
181 personas se inscribieron para intentar llegar a uno de los asientos de la justicia federal más calientes. Es para uno de los cargos en el Tribunal Oral Federal 7 de Comodoro Py que tiene a su cargo el juicio oral contra Cristina Kirchner por el caso de los cuadernos de la corrupción. Esa es la cantidad de postulantes que se anotaron en el concurso público para ocupar el lugar que hoy tiene allí el juez Germán Castelli.
Castelli fue uno de los magistrados trasladados durante el gobierno de Mauricio Macri y el concurso se abrió luego de un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El magistrado tenía la posibilidad de anotarse para participar, pero no lo hizo para no convalidar lo que entiende que es un proceso ilegal y que tiene judicializado.
El concurso es el 479 y el viernes pasado finalizó el plazo para la inscripción. Se anotaron 181 personas. El próximo paso es que esos postulantes ratifiquen que se van a presentar a hacer el examen escrito. “En esa etapa la cantidad siempre baja”, confiaron a Infobae en el Consejo de la Magistratura de la Nación, que es el órgano que realiza el concurso.
El examen será el 4 de octubre a las 8:30 en un lugar a definir. El jurado que corregirá los exámenes ya fue sorteado. El proceso de selección tiene otras etapas como el análisis de los antecedentes de los postulantes y una entrevista personal. Con todo eso, el Consejo elabora un orden de mérito con los mejores y aprueba una terna que envía al Poder Ejecutivo. Allí se elige a uno de los candidatos y envíe su nombre al Senado para su aprobación.
Entre quienes se inscribieron hoy dos jueces de primera instancia. Uno es Gonzalo Rúa, magistrado del fuero penal de la ciudad de Buenos Aires y que ya participó en otros concursos para Comodoro Py. Por ejemplo, está primero en una de las ternas para los juzgados de primera instancia 6 y 11 y en la lista complementaria para la Cámara Federal. La segunda es la jueza de Ejecución Penal Jimena Mosalve que conoce Comodoro Py porque fue secretaria de la Cámara Federal de Casación Penal.
Los que más se destacan entre los que se anotaron son secretarios judiciales, muchos de ellos de Comodoro Py. Está Tomas Cisneros, secretario del Tribunal Oral Federal 2 que fue quien llevó el juicio oral por la obra pública contra Cristina Kirchner en el que el año pasado fue condenada. También dos secretarios de la Cámara Federal, Nicolás Pacilio y Mariano Cartolano, y Adolfo Piendibene, del juzgado federal 1, entre otros.
También están quienes ya pujan en otro concurso para llevar a un tribunal oral de Comodoro Py. Se trata del concurso 389 para cubrir seis vacantes. Ya está terminado y en condiciones de aprobarse desde febrero del año pasado pero no se avanza por las diferencias políticas entre oficialismo y oposición y la falta de votos propio de cada bloque aprobarlos. A eso se suma el 2023 como año electoral y el panorama incierto que abrió el triunfo de Javier Milei en las elecciones PASO. El mismo escenario se traslada a los concursos por las vacantes en la Cámara Federal y en los juzgados de primera instancia.
En el concurso 389 están dentro de las ternas y de las listas complementarias Pacilio, Cartolano y Cisneros. También otros postulantes que se inscribieron para el tribunal 7 como Ignacio Labadens, Luis Arnaudo, Nicolás Ceballos, Gabriel Rey, Raúl Roust, Carlos Cuesta, Nicolás Schiavo y Albertina Caron.

Quien gané el concurso -pueden llegar a demorar años- integrará el Tribunal 7 en el lugar de Castelli. Los otros dos titulares son Enrique Méndez Signori y Fernando Canero. Se trata de un tribunal hoy clave porque tiene el caso de los cuadernos. Es el expediente que se inició con las anotaciones del chofer del Ministerio de Planificación Federal Oscar Centeno que registraba como funcionarios de esa área le cobraban coimas a empresarios. El caso tiene 30 arrepentidos que dieron detalles de cómo era esa operatoria.
El expediente tiene más de 100 imputados elevados a juicio, entre Cristina Kirchner, ex funcionarios de su gobierno y los principales empresarios del país. Hace pocas semanas tuvo una novedad trascendental: en otra causa se determinó que una parte de los cuadernos fueron adulterados con reescrituras. Las hizo Jorge Bacigalupo, amigo de Centeno y quien entregó los cuadernos, para perjudicar -todavía no se sabe por qué- al empresario Armando Loson.
El concurso para cubrir la vacante de Castelli está judicializado. El propio magistrado inició una causa penal por presunta falsedad ideológica en la confirmación de los jurados sorteados para el concurso. También pidió lo que entiende debe ser una correcta ejecución del fallo que dictó la Corte Suprema.
Castelli era juez del Tribunal Oral Federal 3 de San Martín y durante el gobierno de Macri fue trasladado al 7 de Comodoro Py. Con la llegaba de Alberto Fernández, el oficialismo planteó en el Consejo de la Magistratura la nulidad de todos los traslados por entender que no cumplían con los requisitos de un concurso. Castelli y Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, que fueron trasladados a la Cámara Federal de Comodoro Py, iniciaron amparos.
La Corte Suprema primero en los casos de Bruglia y Bertuzzi y luego en el de Castelli rechazó los amparos y dijo que los traslados no eran permanentes sino que el juez cumplía esa función hasta que el cargo se cubra mediante el proceso que establece la Constitución Nacional que es con el concurso público, que avanzó con la inscripción de los postulantes.
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