La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) intimó al Gobierno Nacional a informar su postura ante la demanda que presentaron los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi contra el Estado argentino por la decisión que revocó sus traslados a la Cámara Federal porteña durante el gobierno de Mauricio Macri.
Se trata de la causa que impulsaron en organismos internacionales los jueces de la Sala I. Una presentación que hicieron en mayo los jueces Bruglia y Bertuzzi, detallada entonces por Infobae, aceleró los movimientos de la CIDH. Allí los jueces aportaron nuevas pruebas para demostrar lo que entiende fue una “embozada maniobra de destitución selectiva de jueces”.
Expusieron como pruebas, incluso, lo dicho por los integrantes en reuniones del Consejo de la Magistratura, quienes “terminaron reconociendo que no hay una solución para aplicar a la situación de los jueces trasladados” y que el fallo de la Corte “resulta de imposible ejecución por la cantidad de problemas que genera”.
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Así subrayaron que los únicos concursos que se abrieron fue el de ellos y el del juez Germán Castelli, del Tribunal Oral Federal 7, que tiene en sus manos la causa Cuadernos. “¿Es una simple casualidad o una obsesión de la política?”, le dijeron a la CIDH. “¿El motivo? Tal vez una mezcla de venganza y deseos políticos de ocupar nuestros cargos. Quién sabe”. Precisamente, hay 181 inscriptos para ocupar un cargo en el tribunal oral que debe juzgar a Cristina Kirchner, según reveló hoy Infobae.
Aunque recién trascendió ahora, la notificación de la CIDH fue cursada a fines de julio. Fue dirigida a Santiago Cafiero Ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. “Tengo el honor de dirigirme a usted en nombre de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con el objeto de transmitir, conforme al artículo 30(2) de su Reglamento, copia de las partes pertinentes de la petición arriba mencionada, la cual fue recibida en esta Secretaría Ejecutiva el 07 de enero de 2021″, señala la nota a la que accedió Infobae.
“Solicito respetuosamente al Gobierno de Su Excelencia tenga a bien presentar una respuesta a la petición dentro del plazo de tres meses, prorrogable si fuese necesario hasta un máximo de cuatro meses, conforme al artículo 30(3) del Reglamento de la CIDH”, sostuvo. No habrá modo de extender más ese plazo. Según se aclaró, “la presente solicitud de información no constituye prejuzgamiento con relación a la decisión que la CIDH eventualmente adopte sobre la admisibilidad de la petición”.
Bruglia y Bertuzzi quedaron en el ojo de la tormenta cuando en julio del 2020 el representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura Gustavo Ustarroz pidió la revisión de una decena de traslados que consideraba irregulares. Allí figuraban los nombres de los dos jueces que habían integrado el Tribunal Oral Federal 4 y que, en la gestión macrista, habían sido trasladados por el entonces Consejo de la Magistratura a la Sala 1 de la Cámara Federal, un tribunal clave a la hora de decidir el futuro de las causas que se investigan en Comodoro Py.
Bruglia y Bertuzzi acudieron en una presentación conjunta a los tribunales. En momentos de impulsos de reformas judiciales y de la puesta en marcha de la llamada “comisión Beraldi” y movilizaciones de la oposición contra esas decisiones, el caso escaló ante la Corte Suprema de Justicia, que tomó el caso, vía per saltum, y decidió terminar con el sistema de traslados.
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El fallo sostuvo que Bruglia y Bertuzzi estaban en la Cámara Federal transitoriamente, pero también el resto de los jueces trasladados desde que en el 2000 el Consejo de la Magistratura puso en marcha ese sistema. Según la Corte, todos los trasladados debían ganar un concurso y conseguir el acuerdo del Senado si querían ser titulares de un tribunal.
Mientras tanto, Bruglia y Bertuzzi debían permanecer en la Cámara Federal hasta que avanzara el concurso por sus vacantes. A contramarcha de los reclamos del oficialismo, el concurso hasta ahora no ha avanzado.
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