La Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura de la Nación aprobó hoy por unanimidad un dictamen que propone suspender en el cargo y enviar a juicio político al juez federal de Mar del Plata Martín Poderti por mal desempeño de sus funciones por robarse 144 monedas de oro de una causa judicial cuando era secretario en la justicia federal de San Martín.

Fuentes judiciales informaron a Infobae que los consejeros Álvaro González, César Grau, Luis Juez, Alberto Maques y Rodolfo Tailhade aprobaron la acusación contra Poderti. El caso ahora pasará al plenario del Consejo que, si ratifica la acusación, el juez será suspendido en el cargo y enviado a juicio político donde podría ser destituido.

Poderti es juez del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Mar del Plata y la comisión de Acusación dio por acreditado que entre el 26 de diciembre de 2019 y el 9 de febrero de 2023, cuando era secretario federal del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional 2 de San Isidro, ingresó en 19 oportunidades a la caja de seguridad de la sucursal San Isidro del Banco de la Nación Argentina y sustrajo 144 monedas de oro secuestradas en el marco de una investigación judicial, sobre las cuales él tenía deber de resguardo. Algunas de las veces que fue al banco Poderti estaba de licencia.

El juez no solo tiene este expediente en el Consejo de la Magistratura, sino que también está procesado en una causa penal por el delito de malversación de caudales públicos y con un embargo de 190 millones de pesos. El caso ya fue elevado a juicio oral.

“Este Consejo asume la trascendencia y gravedad institucional de la decisión que habrá de tomar, cual es la apertura del procedimiento de remoción, suspensión y acusación ante el jurado de magistrados del doctor Martín Luciano Poderti, señalando que dicho temperamento se adopta en resguardo de la administración de justicia”, sostuvieron los consejeros en su dictamen.

“Obsérvese, sobre el punto, que quien se encuentra dotado de una alta investidura estatal para juzgar actualmente a otros ciudadanos por conductas ilícitas, como puede ser un robo, resultaría ser, paradójicamente, un ladrón. En ese contexto, deviene imprescindible ordenar la inmediata suspensión del juez en la inteligencia de que todas las imputaciones formuladas guardan relación directa con su actuación funcional. Ello, en la inteligencia de que todas las imputaciones formuladas revisten una gravedad tal que pueden derivar en posibles pedidos de recusación en su labor como magistrado, planteos de nulidad, entre otras cuestiones de peso que conspiran contra la correcta administración de justicia o el éxito de este procedimiento disciplinario”, agregaron.

La comisión en su dictamen también rechazó las explicaciones que el juez Poderti ensayó para desligarse de la imputación. También se rechazó la defensa formal que efectuó, relacionada con que el hecho que se le atribuye lo habría cometido cuando era secretario y no juez, por lo cual se lo debería haber, a todo evento, sancionado administrativamente como secretario. Allí, la Comisión de Acusación recordó su postura en otros casos en cuanto a que debía determinarse si los hechos imputados habían sido evaluados por el Senado al momento de asignarle acuerdo para ser juez. Si esos hechos hubiesen sido evaluados, el Consejo ni el jurado podrían avanzar, puesto que ello importaría un avance sobre otro Poder del Estado. En caso contrario, como el presente, sí. En el caso de Poderti, el Senado no lo analizó.

“La intención del Senado fue institucionalizar a un juez según la manda constitucional, pero no aprobar su mérito profesional, ni su conducta en este expediente, dado que ello era desconocido por aquél honorable cuerpo. Es que, simplemente, no era factible de ser conocido por ese Cuerpo la sustracción de 144 de oro confiadas en guarda a Poderti en su rol de secretario federal, pues a esa fecha ni siquiera había sido detectado tal faltante, cuya diligencia a efectos de entregar los valores allí contenidos se efectivizó recién el día 9 de abril de 2024”, sostuvo el Consejo.