El ex senador de la provincia de Buenos Aires Antonio Armando Nieto fue condenado a cuatro años de prisión efectiva por defraudación a la administración pública en la provincia de Buenos Aires.
El fallo de la Justicia de La Plata, inédito para este tipo de delito comprobado en la Legislatura provincial, también derivó en una inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
La causa por lo que se lo imputó a Nieto fue utilizar nombres de 39 empleados “ñoquis” a quienes, como puerta de entrada al fraude, se les otorgó la tarjeta de la obra social del Instituto Obra Médico Asistencial (IOMA) y cuya metodología de captación era el engaño.
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La Justicia logró acreditar, luego de una extensa investigación, que no solo el ex senador estuvo involucrado. También resultó implicado un secretario administrativo (Alfredo Fabián Digiano) del bloque Unión Pro quien reunía los nombres de los postulantes y asesoraba en los trámites de documentación para el ingreso a las oficinas del Senado: así se repitió en 39 ocasiones.
Según el fallo, firmado por la jueza Claudia Greco, del juzgado Correccional 4, una vez que los damnificados obtenían el alta en la planta legislativa se les retenían las tarjetas de débito, emitidas por el Banco Provincia, que eran enviadas al Senado. Y de esta forma los imputados percibían los salarios de los nuevos “empleados”.
Al descubrirse el fraude, el ex senador de 69 años, fue investigado por pedido del Ministerio Público Fiscal y así se pudo desentrañar a la red de “ñoquis”: empleados parlamentarios que cobraban sin ir a sus lugares de trabajo y tampoco cumplir funciones las laborales respectivas. Con la diferencia que otros implicados captaban algunas de sus remuneraciones mensuales.
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Según la causa “los sujetos engañados eran personas de bajos recursos económicos, sin formación académica, con trabajos informales, tratándose de los grupos más vulnerables de la sociedad”. Hacían “changas” y cuando iban a buscar trabajo, o querían acceder a beneficios del Estado, desde las oficinas municipales se les informaba que figuraban con un trabajo en blanco: eran “empleados” legislativos.
Uno de los beneficiarios declaró que, al enterarse de esta situación, pidió las explicaciones respectivas y, según consignó la investigación, fue llamado desde el bloque político para ofrecerle dinero a cambio de “no abrir la boca”, otro agravante en la causa llevada adelante por la fiscalía a cargo de Victoria Huergo.
El aceitado mecanismo fue pergeñado por Nieto, quien ejerció en la Legislatura a partir de 2007 -por la tercera sección electoral del municipio de La Matanza- electo por Unión Pro, la alianza conformada entre Francisco de Narváez y Mauricio Macri. Luego formó parte del bloque Unión Celeste y Blanco, el partido del ex diputado y empresario, en la actualidad sin representación política en dicho cuerpo parlamentario.
Las condenas y los implicados
El fallo condenatorio resolvió que Antonio Ramón Nieto cumplirá cuatro años de prisión como así también será inhabilitado, de manera perpetua, para ejercer cargos públicos
En la causa también fue condenado su hijo, Leonardo Damián Nieto (45) , quien vive en Puerto Iguazú (Misiones) a tres años y seis meses de prisión y, al igual que su padre, este hombre oriundo de Tristán Suárez jamás podrá volver a ejercer cargos públicos.
Por último, el secretario administrativo del bloque, Alfredo Fabián Digiano, nacido y radicado en La Plata, fue sentenciado a dos años de prisión condicional y también fue inhabilitado para ejercer la función pública
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En el marco de la investigación, también se descubrió que el exlegislador contrató a Lorenza Santa Cruz una peluquera a la que se le encomendó armar los legajos de los supuestos contratados en la oficina del anexo de la Cámara. Pero la Justicia comprobó que ella fue engañada por Nieto y no tuvo participación directa en las operaciones ilícitas. En algunos casos, incluso retenía las tarjetas de débito expedidas a nombre de los supuestos contratados.
Por ende, ante la falta de elementos para ser acusada, la Justicia penal de La Plata dictó su absolución como co-autora del delito de fraude en perjuicio de la administración pública.
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