La Cámara Federal de Casación Penal dispuso requerir ante “las autoridades que corresponda” el incremento de las medidas de seguridad edilicia en los tribunales de Comodoro Py y se ordenó solicitar al Consejo de la Magistratura de la Nación la provisión e instalación de cámaras de seguridad, como así también de detectores de metales y equipos de scanner de inspección. El pedido llegó luego de que se descubriera que el martes pasado, en la escandalosa audiencia entre Juan Grabois y Leila Gianni, funcionaria del Ministerio de Capital Humano, la custodia de la funcionaria estaba armada con un arma de fuego.
La decisión se tomó en el acuerdo de superintendencia de este miércoles, en aras de optimizar la prestación del servicio de justicia y a fin de garantizar el resguardo de las personas y de los bienes, según informaron voceros judiciales. En la reunión estuvieron presentes el presidente de la Cámara, Mariano H. Borinsky, y sus colegas Daniel Petrone -de manera virtual desde la sede del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Neuquén-, Diego G. Barroetaveña, Angela E. Ledesma, Carlos A. Mahiques y Gustavo M. Hornos.
Según pudo saber Infobae, en la reunión se habló de lo que sucedió el martes pasado en el marco de la audiencia que tuvo lugar en el segundo piso de los tribunales, ante la Cámara Federal porteña, cuando la abogada Leila Gianni, subsecretaria de Legales del Ministerio de Capital Humano, se enfrentó con el dirigente social Juan Grabois, en el marco de la discusión por una medida cautelar que había dictado el juez federal Sebastián Casanello por la exigencia de un cronograma oficial sobre los alimentos almacenados en dos galpones de Villa Martelli, en el Gran Buenos Aires, y Tafi Viejo, en Tucumán.
Aquella escandalosa audiencia terminó con gritos en el pasillo entre los dos protagonistas. Fue entonces que, registrada por los celulares de los periodistas que los rodeaban, se observó que la custodia de la funcionaria tenía un arma en su poder. La policía había ingresado a la audiencia con el arma sin habérselo informado ni a la seguridad de Comodoro Py ni a los jueces que estuvieron a cargo de la audiencia.
La situación recién se conoció horas después, cuando la funcionaria y su custodia estaban en el quinto piso de los tribunales porque Gianni fue a ratificar la denuncia por contratos ñoquis en su ministerio. A diferencia de lo que sucedió en el segundo piso, allí la custodia esperó afuera del despacho en el que la encargada del área de legales del Ministerio ratificaba la denuncia y declaraba lo sucedido en ese expediente.
A principios de abril, Borinsky realizó gestiones con el ministro de Seguridad del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Waldo Wolff, para dotar de mayor seguridad la zona de Retiro, donde tienen sede los tribunales penales federales. A partir de las gestiones realizadas, se implementó un corredor seguro para resguardar tanto la seguridad de las personas como de los bienes de quienes transitan por la zona de Retiro. La delimitación del sendero y el refuerzo de dotación de personal de seguridad se dio en el marco de las políticas de reordenamiento del espacio público, comenzado previamente con el objetivo de recuperar áreas destinadas a los vecinos del barrio y fortalecer la seguridad en la zona.
Fue luego de que trabajadores de Comodoro Py denunciaran haber sido víctimas de robos y arrebatos. El problema de la inseguridad viene golpeando la zona. Una de esas muestras fue el robo de cables que dejaron sin internet a todo el edificio de los tribunales que analizan causas de corrupción y narcotráfico.
En los primeros días de febrero, un grupo de delincuentes rompió fuera del edificio una caja de cables en busca de cobre. El episodio afectó el funcionamiento en los tribunales porque se quedaron sin internet. Dos semanas después pasó lo mismo, pero las consecuencias fueron más leves: ocurrió durante el fin de semana, cuando había menos personal.
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