“Entendemos que el crimen cometido por el acusado es un caso especialmente atroz”, había dicho hace dos semanas el fiscal Pablo Parenti en el inicio de su alegato. Se refería particularmente a un hecho que trajo al ex oficial de la Armada Adolfo Donda Tigel a rendir cuentas frente al Tribunal Oral Federal N°6 porteño. Ayer, en la continuación de ese extenso alegato de cierre, el representante del Ministerio Público solicitó contra el imputado una pena de 15 años de prisión por participar en la sustracción y posterior ocultamiento de la hija de desaparecidos Victoria Donda, su sobrina, apropiada durante el secuestro de su madre María Hilda Pérez en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) durante la última dictadura militar.
En rigor, el marino está imputado ante el TOF 6 de la Capital Federal como “partícipe necesario” de la sustracción de su sobrina y como “coautor” de su retención y ocultación posterior en la ESMA, donde funcionaba uno de los centros clandestinos de detención durante el gobierno de facto de 1976 y 1983. Donda Tigel se desempeñó allí dentro del Grupo de Tareas 3.3.2, según consignó el Ministerio Público Fiscal (MPF).
Las jornadas de alegatos comenzaron el 22 de noviembre pasado. El fiscal Parenti, titular de la Unidad Especializada para Casos de Apropiación de Niños y Niñas durante el Terrorismo de Estado, estuvo acompañado por el auxiliar Iván Polaco, con quien, durante la jornada de ayer, requirió que los hechos juzgados se califiquen como “crímenes de lesa humanidad”. “[Son] delitos que ofenden a la conciencia universal y trascienden a los individuos por su magnitud y extensión”, dijo.
Para la acusación, al fijar el monto de 15 años de prisión evaluó que los crímenes implicaron “una conducta constitutiva de violencia de género”. En esa línea, precisó: “En la determinación de la pena también debe ponderarse que se trataron de agresiones basadas en género, dirigidas contra una persona indefensa en una situación de especial vulnerabilidad, no sólo por tratarse de una mujer sino de una mujer que requería los máximos cuidados por encontrarse embarazada”.
De acuerdo al acta de elevación a juicio, firmada en noviembre del año pasado, a finales de marzo de 1977 María Hilda Pérez y su marido José María Laureano Donda -hermano del acusado- fueron secuestrados por un grupo de tareas de la Fuerza Aérea. Luego, entre el 10 y el 15 de mayo de ese año, la mujer, que estaba embarazada, fue trasladada desde la Comisaría de Castelar hasta la ESMA, su segundo lugar de cautiverio. En agosto de ese año dio luz a su hija, a quien llamó Victoria.
En ese marco, Pérez fue asistida por el médico Jorge Luis Magnacco -condenado por este mismo hecho en otro debate oral- en la sala de embarazadas de la ESMA, que se ubicaba en el piso más alto del Casino de Oficiales. Luego, por intervención del imputado y otras personas del lugar, la beba fue sustraída e inscripta bajo otros nombres y el apellido de quien fuera su apropiador, el prefecto Juan Antonio Azic, y como hija de éste y de su esposa, Noemí Esther Abrego. Su madre fue trasladada por personal de la Fuerza Aérea quince días después y nunca más se conoció su paradero.
La defensa del imputado desconoció los cargos en su contra, por eso el fiscal Parenti durante su exposición planteó: “es claro que las autoridades de la Armada contaban con que Donda, por lo menos, aceptaba cada una de las decisiones que determinaron el destino de su cuñada y su sobrina, que no iba a hacer nada para impedirlo, que iba a mantener el plan en la clandestinidad para garantizar que se concretara y que iba a ocultar los hechos para siempre, inclusive frente a los reclamos expresos, las expectativas y las necesidades de su propia familia”.
Y agregó: “Donda se mantuvo fiel a este compromiso con la Armada.“(...)Estamos hablando de un oficial que estaba asignado específicamente a la represión ilegal y estaba a cargo de tareas de inteligencia y ya se había dedicado a esa clase de funciones”.
Al finalizar el alegato de Parenti, el tribunal oral estableció un cuarto intermedio hasta el próximo 20 de diciembre, donde será el turno de la defensa para exponer su posición. El debate será transmitido por el canal de Youtube del Poder Judicial de la Nación.
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