La fiscal Betina Lacki citó a declarar a varios funcionarios de la Cámara de Diputados bonaerense en el marcado de la causa que investiga cómo se gestionaban los contratos de los supuestos ñoquis que aportaban sus tarjetas de débito para retirar el dinero en los cajeros automáticos. Además, la fiscal citó a “empleados” de ambas cámaras, alguno de los cuales ya habían sido convocados pero no se presentaron
Lacki convocó a declarar a los directores de Personal, Pablo Parente, y de Legal y Técnica de la Cámara de Diputados provincial, Eduardo Resiglione, como también al Tesorero, Marcelo Auziverría, y a los jefes de Servicios Auxiliares, Tomasina Papaleo, y de Registro de Personal, Víctor Vigano.
Resiglione ya había sido citado durante la feria judicial de enero pero no se presentó porque estaba de licencia. Además había cuestionado el pedido de la fiscal argumentando que era “una injerencia sobre asuntos internos” de otro poder del Estado.
La fiscal busca reconstruir cómo son los procedimientos internos para la designación de empleados en la Legislatura bonaerense y cómo son los circuitos para el pago de salarios con tarjetas de débito.
En paralelo, la fiscal citó a empleados de ambas cámaras, quienes deberán presentarse en los tribunales penales de La Plata entre el martes próximo y el miércoles 10 de abril.
Entre los convocados aparece Daniela Salamanca, una empleada del Senado que ya había sido citada pero pidió suspender su declaración porque considera que podría ser imputada. “En esta misma causa, otros empleados de la Legislatura fueron procesados y detenidos en similares condiciones que las de la suscripta. Entonces, no soy testigo, sino una potencial imputada”, sostuvo la defensa de la mujer a fines de febrero.
La fiscal consideró ese planteo “antojadizo y sin fundamento, basado en afirmaciones especulativas”, ya que remarcó que dependerá de lo que declare y recordó que si alguno llegara a autoincriminarse, se procederá a suspender la audiencia, se lo relevará del juramento de decir verdad, podrá designar un abogado y sólo se lo podrá acusar luego en base a otras pruebas, pero no por lo que hubiera declarado.
Salamanca es dueña de una de las 39 tarjetas identificadas en la causa para retirar fondos del Senado bonaerense. Con las cámaras de seguridad, la fiscal le mandó un oficio al banco para conocer el domicilio de cada uno de los titulares y también reclamó datos al Senado. Pero nunca pudo identificar a la pareja que operaba con las tarjetas.
Pero los protagonistas se terminaron presentando solos por impulso de las investigaciones periodísticas. Se trata del dirigente radical Hugo Muguerza y su pareja, María Josefina Ortellado. Hace dos semanas, designaron un abogado ante los rumores de detención. En el caso de Muguerza, también adjuntó un certificado médico.
Las nuevas citaciones también alcanzan al secretario gremial y a un vocal titular de la Asociación de Personal Legislativo (APL), Néstor Lanfranchi y Angel Galati, como también a Diego Andrés Martínez, Jessica Galati, Daniel Hernán Gallo y a la jefa de Servicios Auxiliares de la Legislatura, Tomasina Papaleo.
En el listado de convocados aparecen varios empleados de la Secretaría Administrativa de la Legislatura bonaerense, un área estratégica donde se manejan los contratos de todos los empleados de ese organismo. Esa área está a cargo de Miguel Antonio De Lisi, un funcionario que llegó a ese puesto de la mano de Juan Pablo de Jesús, ex intendente del Partido de la Costa.
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