Treinta y un trabajadores rurales, entre ellos dos menores de edad, fueron rescatados en condiciones de hacinamiento y precariedad en dos campos de la localidad de Pozo Borrado, al norte de la provincia de Santa Fe. La justicia federal investiga ahora la participación de dos ciudadanos sospechados integrar un posible sistema de trata de personas con fines de explotación laboral, un delito que contempla penas de entre tres y quince años de prisión.

Los procedimientos se concretaron bajo el marco de una investigación encabezada por la Sede Fiscal Descentralizada de Rafaela, a cargo del fiscal federal Gustavo Onel. El operativo estuvo en manos de la Agencia de Trata de Personas de la Policía de Investigaciones de Santa Fe, que constató que los damnificados vivían en condiciones precarias bajo toldos de nailon, sin agua potable ni sanitarios, y cumplían jornadas de hasta diez horas diarias, de lunes a lunes, con salarios magros.

Las inspecciones se originaron cuando agentes de la división Coordinación Contra el Trabajo Ilegal de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y del Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE) detectaron a 15 personas en un establecimiento rural denominado “Santa Ana” que realizaban trabajos de desmalezamiento en el lugar, ubicado cerca de la ruta provincial N°77, a pocos kilómetros del límite con Santiago del Estero.

Según informó el portal del Ministerio Público Fiscal, entre las personas rescatadas había dos adolescentes de 17 años, que dormían en el piso sobre mantas o colchones y solo disponían de tachos para ir al baño. Mas tarde, los trabajadores declararon que eran oriundos de la localidad santiagueña de Los Juríes y que percibían unos 300.000 pesos por quincena, con descuentos recibir la comida. Algunos estaban indocumentados o no sabían leer ni escribir.

La comisión fiscalizadora también relevó otro campo vecino, identificado como “La Revancha e Isabelliana S.A.”, donde halló a cinco trabajadores en condiciones similares de precariedad y vulnerabilidad social. Esa información fue elevada a la Sede Fiscal Descentralizada de Rafaela, donde el fiscal Onel y los auxiliares fiscales Federico Grimm y Pablo Micheletti requirieron al juez de Garantías de Rosario, Eduardo Rodríguez Da Cruz, una serie de diligencias con allanamientos y órdenes de registro para constatar las condiciones de la zona.

Como consecuencia de los procedimientos, fueron rescatadas 31 personas, se secuestraron teléfonos celulares y un cuaderno con anotaciones, que serán peritados por los investigadores del caso. Además, con los avances de la pesquisa quedaron identificados dos ciudadanos que en principio estarían involucrados en un esquema de explotación y servidumbre laboral.

El Ministerio Público Fiscal dispuso la intervención de la Secretaría de Derechos Humanos de Santa Fe y del municipio de Tostado, cabecera del departamento santafecino de Nueve de Julio, para garantizar alojamiento y alimentación a las víctimas. También se activó el Programa de Rescate y Acompañamiento de Víctimas de Trata del Ministerio de Justicia de la Nación, con la participación de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), encabezada por los fiscales Marcelo Colombo y Alejandra Mángano, para realizar entrevistas e informes y brindar asistencia psicológica, médica y jurídica.

La causa quedó encuadrada como un posible caso de trata de personas con fines de explotación laboral. La Ley 26.364, sancionada en abril de 2008, define este delito y establece que quien capte, transporte o acoja personas mayores de 18 años con esos fines será castigado con penas de entre 3 y 6 años de prisión, que se elevan a 4 a 10 años si las víctimas son menores de edad. La escala aumenta hasta 15 años de cárcel en casos agravados, como cuando intervienen funcionarios públicos, actúan bandas organizadas, los damnificados son menores de 13 años o se trata de tres o más personas.