Tras la implementación del sistema acusatorio en la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia, el Consejo de la Magistratura de la Nación anunció que supervisará la implementación del Código Procesal Penal Federal (CPPF) en esa amplia jurisdicción, que incluye las ciudades de Rawson y Esquel en Chubut; Río Gallegos y Caleta Olivia en Santa Cruz; y Ushuaia y Río Grande en Tierra del Fuego. El monitoreo apunta a garantizar el correcto funcionamiento del nuevo paradigma normativo, creado por la Ley 27.063 e implementado desde 2019 de forma progresiva en el país.
En julio pasado, el Ministerio de Justicia había dispuesto a través de la Resolución N°216/2024 la puesta en práctica del CPPF en el distrito de Comodoro Rivadavia para este 2 de diciembre. Con ese propósito, la Corte Suprema de Justicia creó -vía Resolución N°2331/2024- 16 cargos para la Oficina Judicial de esa jurisdicción. A su vez, el Consejo de la Magistratura diseñó un plan integral que abarcó desde mejoras edilicias hasta la incorporación de tecnología y capacitación de los recursos humanos.
En materia de infraestructura, se renovaron 13 salas de audiencia distribuidas en las principales ciudades de la jurisdicción, con ocho espacios preexistentes mejorados y cinco nuevos construidos en edificios judiciales. Estas obras incluyeron la instalación de nuevos sistemas de iluminación, detectores de humo, señalética y pisos, así como la adecuación de oficinas para la gestión de audiencias, informaron fuentes judiciales.
En el ámbito tecnológico, el Consejo de la Magistratura, en colaboración con la cartera de Justicia, adaptó el sistema informático Lex100 para las necesidades del CPPF. Además, se instalaron nuevos equipos en sedes judiciales clave como la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia, el Juzgado Federal de Caleta Olivia y el de Esquel.
Como parte de un programa coordinado para la puesta a punto del nuevo sistema, se desarrollaron diferentes acciones junto con el Ministerio de Justicia de la Nación, el Ministerio de Seguridad, el Ministerio Público Fiscal y la Defensoría General de la Nación.
Desde que en julio pasado se decidió la implementación del sistema acusatorio en la región del sur, la formación de magistrados, funcionarios y empleados pasó a ser un eje central de la transición de un código a otro. La Escuela Judicial, dependiente del organismo que selecciona y acusa a los magistrados, organizó el curso “La dinámica de audiencias y la estructura de la oficina judicial en el sistema acusatorio”, que preparó a todo el personal para operar bajo las nuevas normativas procesales.
Tras la puesta en vigencia del CPPF este lunes, el Consejo anunció en su portal un monitoreo continuo para garantizar la efectividad del sistema acusatorio. Este seguimiento, ya aplicado en otras jurisdicciones como Rosario, Mendoza y General Roca, buscará ajustar aspectos operativos y administrativos de acuerdo a las necesidades de la región.
En rigor, el CPPF apunta a agilizar el desarrollo de los trámites penales, que ahora se regirán por los principios de la oralidad, celeridad e inmediación. La carga de la pesquisa estará en manos del Ministerio Público Fiscal, en tanto que el juez tendrá el rol de garante de los derechos procesales de las partes. A su vez, los plazos de los procedimientos serán más breves en comparación con el modelo anterior y quedará eliminada la figura del expediente, ya que todo deberá realizarse a través de exposiciones orales, con base en un legajo que llevará el fiscal sin obligación de compartir con el magistrado de la causa.
Así las cosas, ayer el ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona, encabezó el evento que dio inicio al nuevo sistema en la jurisdicción de la Cámara Federal comodorense. La actividad tuvo lugar al mediodía en un hotel de la ciudad y contó con la participación de su par de Seguridad, Patricia Bullrich; el procurador interino, Eduardo Casal; y el presidente de la Cámara de Casación, Mariano Borinsky. Asistieron también los gobernadores Ignacio Torres (Chubut), Gustavo Melella (Tierra del Fuego) y Claudio Vidal (Santa Cruz), además del viceministro de Justicia Sebastián Amerio y más de 500 integrantes del Poder Judicial, incluidos jueces, fiscales y miembros del Consejo de la Magistratura, entre otros funcionarios.
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