que existía una relación de amistad y posterior enemistad entre Fernández y Ercolini, y señalaron puntualmente la denuncia que hizo el entonces jefe de Estado contra el titular del Juzgado Federal N° 10 -entre otros funcionarios- por el viaje a Lago Escondido.

Así el caso llegó a manos de la Sala II de la Cámara de Casación, integrada por los jueces Angela Ledesma, Guillermo Yacobucci y Alejandro W. Slokar.

En un fallo unánime, al que tuvo acceso Infobae, los magistrados entendieron que Alberto Fernández expuso “determinados pormenores vinculados con la relación de amistad y posterior enemistad con el juez Ercolini, brindando mayores precisiones al respecto”, que no habían sido analizados previamente por la Cámara Federal.

Esto ocurrió durante una audiencia de la que participó Fernández junto a su abogada Silvina Carreira, y que contó con la presencia de Mauricio D’Alessandro, representante legal de Fabiola Yáñez. Ese mismo día la ex primera dama regresó al país por primera vez desde el cambio de mandato, cuando se mudó a España.

Los jueces encontraron que estos nuevos argumentos del acusado otorgaron “sustento suficiente al planteo defensista en resguardo de la garantía de imparcialidad”.

Y consideraron oportuno correr de la causa a Ercolini “con el fin de alejar cualquier temor de parcialidad que pudieran albergar las partes”.

El juez que reciba la causa tendrá por delante solo el trámite de elevación del caso a juicio. El fiscal federal Ramiro González dio por terminada la investigación y le imputó al expresidente los delitos de amenazas coactivas, lesiones leves y graves agravadas por el vínculo y por haber sido cometidas en un contexto de violencia de género.

Según plasmó el fiscal en su dictamen, Fernández “ejerció de un modo sistemático violencia psicológica contra Fabiola Yáñez bajo las formas de acosos, hostigamientos, controles, indiferencia, insultos, culpabilización, destrato, retiro de la palabra, ninguneos y hostilidad”.

Los golpes que se dieron por probados en la investigación, en tanto, habrían ocurrido en la noche del 21 de junio de 2021 (golpe en el ojo derecho) y el 12 de agosto de 2021 o pocos días antes (lastimaduras en el brazo y una patada en el vientre).

El delito de amenazas coactivas corresponde a que el ex jefe de Estado habría presionado a la víctima para que no haga la denuncia a cambio de asegurar el futuro económico de su hijo.