El Tribunal Oral Federal N° 4 de San Martín condenó a tres años de prisión efectiva a un hombre de 39 años, oriundo de la localidad bonaerense de General Rodríguez, por haber utilizado el DNI de otra persona para realizar una serie de estafas con créditos y consumos que superaron los $680.000, además de operaciones con una tarjeta obtenida “mediante engaño” por casi $100.000, todas cometidas en septiembre de 2023.

La sentencia fue dictada este lunes por el juez unipersonal Carlos Esteban Rodríguez Eggers, quien declaró a Pablo Hernán Ordóñez autor penalmente responsable de “estafa reiterada en siete ocasiones, en una oportunidad en grado de tentativa (...) y en otra cometido mediante el uso de tarjeta de crédito obtenida con ardid o engaño (...), los cuales concurren materialmente entre sí“.

La investigación se inició tras la denuncia de M.N.A., titular legítimo del documento utilizado en las maniobras, quien declaró que el 17 de agosto de 2023 notó la falta de su DNI y tramitó un nuevo ejemplar. Como no sabía si lo había perdido o se lo habían robado, no radicó la denuncia correspondiente. Ese vacío fue aprovechado por Ordóñez, que usó el documento extraviado para abrir cuentas y gestionar distintos préstamos.

El 22 de septiembre de 2023 el acusado fue descubierto en un comercio de venta de tecnología en la localidad de San Miguel, cuando intentaba tramitar un crédito con el DNI y una tarjeta de débito de un banco privado a nombre del damnificado. En ese momento quedó detenido y pasó a disposición del Juzgado de Garantías N°1 de Moreno-General Rodríguez.

En su testimonio, la víctima negó todo vínculo con las operaciones: “Nunca tuve una cuenta bancaria en ese banco privado ni solicité créditos en las entidades mencionadas. Tampoco conozco a Pablo Hernán Ordóñez”, expresó en su declaración. Añadió que nunca había asistido a los locales donde se concretaron las compras ni había solicitado préstamos en las financieras a las que recurrió el imputado.

El fallo describió que Ordóñez desplegó un esquema de estafas en distintos puntos del conurbano bonaerense y la Ciudad de Buenos Aires durante el mes septiembre de 2023. Entre las maniobras acreditadas figuran préstamos obtenidos en financieras privadas por montos de entre $48.000 y $348.000, que luego fueron utilizados en casas de electrodomésticos, comercios de indumentaria y locales de artículos deportivos. También se comprobó que el acusado abrió cuentas corrientes y solicitó tarjetas de crédito en una entidad bancaria de la Ciudad de Buenos Aires, que fueron remitidas a su domicilio en Moreno. Además, gestionó electrónicamente una tarjeta de crédito de una empresa emisora vinculada a una cadena de supermercados, con la que realizó consumos por $97.758,16.

El 3 de septiembre de 2025, las partes acordaron un procedimiento de juicio abreviado, previsto en el artículo 431 bis del Código Procesal Penal. Durante ese trámite, Ordóñez reconoció los hechos y aceptó la calificación legal en su contra. La defensora pública oficial Lidia Noemí Millán y el fiscal Carlos Martín Bonomi Blatter solicitaron una pena de tres años de prisión de cumplimiento efectivo, propuesta que fue validada por el juez del tribunal.

Al fijar la sanción, Rodríguez Eggers señaló como atenuantes “la buena impresión causada en la audiencia de visu, el reconocimiento del hecho y el acogimiento al instituto de juicio abreviado”. Pero ponderó como agravantes “el concurso de delitos, circunstancia de por sí aumentativa de la pena y el antecedente condenatorio que registra ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1 de San Martín”.

El juez también dispuso el decomiso y destrucción de la tarjeta utilizada en las maniobras, al considerarla una herramienta del delito. Además, ordenó remitir al Registro Nacional de las Personas el DNI secuestrado a nombre de M.N.A., para su destrucción o devolución según corresponda. Por último instruyó comunicar el fallo al Juzgado de Garantías N°1 de Moreno-General Rodríguez, una vez que la condena quede firme.

Ordóñez permanece actualmente detenido en el Complejo Penitenciario Federal II, bajo disposición de ese juzgado.