El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 8 dio a conocer los fundamentos de la última condena al falso abogado Marcelo D’Alessio. En un documento de 1022 páginas, la Justicia reveló los detalles de cómo operaban las dos asociaciones que integraba el supuesto experto en narcotráfico, que en realidad se dedicaba a espiar ilegalmente, extorsionar y lavar dinero, mientras mantenía vínculos con el Gobierno y el Poder Judicial.

Por esta causa D’Alessio recibió una pena de 13 años y seis meses de cárcel, que se acumuló con una anterior de cuatro años, también por extorsión. Está preso en la cárcel de Ezeiza.

La primera organización de D’Alessio operó, como mínimo, entre julio de 2016 y febrero de 2019. Estuvo integrada por el falso abogado y los ex agentes de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), Ricardo Oscar Bogoliuk -condenado a nueve años y seis meses- y Rolando Hugo Barreiro -condenado a seis años-.

También se mencionó la participación de Carlos Liñani y del fiscal Juan Ignacio Bidone, aunque ellos no fueron juzgados en esta instancia debido al suicidio del primero y la desvinculación del segundo en esta causa.

Según pudo probarse durante el debate oral, esta asociación se dedicó a hacer inteligencia ilegal, violando la Ley de Inteligencia Nacional, y a perpetrar maniobras extorsivas valiéndose de la información obtenida.

El Tribunal determinó que usaban bases de datos de acceso restringido, como registros migratorios y comunicaciones telefónicas, que el fiscal Bidone proveía. Con esto armaban “dossiers” o informes para presionar a sus víctimas.

Otra herramienta fundamental fue la utilización de medios de comunicación para amplificar sus amenazas, demostrar influencia y generar presión mediática. Durante el juicio declararon varios periodistas que tuvieron que explicar su cercanía con D’Alessio.

El TOF N° 8, integrado por los jueces Sabrina Namer, Nicolás Toselli y María Gabriela López Iñiguez, concluyó que las acciones de las asociaciones ilícitas tuvieron un grave impacto en la vida democrática.

“No pueden taparse con las manos las sombras que recayeron sobre la actuación de la propia administración de justicia, de las fuentes de información pública y la manera en que el periodismo ejerce su función. Y también, sobre la tranquilidad de la ciudadanía de que no se conculque el derecho a la intimidad sin que el Estado realice espionaje ilegal sobre la vida privada de las personas”, dijeron los jueces.

En cuanto a la actuación de los periodistas y funcionarios judiciales y del Gobierno involucrados, el tribunal indicó que, en el mejor de los casos, “se dejaron tentar por cantos de sirena y no estuvieron a la altura de lo que la sociedad pretende” de ellos, en alusión a la falsa fachada de abogado y experto en seguridad que vendía D’Alessio.

Una demostración de la penetración que tenía en la esfera pública es la reunión documentada que D’Alessio mantuvo el 14 de agosto de 2017 con la entonces ministra de Seguridad Patricia Bullrich y el subsecretario de Lucha contra el Narcotráfico Martín Verrier, encuentro que ocurrió en la sede ministerial y fue confirmado por el propio organismo.

También hay registros de que seis meses después de ese encuentro el falso abogado seguía enviándole por WhatsApp a la ministra reportes de inteligencia sobre la actividad de “Los Monos” en Rosario. Era un vínculo del que presumía ante víctimas y allegados.

Para el TOF N°8, la ministra de Seguridad “pudo haber conocido que una persona que no pertenecería formalmente a ninguna fuerza de las que tenía a su cargo, ni a las agencias del Sistema de Inteligencia Nacional, en dos oportunidades estaba realizando ‘investigaciones criminales’”, pero esas “llamadas de atención” no derivaron en la disolución de la organización.

D’Alessio “había creado un personaje con elementos reales y ficticios, tan versátil como carismático”, simulaba “ser de la DEA, tener vínculos con la AFI, ostentaba el uso de armas, circulaba en vehículos blindados, y con sirenas”, plasmaron los jueces en sus fundamentos.

También citaron la condena previa del TOF N° 2, que tuvo como víctima al despachante de Aduanas Gabriel Traficante, donde ese tribunal ya había calificado a D’Alessio como un especialista en “el arte de la simulación” que “le permitía extorsionar con lo que realmente era cierto y, si no había nada, lo inventaba”.

• Caso Diego Aníbal Vestillero: En julio de 2016, D’Alessio, Barreiro y Liñani juntaron información para “apretar” a este empresario. Le exigieron 100.000 dólares por cada contenedor que ingresaba al país y lo amenazaron con “escracharlo por todos lados” y “fundirlo en dos minutos” si no entregaba documentación de su empresa Fox Cargo. Se publicaron artículos periodísticos que lo vinculaban con la “mafia de la Aduana”.
• Caso Mario Cifuentes: Entre febrero y abril de 2018, Marcelo D’Alessio ejecutó una maniobra de extorsión contra otro empresario, Mario Cifuentes. Le mostró un informe que simulaba ser de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), con sus datos personales, y le exigió 1.200.000 dólares para evitar su detención y “limpiar” su empresa.
• Caso Gonzalo Brusa Dovat: A principios de 2019, D’Alessio y Bogoliuk extorsionaron a este ex directivo de PDVSA. El falso abogado lo contactó para hacerle creer que lo protegía, pero luego lo presionó mencionando una “pre-causa” judicial en su contra. Según determinó la Justicia, lo forzó a dar entrevistas, a declarar ante el fiscal Carlos Stornelli -investigado y luego sobreseído- sobre supuestos negocios ilícitos en la petrolera estatal venezolana y lo presentó públicamente como “el Centeno de PDVSA”.
• Caso Pedro Etchebest: D’Alessio contactó al productor agropecuario a fines de 2018, mencionando el “Tema Campillo” (un exfuncionario detenido) como inicio de la extorsión. Le mostró informes de más de 700 páginas con datos personales, bienes y viajes de Etchebest y su familia, obtenidos de fuentes privilegiadas. Se acreditó que el fiscal Juan Ignacio Bidone, a través de un secretario de su fiscalía, obtuvo listados de Migraciones de Etchebest ilegalmente. D’Alessio le exigió sumas de dinero, que oscilaron entre 800.000 y 300.000 dólares, para evitar su detención. La denuncia de este empresario fue la que dio origen a la presente causa.

• Caso Roberto Porcaro: Desde 2017, D’Alessio recopiló información sobre este dirigente kirchnerista, incluyendo fotos y videos de su casa y del puerto de Quequén tomados con un dron. Las imágenes fueron difundidas por distintos medios.
• Caso Pablo Erasmo Barreiro: Fue secretario de Cristina Kirchner. La extorsión a Barreiro se dio en el contexto de la causa “Cuadernos”. D’Alessio y Liñani desplegaron una estrategia de presión combinada (judicial, personal y mediática). Lo presionaron para contratar un estudio jurídico vinculado a D’Alessio para evitar su detención.
• Caso Natacha Jaitt: Tras los dichos de Natacha Jaitt en el programa “La Noche de Mirtha” en marzo de 2018, D’Alessio, en coordinación con Barreiro, recopiló información sobre la modelo, el activista anti trata Gustavo Vera y el exespía Raúl Martins. El objetivo fue “desacreditar a Jaitt e instalar una versión pública sobre los motivos de sus denuncias”. Se usaron búsquedas migratorias hechas por un usuario asignado a un agente de inteligencia.
• Caso José Manuel Ubeira: D’Alessio planificó una “cámara oculta” para incriminar falsamente al abogado de CFK. Esto se enmarcó en la preocupación del fiscal Carlos Stornelli por la deslegitimación de las declaraciones de “arrepentidos” en la causa “Cuadernos”, según se desprende de las pruebas expuestas en el juicio. D’Alessio recopiló información sobre Ubeira, incluyendo datos de fuentes abiertas y, supuestamente, del propio Stornelli.
• Caso Jorge Castañón Distéfano: D’Alessio obtuvo y entregó información confidencial sobre Castañón Distéfano, un piloto de una empresa subsidiaria de United Airlines, al fiscal Carlos Stornelli. D’Alessio se jactó ante el fiscal de su capacidad de perjudicar a Castañón tanto en Argentina como en Estados Unidos.

La segunda asociación ilícita, llamada “Grupo Buenos Aires” y activa entre marzo y diciembre de 2018, estuvo conformada por Marcelo D’Alessio, Ricardo Bogoliuk, Marcelo González Carthy de Gorriti, Pablo Bloise y Aldo Sánchez.

El objetivo central de esta organización criminal era la planificación de operaciones internacionales de lavado de activos por sumas millonarias en euros y dólares. El servicio que ofrecían se basa en captar dinero negro, darle una apariencia de licitud y ponerlos en circulación nuevamente en el mercado legal.

A cambio de este “servicio”, la banda cobraba comisiones, que oscilaban entre el 2.5% y el 4% del monto total de las operaciones.

El modus operandi de esta asociación era conectar a los “tenedores de fondos ilícitos” (emisores o “senders”) con “personas físicas o jurídicas que pudiesen recibir el dinero” (receptores o “receivers”). Luego, se retransfería una parte de este dinero a otras cuentas de quienes buscaban blanquear sus activos, utilizando una “ingeniería financiera” especialmente diseñada para dificultar la trazabilidad.

A pesar de que las operaciones de lavado de activos no lograron concretarse en su ejecución, la Justicia consideró plenamente probada la conformación de una organización criminal con el exclusivo fin de realizar este tipo de ilícitos.