La Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia de la Nación (AMFJN) recibió este lunes al ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, y a las autoridades de la comisión que creó el Poder Ejecutivo para estudiar y analizar la transferencia de competencias a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En el encuentro, acordaron que la entidad que representa a jueces y fiscales se sumará a la mesa donde se evaluarán y discutirán las condiciones para el traspaso.
La reunión fue convocada por el presidente de la AMFJN y juez federal, Andrés Basso, y se llevó adelante en la sede de la Asociación. Por la comisión participaron su titular, Marcelo Javier Ruiz, y los vocales, Mariano Luis Loprete, Pablo Alejandro González y Guido Valenti.
Según comunicaron desde la entidad política y gremial de los magistrados, Cúneo Libarona explicó los “alcances y objetivos” de la comisión, y marcó que la misma buscará lograr una “recolección de datos e información para el estudio y análisis pormenorizado de la situación de eventual transferencia” de la Justicia nacional.
Con esto se elaborará un informe final que recibirá el ministro de Justicia, para evaluar qué continuidad darle al asunto. Ahora, gracias al acuerdo que selló la AMFJN en la reunión, podrán plasmar los argumentos de su histórica postura en contra de la transferencia en dicho diagnóstico.
“Se solicitó a las autoridades ministeriales la participación activa de la AMFJN en la Comisión, como así también de las autoridades de todos los fueros de la Justicia Nacional, peticiones que fueron acogidas y aceptadas. El encuentro se destacó por un fluido y cordial intercambio de opiniones y consultas entre los presentes”, detalló la Asociación de Magistrados en un comunicado.
Y agregaron que el presidente de la AMJFN ratificó los motivos “técnicos y jurídicos que avalan la postura institucional que viene sosteniendo de manera permanente la Asociación”.
Por su parte, el titular de la comisión Marcelo Javier Ruiz informó a los presentes que están cerca de definir el reglamento que “regulará la modalidad de abordaje del estudio y análisis encargado” por el Ministerio de Justicia.
En rigor, la creación de la comisión se había formalizado a principios de abril a través de la resolución 179/2025 que se publicó en el Boletín Oficial.
En el documento se estableció que el comité deberá considerar todos los aspectos necesarios para asegurar una transición eficiente y sin interrupciones en el funcionamiento de la Justicia. Entre las tareas que se le encomiendan está la evaluación de las implicancias normativas y presupuestarias, así como la continuidad del servicio judicial, tanto en el ámbito nacional como en el de CABA.
Además, trabajarán en la identificación de posibles recursos y mecanismos que faciliten la transferencia efectiva de competencias, incluyendo la integración de funcionarios, bienes materiales y el personal involucrado.
La resolución también subrayó la "necesidad urgente" de abordar el tema y avanzar hacia la plena autonomía judicial conforme a lo establecido en la Constitución Nacional.
Es que la transferencia de competencias está prevista desde la última reforma, que reconoció en 1994 la autonomía política y jurisdiccional de la Ciudad. Allí se declaró a la CABA como un nuevo integrante pleno del sistema federal.
Luego de años de disputa, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó varias sentencias en las que reconoció la autonomía y, a fines del 2024, con el fallo “Levinas”, dispuso que todas las causas nacionales pueden ser apeladas al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad. Esto generó una rebelión, ya que las Cámaras nacionales le dijeron al máximo tribunal que no iban a acatar esa sentencia.
“El pretendido ‘traspaso’ colisiona con elementales principios constitucionales, lesiona el principio de inamovilidad de los magistrados, y desconoce que la Ciudad de Buenos Aires —más allá de su carácter autónomo es también la capital de la República, y que por ese hecho, la subsistencia de la Justicia Nacional hace a la garantía de los intereses del Estado Nacional -y de las provincias que componen la Nación-, salvaguardada expresamente por el art. 129 de la Constitución Nacional”, argumentó al respecto la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, en la resolución que emitió en enero.
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