La Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura de la Nación avanzó hoy en las causas por presunto por mal desempeño de sus funciones contra el juez federal de Rosario Marcelo Bailaque, por el presunto favorecimiento a acusados de narcotráfico en causas que estaban a su cargo, entre otras acusaciones
Fuentes judiciales informaron a Infobae que dos de las cuatro denuncias sean acumuladas en un solo expediente y cada uno tendrá su propio consejero instructor. Pero la Comisión también aprobó que cualquier integrante del Consejo pueda aportar a la investigación que puede terminar con la suspensión en el cargo y el envío a juicio político de Bailaque, titular del juzgado federal 4 de primera instancia de Rosario, una ciudad marcada por el narcotráfico y la violencia en la última década.
Él no solo es investigado en el Consejo, sino que la semana pasada fiscales federales lo imputaron penalmente por presuntas maniobras dilatorias en favor del capo narco Esteban Alvarado y su exesposa Rosa Natalí Capuano.
Con ellos, el magistrado habría tenido una conexión a través del contador Gabriel Mizzau, por presuntas irregularidades en el manejo de una cooperativa de trabajadores portuarios que estaba intervenida para favorecer a un financista amigo. Y, además, haber realizado una serie de medidas cuanto menos desprolijas en un legajo en el que resultó afectado un empresario que fue denunciado de manera anónima por lavado y evasión.
En esa causa, la justicia allanó el despacho de Bailaque y le secuestró su celular -además de computadoras y discos rígidos- sobre el que se ordenaron medidas de prueba.
En la Comisión de Acusación del Consejo tramitan cuatro denuncias contra el juez federal que hoy dos quedaron acumuladas. La primera fue presentada en 2022 por fiscales provinciales porque el magistrado se habría negado a hacer medidas de prueba claves en investigaciones por narcotráfico que terminaron frustrando los expedientes. Puntualmente, no haber investigado a Alvarado.
Las otras tres denuncias son de este año. Una de la diputada provincial por el socialismo, Lionella Cattalini, que señaló que, mientras el contador Mizzau llevaba la contabilidad de las empresas ligadas a Alvarado, también era el contador personal de Bailaque. Y que el juez contrató en 2017 como empleado de su juzgado a Sebastian Mizzau, hijo del contador, hasta abril pasado, cuando pasó a desempeñarse en un tribunal oral federal.
La Cámara Federal de Apelaciones de Rosario también presentó un expediente por el allanamiento al despacho de Bailaque. Y la cuarta causa es por otro expediente penal que inició el fiscal federal de Córdoba, Maximiliano Hairabedián, en el que denunció que Bailaque dejó prescribir una causa por presunta evasión de imputados de la empresa “Nuevo Antepuerto S.A.”.
Concretamente, sostuvo que Bailaque tuvo, durante al menos ocho años y siete meses, la causa sin ningún movimiento. Pero en 2022 se declaró incompetente y la envió a Córdoba, donde ya estaba prescripta y así se declaró y se cerró la investigación.
Pero el fiscal de Córdoba planteó en el Consejo de la Magistratura que el caso le generaba sospechas, ya que se trata de una denuncia que sindicaba a la jueza federal de Rosario, Silvia Aramberry, porque su esposo era despachante de aduana y participaba en la sociedad Nuevo Antepuerto SA, utilizada para operar cereales evadiendo impuestos. Sobre esta denuncia, la Comisión puso en conocimiento a Bailaque para que haga un descargo.
La primera de las causas es la que el Consejo tiene más avanzada. Allí declararon distintos testigos. También Bailaque hizo un primer descargo por escrito de la acusación. Dijo que la denuncia contra el narco Alvarado estaba a cargo de la Fiscalía -criterio que toma en todas las causas por el sistema acusatorio- y que las medidas que no aceptó hacer estaban justificadas para hacer valer las garantías del proceso.
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