Falta de mérito y libertad para “El Croata”: el juez profundiza la investigación sobre uno de los principales operadores de cuevas porteñas

Ivo Rojnica, alias “El Croata”, sospechado de regentear la mayor cueva financiera de la City porteña, volvió a quedar en libertad. Es que el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi firmó su falta de mérito, luego de un fallo de la Cámara Federal que la semana pasada había anulado los procesamientos que se le habían dictado en Lomas de Zamora. Aunque el tribunal porteño había dispuesto que permaneciera arrestado (en su casa, ya no en la cárcel), la situación procesal no deja otra salida que excarcelarlo. Siguen sin embargo vigente las medidas que congelaron el manejo de bienes.

Sin la urgencia de los tiempos de una detención, el juez ahora deberá reevaluar toda la prueba: la que tuvo en sus manos su colega de Lomas de Zamora, Federico Villena, cuando lo detuvo y procesó; y la que fue recolectando él en un expediente que se abrió en medio del proceso electoral, con la escalada del dólar blue. Serán clave los análisis de los dispositivos electrónicos secuestrados que el juzgado ya ordenó. Las defensas, en tanto, apuestan a la nulidad de toda la causa.

La figura de “El Croata” saltó a las noticias a inicios de octubre, cuando el Gobierno activó una serie de controles en las cuevas más conocidas del circuito, en el marco de la suba descontrolada del dólar libre. El 11 de octubre, en el marco de una serie de allanamientos en cuevas de la City cuando el dólar libre pasaba la barrera de los mil pesos, el juez Marcelo Martínez De Giorgi también abrió una causa en donde se puso en foco las actividades de “El Croata”, la cara visible de Nimbus Group, señalada por el Gobierno como “la mayor cueva de la City porteña”. También fueron detenidos unos chinos que estaban fajados en miles dólares y que quedaron acusados de encubrimiento.

Pero a fines de octubre, , “El Croata” fue detenido por orden de Villena en el barrio “El Golf”, en Nordelta, en el partido bonaerense de Tigre, mientras que a Pulenta lo atraparon en el barrio cerrado “El Encuentro”, en Benavídez y a Estrada Palomeque en su domicilio de Montevideo al 1800, en Retiro. Fue por orden del juez Villena, que desde hacia cuatro años lo estaba investigando por las mismas operaciones.

La causa intenta esclarecer las actividades financieras que llevaban adelante, que incluyen desde la recepción y entrega de dinero en efectivo, al cambio de divisas y transferencias de dinero hacia y desde el exterior. También llevaban adelante operaciones con criptomonedas, creación de vehículos societarios y aperturas de cuentas en bancos y entidades financieras extranjeras y traslado de dinero dentro del territorio nacional.

La investigación de Villena arrancó con un alerta del FBI de los Estados Unidos por una serie de operaciones sospechosas desde la Argentina hacia una banco de Houston. Es que se detectaron operaciones por 9.999 dólares. Si una operación supera los 10 mil dólares, se pone bajo la lupa. La cuenta estaba a nombre de Federico Pulenta, quien explicó que el dinero se debía a viajes de turismo por unas visitas a bodegas en Mendoza. Sin embargo, el juez estableció que estaba relacionado con un fideicomiso de empresas navieras.

En ese contexto, dicen los investigadores, aparecería el nexo con Emanuel García, condenado por haber convertido, transferido y de haber colocado en el mercado financiero 468.400 dólares provenientes del tráfico de estupefacientes, desde marzo a junio de 2017, según la acusación que hizo el fiscal de Bahía Blanca Gabriel González Da Silva, en el juicio por el caso” Bobinas Blancas”.

A inicios de noviembre, Villena procesó a Rojnica y a Federico Pulenta, por asociación ilícita y lavado de dinero. El magistrado procesó pero sin prisión preventiva a otros cuatro imputados en la pesquisa, Agustín Palomeque, Ignacio Demaria, Juan Pablo Angelillo y Claudio Szalaien. Sostuvo que la banda concretó 4763 transferencias de dinero utilizando diferentes sociedades para ocultar el origen ilícito de los fondos. En la misma resolución, Villena se declaró “incompetente” para seguir con el caso y lo envió a los tribunales federales porteños.

La semana pasada, tras revisar esos procesamientos, la Cámara Federal decidió anularlos. Dijo que hubo “un apresuramiento” al dictar los procesamientos “que impidió conectar debidamente toda la información hasta entonces reunida con la actividad llevada a cabo por cada uno de los imputados y con las exigencias típicas de los ilícitos por los cuales habría de procesárselos”. Para el tribunal, “sin dudas, esa tempestividad es reflejo del modo en que se precipitaron las cosas: no es un dato menor que la investigación venía desarrollándose desde el 2018 con el mismo pulso informativo, y el monitoreo de la actividad de los investigados por parte del juez -a instancias de intervenciones telefónicas que se prolongaron durante todo su transcurso- sólo se vio alterado por la irrupción -no sorpresiva- de la actividad de otro magistrado sosteniendo la misma hipótesis investigativa”.

Pero una semana antes de que la Cámara Federal tomara esa decisión, Martínez De Giorgi, a pedido de la fiscal Paloma Ochoa, había pedido que Rojnica y Pulenta volvieran a la cárcel. Estaban en prisión domiciliaria pero sospechaba que seguían moviendo dinero desde allí. La Cámara Federal ordenó que saliera de prisión pero siguieran presos en su casa: la situación en la que estaban cuando Villena dictó los procesamientos.

Con este escenario, Martínez De Giorgi resolvió descomprimir tiempos: dictó la falta de mérito para profundizar la investigación y, con eso, liberar a los implicados. “Se advierte que adoptar el temperamento enunciado y no otra resolución sobre el fondo del asunto, se presenta en este estadio como la solución acertada, máxime cuando se encuentra pendiente resolver en torno a la validez del devenir de la investigación. Por ello, a fin de sustanciar los planteos postulados por las defensas se dispondrá formar Incidente de Nulidad”, escribió en la resolución firmada ayer a la que accedió Infobae.

Evaluará así la causa de Villena, a la que hasta ahora no había tenido acceso, y las pruebas que él mismo recolectó y sobre las cuales no había avanzado. Aún no escuchó en indagatoria a los sospechosos. “A fin de realizar el examen de valoración pertinente que requiere la Alzada, recuérdese que ya se encuentra ordenada la extracción de la mayoría de los dispositivos electrónicos incautados en el marco de los allanamientos realizados y su posterior análisis, que habrá de ser efectuado por la División Pericias Informáticas y Electrónicas y el Departamento Técnico del Cibercrimen, ambas de la Policía Federal Argentina, medidas éstas que permitirán, arribar a conclusiones más certeras sobre los alcances de las maniobras llevadas a cabo por la organización investigada”, destacó.