Con la cuenta regresiva de las elecciones legislativas en marcha, el presidente Javier Milei encabezará este jueves en el Complejo Penitenciario Federal N°1 de Ezeiza la presentación oficial del proyecto de reforma integral del Código Penal, acompañado por el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. El acto está previsto para las 18 y contará, además, con la presencia de magistrados y penalistas que intervinieron a lo largo del proceso de elaboración de la iniciativa de ley, como el camarista Mariano Borinsky.

De acuerdo con un documento explicativo del Ministerio de Justicia, el anteproyecto tiene como objetivo adecuar la legislación del Código, operativo desde hace más de 100 años, a la realidad actual. En este sentido, propone incorporar figuras delictivas emergentes, agravar penas para ilícitos graves y, al mismo tiempo, consolidar en un solo cuerpo normativo más de mil leyes penales especiales.

El Código Penal, en efecto, fue sancionado en el año 1921 y, desde entonces, acumuló múltiples reformas parciales. Sin embargo, muchas de ellas quedaron atrasadas o resultaron insuficientes frente a fenómenos como internet, los medios de pago digitales, el crimen organizado transnacional e hiperconectado y la inteligencia artificial. En ese sentido, la propuesta apunta a ordenar el sistema penal añadiendo nuevos ilícitos y modalidades delictivas que hoy no cuentan con regulación. A su vez, incorpora como bienes jurídicos protegidos a la familia, el honor y el equilibrio fiscal.

La iniciativa que se dará a conocer en las próximas horas es el resultado de un largo trajín que se inició en marzo del año pasado con la Resolución N° 25/2024, donde el titular de la cartera de Justicia ordenó la creación bajo su área de la “Comisión para la Reforma del Código Penal de la Nación” con el fin de preparar un anteproyecto tendiente a modificar el régimen punitivo de manera sistematizada y actualizada.

En ese marco se constituyó una mesa de especialistas de la comunidad jurídica conformada por el abogado Jorge Boumpadre en calidad de presidente; el juez de la Cámara Federal de Casación, Mariano Borinsky, como vicepresidente primero, y la jueza María Eugenia Capuchetti como vicepresidenta segunda del Proyecto. También participaron los magistrados Ricardo Ángel Basílico y Julio Báez; las abogadas Valeria Onetto y Mercedes Rodríguez Goyena; el abogado Horacio Romero Villanueva y los juristas Fernando Soto y Carlos Manfroni.

Seis meses después de iniciada su labor, tras un centenar de reuniones y consultas con distintos agentes judiciales, la Comisión entregó una propuesta que pasó a una etapa de revisión a cargo del ministro Cúneo Libarona. Junto a un equipo designado por él, se dedicó a ajustarla y reformularla a lo largo de un año. En esa mesa de penalistas, que introdujo modificaciones y le dio forma definitiva al Proyecto, participaron los abogados Augusto Nicolás Garrido, Jazmín Irurzun, Pablo Alejandro González y Ramiro Lucini.

Durante ese proceso se consultó a académicos locales y referentes internacionales, como el jurista y filósofo alemán Eric Hilgendorf, dedicado a la cátedra de delitos informáticos. También hubo reuniones con organizaciones locales de la sociedad civil, tales como la AMIA, la DAIA y Madres del Dolor.

De ese modo, los ejes centrales se orientaron a fortalecer el resguardo jurídico de la vida, la libertad y la propiedad; aumentar los castigos en delitos cometidos contra menores, mayores de 65 años y personas vulnerables; y otorgar un rol preponderante a las víctimas durante la ventilación de las actuaciones.

Por otra parte, y en relación con las penas, la reforma plantea elevar a 30 años la sanción máxima para el homicidio simple y ampliar los supuestos de homicidio agravado, castigado con prisión perpetua. También propone reprimir los homicidios culposos vinculados con la conducción imprudente y elevar las penas para las lesiones cometidas en accidentes viales.

En materia sexual postula incrementar las consecuencias punitivas por cometer “grooming”, difusión de material de abuso infantil o trata de personas. Añade, además, nuevas figuras delictuales como el “stealthing” (retiro del preservativo sin consentimiento), el acoso en ámbitos laborales y educativos y la "pornovenganza“.

Del mismo modo, se tipifican modalidades específicas como el robo de celulares, el accionar de “motochorros” y “viudas negras”, los secuestros virtuales, el fraude procesal y las estafas piramidales. Se incorporan también tipos penales referidos al hostigamiento, el mobbing laboral y el incumplimiento de medidas de restricción.

Otro de los puntos centrales de la propuesta de ley aborda la inclusión de un régimen de responsabilidad penal de personas jurídicas, aplicable a cualquier delito. Para eso, se estipularon criterios de imputación, graduación de penas y posibles beneficios en caso de cooperación con la justicia. En tanto, al tratar el tema de la corrupción, se ampliaron las penas para el cohecho y se incorporó el delito de soborno entre privados. También se introdujo una nueva redacción del delito de enriquecimiento ilícito y se tipificaron otros fraudes en perjuicio del Estado, como el desvío de planes sociales o subsidios.

La presentación en el complejo penitenciario de Ezeiza será el punto de partida para llevar la discusión al Congreso Nacional, responsable de dictar los códigos de fondo que rigen en el país de acuerdo al artículo 75, inciso 12, de la Constitución.