El fiscal Franco Picardi pidió rechazar el intento de la familia Kovalivker para cerrar la causa donde se investiga un presunto circuito de coimas entre la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y la droguería Suizo Argentina. En un dictamen elevado este miércoles al juez Sebastián Casanello, defendió la legalidad del proceso, la validez de los audios atribuidos a Diego Spagnuolo y cuestionó por “contradictorio” y “entorpecedor” el planteo de la defensa.

Martín Magram, abogado de Eduardo Kovalivker y sus hijos Jonathan y Emmanuel, propietarios de la empresa, había solicitado la nulidad absoluta del expediente al considerar que se trataba de “una caza de brujas” que se inició a partir de grabaciones clandestinas que violaron el derecho a la intimidad del ex titular de la ANDIS, o bien que fueron creadas a partir de inteligencia artificial.

En el dictamen de 32 páginas al que tuvo acceso Infobae, Picardi sostuvo que el caso judicial no se inició con los audios, sino con la denuncia de “robustez suficiente” que presentó el abogado Gregorio Dalbón, en base a grabaciones “que habían ya tomado estado público, el día anterior”.

Además, el titular de la Fiscalía Federal N° 5 recordó que la investigación se puso en marcha luego de que el presidente Javier Milei echara de sus cargos a Spagnuolo y Daniel Garbellini, ex funcionario a cargo del programa Incluir Salud, y decidiera intervenir la Agencia.

“De este modo, cabe preguntarse aquí: ¿Si el propio PEN reconoce y da entidad pública a las informaciones difundidas a partir de dos actos administrativos, qué se espera que haga la justicia penal frente a tales hechos denunciados?”, cuestionó el fiscal en su resolución.

En respuesta al argumento de la violación de la intimidad, Picardi explicó que Spagnuolo era un funcionario público de alto rango, lo que reduce su expectativa de privacidad. También indicó que los audios se desarrollaron en un ámbito público (por el ruido ambiente), que se refirieron a hechos de corrupción que tenía el deber de denunciar, y además afectan “a la sociedad en general, y en particular, a la población destinataria de las políticas públicas sobre discapacidad”.

Por otro lado, el fiscal a cargo de la investigación citó jurisprudencia para respaldar que la persona que narra hechos delictivos voluntariamente “asume el riesgo de que la oferta o los hechos puedan ser reproducidos ante los tribunales”. Se agregó que, dada la naturaleza del caso, “no resulta razonable sostener que existía una expectativa de intimidad” en la conversación que se filtró de Spagnuolo.

La postura de la fiscalía también se apoyó en que la investigación no depende únicamente de los audios. En su declaración testimonial, el ex estratega comunicacional libertario Fernando Cerimedo manifestó bajo juramento que Spagnuolo le contó sobre las maniobras de corrupción “en diversas ocasiones, durante el año 2024”, antes de que los audios se difundieran.

Al pedir el cierre de la causa, los Kovalivker también calificaron la investigación como una “excursión de pesca” o “caza de brujas”, término que se usa en los tribunales cuando quien acusa avanza “para ver qué aparece”.

El fiscal Picardi fue categórico al afirmar que “cada una de las medidas adoptadas en el marco de la investigación han resultado pertinentes, legales y razonables”.

“Ninguna medida puede ser tildada de impertinente e ilícita”, ya que fueron desplegadas “sobre personas -físicas y jurídicas- y lugares indicados como emparentados a las supuestas maniobras de corrupción” y tampoco “se han afectado garantías constitucionales de ningún tipo”, subrayó la fiscalía.

Para Picardi, se trata de un “intento infundado -basado en puras opiniones personales y suposiciones sin respaldo evidencial o cuanto menos argumental- de teñir de ilegal el actuar de la justicia penal federal para alcanzar el cierre del caso”.

Ahora el juez federal Sebastián Casanello está en condiciones de resolver el planteo de los Kovalivker. Los defensores de Spagnuolo y Garbellini evitaron pronunciarse al respecto, mientras que la querella, constituida por la ONG Poder Ciudadano, rechazó el pedido al igual que la fiscalía.

A fines de la semana pasada se levantó el secreto de sumario en la causa y las partes pudieron acceder al expediente. Diego Spagnuolo, luego de varios cambios en su patrocinio, será representado por las defensoras públicas Florencia Plazas y Romina Paraboni.

Por ahora, la acusación versa sobre la hipótesis de que el ex director de la ANDIS conocía la existencia de un entramado de corrupción relacionado con las adquisiciones y contrataciones del organismo que tenía a cargo.

En los 50 audios que el periodista Mauro Federico entregó a la Justicia se hace referencia a diversas droguerías, aunque solo se menciona directamente a la Suizo Argentina.

Esa empresa habría funcionado como un canal esencial para cobrar y distribuir las coimas, en un circuito donde se verían involucrados la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el asesor Eduardo “Lule” Menem.

Por estas horas la investigación busca dilucidar si las compras de medicamentos a través del programa Incluir Salud, entre otras gestiones con fondos públicos, llevaban un sobreprecio o bien se direccionaban a cambio de un retorno espurio.