Llegó a la Corte el planteo de Cristina Kirchner para que le quiten la tobillera electrónica

El reciente avance judicial en la causa “Vialidad” ha situado nuevamente a Cristina Fernández de Kirchner en el centro del debate jurídico, tras la presentación de un recurso de queja ante la Corte Suprema esta semana. La defensa de la exmandataria busca revertir dos medidas impuestas en el marco de su prisión domiciliaria, mientras se mantienen abiertos otros frentes procesales vinculados al decomiso de bienes y la recusación de jueces.

El núcleo del reclamo presentado por la defensa de Fernández de Kirchner se concentra en dos disposiciones fijadas por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2. Por un lado, se objeta la obligación de informar una lista de personas —familiares, personal de custodia, médicos y abogados— autorizadas a ingresar a su domicilio sin requerir permiso judicial, mientras que cualquier otro visitante debe solicitar autorización previa y justificar el motivo.

Por otro lado, se impugna la colocación de un dispositivo de vigilancia electrónico en el domicilio donde cumple la condena, conocido como “tobillera electrónica”.

Estas medidas, dictadas el 17 de junio de 2025, fueron cuestionadas ante la sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal y, posteriormente, el 11 de julio, con el voto de los jueces Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña Barroetaveña se rechazó el recurso de Casación intentado por la defensa de la ex presidenta. En disidencia, el juez Mariano Borinsky propuso hacer lugar al mismo y revocar las medidas adoptadas por el TOF 2.

La defensa de Cristina Kirchner, en paralelo, presentó un escrito recusando a los jueces de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, alegando temor de parcialidad por diversas razones, entre ellas la rapidez inusual en la resolución del caso —40 días hábiles, frente a un promedio de 700 días para causas penales según estadísticas de la Corte—, la supuesta falta de circulación del expediente por las vocalías y antecedentes de declaraciones públicas de los magistrados.

El proceso de recusación se fundamenta, además, en la existencia de otros recursos pendientes de resolución en la misma causa. La defensa sostiene que no existen antecedentes de un caso de estas características resuelto en tan corto plazo y que la tramitación del expediente no quedó debidamente registrada en el sistema LEX100.

En paralelo a estos planteos, la causa “Vialidad” mantiene otro frente abierto: la discusión sobre el monto y la actualización del decomiso ordenado en el veredicto condenatorio del 6 de diciembre de 2022. El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 dispuso el decomiso de bienes por una suma actualizada de aproximadamente $84.000 millones, con la instrucción de ajustar ese monto mediante organismos técnicos al momento de adquirir firmeza la sentencia.

La defensa de Fernández de Kirchner impugnó la decisión por considerar que carece de fundamentación y adolece de una errónea aplicación de la ley, solicitando la nulidad de la resolución que fijó el índice de actualización del decomiso, que actualmente asciende a cerca de $600.000 millones.

El presidente de la Sala IV de la Casación, Borinsky, fijó audiencia para el 11 de septiembre próximo, fecha en la que las partes deberán informar sobre el recurso de Casación presentado contra el rechazo de la nulidad. Ese mismo día, se tratarán dos recursos de casación en trámite, tras lo cual el tribunal contará con 5 días para resolver.

Más allá de estos planteos sobre las condiciones de detención o el monto del decomiso, la condena quedó firme en pasado mes de junio, cuando la Corte Suprema confirmó la sentencia a seis años de prisión para la ex presidenta por administración fraudulenta.