
El ex ministro de Salud de la Nación Ginés González García reconoció ayer en su declaración indagatoria de la causa por el vacunatorio vip que permitió que se vacunen contra el coronavirus personas que se comunicaron directamente con él. “Sólo autoricé la vacunación de 9 personas que lo solicitaron a través de mi secretaría privada”, dijo el ex funcionario. En ese grupo se encuentran los entonces diputados nacionales Eduardo Valdés y Jorge Taiana, el periodista Horacio Verbitsky y se suma el ex presidente Eduardo Duhalde y su familia.
González García justificó esa decisión. Dijo que cumplían los requisitos para hacerlo y que habían “fracasado en vacunarse en sus respectivas jurisdicciones locales”. Así consta en la declaración que hizo ayer el ex ministro y en el escrito de 119 páginas que presentó como parte de su descargo. La defensa del ex funcionario pidió su sobreseimiento de la causa por inexistencia de delito.
La indagatoria se hizo por videoconferencia y estuvieron presentes la jueza federal María Eugenia Capuchetti, el fiscal federal Eduardo Taiano y el titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) Sergio Rodríguez.
En su descargo, González García planteó que la resolución 2883/20 del Ministerio de Salud de la Nación establecía “la posibilidad de una vacunación simultánea de los adultos mayores”, una “vacunación escalonada de acuerdo a la posibilidad del insumo” y que entre la población priorizada estaban “los adultos mayores de 60 años, personal de salud, personal estratégico y grupos de riesgo”. También resaltó el ex funcionario que la resolución marcaba que “otras poblaciones podrán ser incluidas posteriormente en la estrategia de acuerdo a la evaluación de riesgo y la disponibilidad del recurso”.
La acusación es que en ese momento la vacunación estaba priorizada para el personal de salud. “Yo solo autoricé la inoculación de nueve personas que cumplían con los requisitos de la resolución 2883/20″, declaró el ex ministro. Y también la de Duhalde, quien también se comunicó con el ex ministro. “Autoricé la vacunación del ex mandatario, quien tenía en ese momento 79 años de edad, cumpliendo sobradamente el requisito, además de revestir la condición de ex Presidente de la Nación”, dijo. Junto con Duhalde fueron vacunadas sus hijos, su esposa Hilda Duhalde y su chofer. El ex ministro dijo que la vacunación era para el ex presidente pero como la vacuna tiene cinco dosis y sobraban cuatro las restantes personas fueron vacunadas.
Y allí González García reconoció que autorizó las vacunaciones porque lo llamaron: “Ese ínfimo número de personas comprendidas por mi autorización de vacunación se comunicaron a mi despacho manifestando haber fracasado en vacunarse en sus respectivas jurisdicciones locales, y probando cumplir con el requisito de edad de su vacunación, que estaba habilitado como grupo priorizado”.
Sobre Taiana y Valdés dijo que eran personal estratégico por ser diputados nacionales y mayores de 60 años. Y además que tenían que emprender un viaje a México con el entonces presidente Alberto Fernández. También relató la vacunación a Verbitsky: “Me solicitó dar una solución a sus dificultades de obtención de turno para vacunarse en su jurisdicción, al igual que sucedió con las otras solicitudes que recibí de los otros grupos requirentes que conformaron el pequeño listado”.

González García está acusado de tres hechos de los delitos de abuso de autoridad y peculado de bienes. El retiro de esas 10 dosis del Hospital Posadas, las cinco vacunaciones a la familia Duhalde y la orden de aplicar de forma irregular al menos 35 vacunas.
Como contradicción de la acusación, González García marcó que en otra causa el fiscal Taiano pidió el sobreseimiento del padre del ex ministro de Economía Sergio Massa y el de Fernando Galmarini, padre de Malena Galmarini, que fueron vacunados pocos días antes de las dosis que recibieron Duhalde y Verbitsky, entre otros.
“Entonces cabe preguntarse cuál es la diferencia entre ese hecho y los investigados en este sumario. La respuesta es simple: no existe ninguna diferencia. Los imputados en ese legajo no revestían la condición de personal de salud, categoría que no había sido aun completamente inmunizada”, señaló.
Con esta declaración cerró la ronda de indagatorias y ahora la jueza Capuchetti tiene 10 días hábiles para resolver si dicta o no los procesamientos de los acusados. Previamente habían sido indagados Alejandro Salvador Costa, ex subsecretario de Estrategias Sanitarias del Ministerio de Salud; María Elena Borda, ex jefa de Servicio de Medicina Preventiva del Posadas, Graciela Torales, ex jefa de Coordinación de atención a Pacientes de ese hospital, Alberto Maceira, ex director del Hospital Posadas, y Marcelo Ariel Guille, secretario privado de González García.
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