La Policía Federal deberá indemnizar a un agente retirado por sufrir una serie de trastornos psíquicos

Lesiones por disparos en un tiroteo; asfixia y ceguera por recibir gases lacrimógenos en la cancha de Boca; quemaduras con ácido en un enfrentamiento con delincuentes. Estas son algunos de los episodios de la larga lista que sufrió un sargento primero de la Policía Federal Argentina (PFA) durante sus 26 años de servicio. En 2014, ya retirado a causa de sus constantes angustias y de sus “crisis nerviosas”, decidió demandar por daños y perjuicios a la fuerza de seguridad, cuya Junta Médica lo había diagnosticado con un “trastorno paranoide de personalidad con episodios psicóticos breves”. La primera instancia aceptó, en parte, su reclamo. Ahora, la Cámara Civil y Comercial Federal porteña confirmó que la institución deberá indemnizar al agente por los conceptos de daño psíquico, gastos terapéuticos, tratamiento psicológico y psiquiátrico, entre otros.

Se trata del caso de N.S., de 60 años, un policía que demandó al Estado Nacional, representado en la PFA, por una batería de enfermedades y accidentes que sufrió desde que ingresó a la fuerza a sus 21 años, en 1986, hasta que las autoridades decidieron pasarlo a situación de retiro.

El proceso judicial, tramitado ante el Juzgado Civil y Comercial Federal N°4 de la Ciudad de Buenos Aires, recabó pericias, análisis clínicos, legajos, entrevistas, testimonios, entre otras diligencias practicadas dentro de unas actuaciones que tuvieron su primera resolución casi 10 años después, el 8 de noviembre de 2023.

En ese fallo, dictado por el juez José Luis Cassinerio, se dejó asentado que N.S., durante el ejercicio de su actividad policial, había tenido los siguientes perjuicios ocurridos “en servicio”: lesiones por disparos de arma de fuego en 1995; hipertensión arterial con cuadro de descompensación en 1997; intoxicación y principio de asfixia y ceguera transitoria por gases lacrimógenos lanzados por la guardia de infantería mientras estuvo afectado al protocolo de seguridad del partido de fútbol entre Boca Juniors y Racing en 1999; conjuntivitis química por un líquido que le tiraron en la cara cuando sirvió como policía adicional en otro partido dentro del estadio de Boca, en 2001; contusiones por un enfrentamiento con delincuentes en el mismo año; quemaduras con ácido lanzado por ladrones que circulaban en moto e intentaron evitar el control vehicular al que N.S. estaba afectado.

También se corroboró que, respecto a su salud mental, el sargento primero había padecido distintos trastornos de angustia y crisis nerviosas desde 2009, que lo llevaron a someterse a un estudio de la Junta Permanente de Reconocimientos Médicos de la PFA, donde fue diagnosticado con “trastorno paranoide de personalidad con episodios psicóticos breves”.

El 3 de mayo de 2012, la institución policial tomó la decisión de otorgarle el retiro a N.S., a pesar de su intención de continuar activo dentro del escalafón.

En 2014, como se dijo, se presentó la demanda del agente ante los tribunales civiles. En 2023, el juez Cassinerio resolvió a su favor parcialmente, ya que condenó a la policía a pagarle una suma de $ 1.427.000 -más intereses- por daños físico, moral, psíquico y gastos en terapia, pero declaró prescriptos todos los hechos anteriores al 2004, en virtud del plazo prescriptivo de 10 años que establecía el Código Civil de Vélez Sársfield, aplicado en este proceso.

Esa sentencia fue apelada por la PFA por considerar que “ninguno de los hechos dañosos podía imputársele a título de dolo o culpa debido a que eran enteramente ajenos a su actividad regular” y que el demandante, al ingresar a la institución, se había sometido voluntariamente “al régimen legal específico de la fuerza de seguridad que integra”, lo que impedía aplicar el derecho civil para estos casos.

En esos términos, el expediente quedó en manos de la Sala III del tribunal civil de Alzada porteño, integrada por los jueces Eduardo Gottardi, Fernando Uriarte y Guillermo Antelo, quienes se expidieron por unanimidad en un fallo al que tuvo acceso Infobae.

“Es evidente que los argumentos expuestos no contribuyen a la defensa de la PFA porque, hace poco menos de tres décadas, la Corte Suprema de Justicia de la Nación juzgó que nada obsta a que los miembros de las fuerzas armadas y de seguridad puedan responsabilizar al Estado Nacional con fundamento en el derecho común -civil- por los perjuicios que experimenten durante el servicio“, señalaron los camaristas al resolver.

Luego precisaron: “Es cierto que la posterior restricción de esa doctrina a los ‘accidentes laborales’ condujo a excluir del resarcimiento a los agentes muertos o heridos en cumplimiento de ‘misiones específicas’ –v.gr. la represión del delito- (...); pero también lo es que ella no favorece la posición del Estado Nacional porque los eventos dañosos encuadran en la primera de las categorías mencionadas, lo que se condice con su calificación que se les dio en sede administrativa“.

Y concluyeron: “Con tal comprensión del asunto, la idea del sometimiento voluntario carece de sustento jurídico al igual que la falta de culpa (es sabido que la responsabilidad del empleador es objetiva, sea por la tesis del ‘riesgo’, del ‘provecho’ o de una combinación de ambas)“.

En consecuencia, tras descartar otros agravios de la PFA y de la parte demandante, ligados estos últimos a la prescripción de determinados accidentes laborales, la Cámara decidió confirmar la resolución de primera instancia.