El juez federal Sebastián Casanello procesó este lunes a Ariel De Vincentis, jefe de seguridad de Nordelta, por su presunta colaboración con la familia Kovalivker, a quienes habría intentado ayudar a escapar en el comienzo de la causa donde se investiga el supuesto pago de coimas entre la droguería Suizo Argentina y la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).
De Vincentis habría demorado deliberadamente el ingreso de la Policía de la Ciudad al complejo de barrios privados para darle tiempo a los hermanos Jonathan y Emmanuel Kovalivker. El primero no fue hallado en su casa, donde solo encontraron cajas fuertes abiertas y aparentemente vaciadas, mientras que al segundo lo interceptaron mientras salía del country La Isla con sobres cargados de dinero, en total 266.000 dólares y 7.000.000 de pesos.
Es así que De Vincentis fue procesado sin prisión preventiva por desobediencia, estorbo de un acto funcional y encubrimiento. Según pudo saber Infobae de fuentes judiciales, ya había tenido una actitud similar a esta en otros procedimientos previos.
El jefe de seguridad de Nordelta, quien fue agente de la Policía Federal Argentina, se presentó el lunes pasado en los tribunales de Comodoro Py 2002 para declarar. Dejó dos celulares en posesión de la Justicia, aportó las claves y aceptó responder preguntas del juez.
Según justificó el procesado en ese momento, se encontraba de vacaciones el día del allanamiento supuestamente obstruido, pero de todas formas se encargó de “cumplir el protocolo” que tiene la empresa de seguridad privada: pidió “ver las órdenes judiciales” y constató que “efectivamente fueran policías” quienes intentaban ingresar a Nordelta.
Para el juez esto en realidad es “una suerte de protocolo no escrito que exhibe un modus operandi acerca de cómo no colaborar con las fuerzas de seguridad”, según plasmó en su resolución.
Para procesar a De Vincentis, el juez Casanello se apoyó en pruebas como el peritaje a sus teléfonos, los registros de cámaras de seguridad y de entradas y salidas del country, donde se puede ver una coincidencia casi exacta entre el horario en el que el jefe de seguridad se entera del allanamiento y lo que tarda en dejar la zona Jonathan Kovalivker.
De hecho, el propio De Vincentis sostuvo en su indagatoria que los empleados de la guardia de Nordelta le señalaron a la Policía de la Ciudad el auto de Jonathan Kovalivker mientras este salía del barrio privado en su Audi S3.
Poco después, cuatro patrulleros de la Policía Bonaerense llegaron al lugar, convocados a requerimiento del área de seguridad de Nordelta “bajo la falsa invocación de que personas no identificadas pretendían realizar un procedimiento sin orden judicial”. Tras constatar la legalidad de la actuación policial, los móviles se retiraron.
A criterio del juez, la actitud del jefe de seguridad de Nordelta logró “la demora y la anulación del factor sorpresa” de los allanamientos que había pedido el fiscal federal Franco Picardi para ubicar a los Kovalivker, requisar sus domicilios y retener sus celulares.
“Su posición le confería la capacidad de: advertir en tiempo real la presencia de la fuerza pública, identificar el lote objeto de la medida, transmitir instrucciones al personal de garitas y coordinar apoyos externos. La actuación desplegada evidencia que efectivamente se valió de tales prerrogativas para frustrar una parte crucial del procedimiento: la requisa personal (y el secuestro del teléfono de Jonathan Simón Kovalivker)”, concluyó el juez de la causa.
Además de procesarlo, Casanello trabó un embargo sobre sus bienes por 2.000.000 de pesos. También se declaró incompetente para continuar con la causa, ya que los hechos ocurrieron en el partido de Tigre, y determinó que se sortee un tribunal de esa jurisdicción para avanzar con el proceso.
En diálogo con Infobae, el defensor de De Vincentis, Guillermo Soares Gache, confirmó que apelará el sobreseimiento, al que calificó como “una enorme arbitrariedad”.
“No esperaba otra cosa teniendo en cuenta como actuó el Juzgado hasta ahora. Debería haber tomado las medidas urgentes (secuestro de los teléfonos) y enviar la causa a San Isidro. No debería haberlo indagado ni resolver su situación procesal, ya que era incompetente como el mismo reconoce. Más allá de eso no hay ninguna prueba en el expediente de que haya avisado y su intervención en el procedimiento fue cumpliendo su obligación. Dicha intervención no generó ninguna demora”, sostuvo el abogado.
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