La Cámara Federal de Casación Penal designó por sorteo al juez Mariano Borinsky para resolver de forma unipersonal el planteo de recusación presentado contra el fiscal Gerardo Pollicita, quien encabezó la investigación penal contra el líder del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, y otras 17 personas por presuntos fraudes en el manejo de fondos públicos ligados al Plan Potenciar Trabajo y extorsiones a beneficiarios de ese programa social.
El recurso fue interpuesto por la defensa de Lucía Gianna Puppo, una de las imputadas en el expediente, quien apeló la decisión de la Sala I de la Cámara Criminal y Correccional Federal. Dicha sala había rechazado un recurso de queja contra la decisión del Juzgado Criminal y Correccional Federal N°7, que, antes, había denegado la apelación a la resolución que rechazó inicialmente el apartamiento del fiscal Pollicita.
La causa judicial que involucró al dirigente social se inició a fines de diciembre de 2023, durante los primeros días del gobierno de Javier Milei, tras denuncias anónimas recibidas por una línea telefónica habilitada por el Ministerio de Seguridad de la Nación. Según esas denuncias, integrantes de organizaciones sociales habrían sido forzados a participar de una marcha convocada para el 20 de diciembre, en el aniversario por los crímenes de ese día durante la salida del gobierno de Fernando de la Rúa en 2001.
A raíz de estas presentaciones, se abrió una investigación que incluyó allanamientos a la sede del movimiento Polo Obrero y a otras decenas de domicilios. En esos procedimientos se secuestraron cuadernos con anotaciones como “no come”, computadoras y diversa documentación. Además, declararon cinco testigos protegidos.
El fiscal Pollicita y el juez federal Sebastián Casanello determinaron que el Polo Obrero y la Cooperativa de Trabajo El Resplandor recibieron una suma de 361.087.500 pesos a través del plan social llamado Programa Potenciar Trabajo, en virtud de convenios firmados con el entonces Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Según la acusación, parte de esos fondos fue utilizada de manera fraudulenta, mediante facturas apócrifas, simulación de gastos, desvío de cheques y rendiciones falsas de operaciones inexistentes.
Más aún, en su requerimiento de elevación a juicio el fiscal Pollicita afirmó que las maniobras respondieron a una “compleja matriz delictiva” que explotó la vulnerabilidad “de un amplio sector social” para “ejercer ilegítimamente poder” sobre aquel con fines económicos y políticos. En ese contexto, Belliboni fue señalado como jefe de la organización.
Otro de los ejes centrales del caso es la supuesta extorsión a beneficiarios de planes sociales, quienes habrían sido obligados a asistir a marchas o participar en tareas políticas como condición para mantener la ayuda estatal. En los elementos recolectados figuran listados de personas que no participaban de las actividades y habrían recibido sanciones internas.
Con todo, el miércoles pasado Casanello dispuso la elevación a juicio oral de las actuaciones y la extracción de testimonios para seguir investigando otras posibles patas del fraude a la administración pública. Junto con Belliboni, fueron enviados a esa instancia otros 17 acusados, entre ellos Puppo, María Dotti, Erica Lubenfeld, Mariano Centanni, Iván Ortíz, Ezequiel Coego, Elizabeth del Carmen Palma, Gustavo Vásquez y Cynthia Delgado Vilches.
Por su parte, la defensa del referente piquetero, en manos de la abogada Liliana Alaniz, negó todas las acusaciones y solicitó la nulidad del envío a juicio. Argumentó que el trámite fue extemporáneo, cuestionó la participación del Ministerio de Capital Humano como querellante, y denunció penalmente a Pollicita por presuntas filtraciones durante el proceso.
En ese escenario, la imputada Puppo insistió en su planteo para apartar del caso al fiscal federal y llevó el pedido hasta el máximo tribunal penal del país. En esa sede salió designado el camarista Borinsky, quien ahora deberá definir la procedencia del recurso.
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