Mario Villar, fiscal titular de la Cámara Federal de Casación Penal, mantuvo la acusación por asociación ilícita contra la vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, en la condena por las obras públicas viales en Santa Cruz. Si bien lo mismo había hecho la semana pasada el también fiscal de Casación Raúl Pleé, Villar ratificó esa postura en un nuevo escrito al regresar de su licencia.
“Habiéndome reincorporado de mi licencia y en mi carácter de fiscal titular en esta causa, vengo a mantener el recurso de casación interpuesto por los representantes del Ministerio Público Fiscal contra la sentencia dictada por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal n° 2 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, dijo Villar en su presentación a la que accedió Infobae.
Y agregó: “Conforme lo anteriormente expresado y, a los fines de evitar un dispendio jurisdiccional innecesario, declárese abstracto el pedido de recusación formulado contra el Fiscal General Dr. Raúl Omar Pleé”. El tema central es que Pleé había sido recusado por la defensa de Cristina Kirchner. La expectativa está en si con la presentación de Villar lo de Pleé queda sin efecto y por lo tanto no tiene que ser tratado.
Todo se da en la llegada de la causa la Cámara Federal de Casación Penal. El Tribunal Oral Federal 2 condenó en diciembre pasado a Cristina Kirchner, al empresario Lázaro Báez, al ex secretario de Obras Públicas José López, al ex titular de la Dirección Nacional de Vialidad Nelson Periotti y cinco ex funcionarios de Santa Cruz a penas de entre seis y tres años de prisión. Y fueron absueltos el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, los ex funcionarios de esa cartera Abel Fatala y Carlos Kirchner -primo del ex presidente Néstor Kirchner- y el ex funcionario de Santa Cruz Héctor Garro.
Los condenados apelaron sus penas y el fiscal Diego Luciani las absoluciones y el rechazo de condenar a Cristina Kirchner por asociación ilícita, lo que fue resuelto por mayoría del Tribunal Oral. Todas las apelaciones fueron aceptadas y llegaron a Casación.
En Casación la causa ya tuvo alto voltaje. Por un lado, el juez Javier Carbajo se apartó del expediente. El magistrado en febrero pasado confirmó la condena a Báez en la causa por lavado de dinero -se redujo la pena de 12 a 10 años- y en su resolución sostuvo que uno de los delitos precedentes del lavado fue la obra pública que recibió durante el kirchnerismo para su empresa Austral Construcciones. Dijo que si bien no había condena -cuando Báez recibió la pena el juicio por la obra pública estaba en pleno trámite- los procesamientos dictados alcanzaban, ya que así la ley lo permite, para afirmar que los fondos de las obras fueron lavados. Ese fallo también lo firmó Borinsky pero no opinó sobre la obra pública.
“Advierto que existen elementos de prueba que valoré al momento de legitimar la sentencia dictada en la causa 3017/2013 (Nda: el expediente de lavado de dinero) en cuanto a la acreditación del delito precedente, en particular, en la dinámica de la asignación de obra pública y, más concretamente, respecto de la intervención de Lázaro Báez y de Austral Construcciones en aquella operatoria ilegal”, dijo Carbajo.
Por otra parte, la defensa de Cristina Kirchner y también la de Periotti recusaron a los otros dos jueces de la Sala IV, Mariano Borinsky y Gustavo Hornos. Las defensas señalaron que los magistrados ya intervinieron en la causa y porque “visitaban en forma periódica la Casa Rosada y la Quinta de Olivos durante la presidencia de Mauricio Macri, con quien según se dijo practicaban actividades sociales”.
Los plazos de presentaciones vencen mañana a las 9:30 horas. Luego los jueces Hornos y Borinsky deberán resolver todos los planteos de las partes. La expectativa es que sea esta misma semana.
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