Golpe a la mafia: cuando el fiscal Rudolph Giuliani llevó a juicio a los 5 capos de la “Cosa Nostra” de Nueva York

La preparación del caso, a cargo de un equipo especial del FBI, llevó años, pero el mayor golpe de la historia contra la mafia neoyorquina se dio en un solo día. Fue hace 40 años, el lunes 25 de febrero de 1985, cuando en una sala rigurosamente vigilada del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York se inició el “Juicio contra la Comisión de la Mafia”, con los jefes de las cinco familias que manejaban la “Cosa Nostra” en la ciudad y cuatro de sus laderos sentados en el banquillo de los acusados, imputados por el fiscal Rudolph Giuliani por extorsión, chantaje laboral y asesinato en virtud de una norma que hasta entonces no se había aplicado, la Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por el Chantaje, más conocido como la Ley RICO.

“Tuvimos la ley RICO durante casi diez años antes de que supiéramos qué hacer con ella”, dijo el director del FBI, William Webster, el mismo día del inicio del juicio al entrar al tribunal. Era un espectáculo que no se quería perder. “Es un gran día para las fuerzas del orden y probablemente el peor día para la mafia… Nuestro enfoque es acabar con las cinco familias”, pontificó el fiscal Giuliani, a quien se vio exultante durante la conferencia de prensa que brindó esa mañana.

La ley RICO exigía que el gobierno demostrara la participación de un acusado en las operaciones de una empresa criminal a través de “un patrón de actividad de crimen organizado”. Ese patrón era la comisión de por lo menos dos actos de crimen organizado en un período de diez años. Un acto de crimen organizado, según la norma, abarcaba una variedad de delitos graves, federales y estatales. La consecuencia – y eso era lo más importante – era que un acusado podía enfrentar cargos relacionados con varios delitos cometidos en diferentes momentos y lugares.

Para preparar las acusaciones, la justicia venía vigilando a la mafia desde 1980 como parte de la “Operación GENUS”, que requirió la colaboración de diferentes agencias federales, estatales y locales, incluidos agentes del FBI, detectives de la policía de la ciudad de Nueva York, fiscales federales adjuntos y abogados e investigadores de la Fuerza de Tareas contra el Crimen Organizado del Estado de Nueva York. “El Caso de casos”, lo llamó la revista Time y lo definió como “el asalto más importante a la infraestructura del crimen organizado desde que el alto mando de la Mafia de Chicago fue barrido en 1943″.

Los nombres de los cinco acusados principales producían escalofríos: Carmine Pérsico, Philip Rastelli, Paul Castellano, Tony Corallo y Tony Salerno, los capos que venían controlando la ciudad de los rascacielos desde la década de los ‘60.

Carmine Pérsico era el jefe de la familia Colombo y se lo con

ocía como “Serpiente” o “Junior”. Nacido el 8 de agosto de 1933, en Brooklyn, había iniciado su carrera criminal cuando era apenas un adolescente. A los 16 años ya era conocido por la policía por ser el líder de la pandilla de los Garfield Boys, en la que jóvenes armados con cuchillos y pistolas de elaboración casera extorsionaban a los jóvenes del barrio. Fue reclutado por Joe Profaci, antiguo líder de los Colombo, y su nombre se destacó cuando participó en el asesinato de Albert Anastasia, otro capo de la mafia. Gracias a ese crimen, se convirtió en el hombre de confianza de la familia mafiosa hasta que subió hasta la cúspide de la organización.

Philip Rastelli, nacido en Queens en 1918, comandaba la familia Bonnano, a la que se unió cuando ya tenía larga experiencia en maniobras extorsivas y tráfico de drogas. Estaba a cargo de la familia desde principios de los ‘70, luego de que el jefe Joseph Bonnano se jubilara. La familia nombró entonces una comisión para administrar los negocios del clan, entre cuyos miembros estaba Rastelli. En 1975 fue preso por extorsión con una condena de tres sentencias concurrentes de 10 años. Desde la prisión ordenó el asesinato de uno de los inte

grantes de la comisión, pues el resto consideraba que era malo para los negocios, y con la muerte de su compañero del clan, Rastelli se convirtió en el jefe indiscutible de la familia Bonnano, a la que comenzó a dirigir desde la cárcel.

Paul Castellano era la cabeza de la familia Gambino, la más grande y poderosa de las cinco, con más de 250 miembros, unidos bajo la ley del silencio y otros mil asociados de menor rango. Carnicero de profesión, una actividad que utilizaba como fachado, había llegado a la cúspide del clan al reemplazar a su primo y cuñado Carlo Gambino. Los tentáculos de su organización criminal atravesaban las fronteras de Nueva York y se prolongaban hasta Nueva Jersey, Florida, Pennsylvania y Las Vegas.

Anthony “Tony” Corallo comandaba la familia Lucchese desde 1973. Uno de sus primeros movimientos como jefe fue hacerse cargo de la distribución de piedra en varias áreas de Nueva York y con eso manejar con maniobras extorsivas la industria de la construcción. Se lo conocía como “Tony Ducks” por su habilidad para evitar condenas.

El último de los capos, Tony Salerno, dirigía con mano de hierro a la familia Genovese desde 1980. Conocido como “Fat Tony” se había hecho desde abajo para llegar a la cúspide de la organización después de pasar por todos los niveles. Cuando fue detenido, la red criminal de su familia se extendía de norte a sur de los Estados Unidos.

Los otros acusados eran Aniello Dellacroce, subjefe del clan Gambino; Gennaro “Gerry Lang” Langella, subjefe de la familia Colombo; Salvatore Santoro, subjefe de la familia Lucchese; Christopher Furnari, consigliere de la familia Lucchese; y Ralph “Little Ralphie” Scopo, soldado de la familia Colombo. Ya avanzado el juicio, se sumaron otros tres acusados: Carmine “Junior” Persico, jefe de la familia del crimen Colombo; Stefano Canone, consigliere de la familia Bonanno; y Anthony “Bruno” Indelicato, también de los Bonanno.

La acusación inicial era por 15 cargos criminales, que se probarían fundamentalmente con escuchas realizadas por orden judicial y mediante micrófonos ocultos en los autos, las viviendas y los lugares de reunión de los capos mafiosos. La Corte había aprobado el uso de 171 escuchas, logradas con el trabajo de más de doscientos agentes federales. Para evitar que huyeran, algunos de los acusados habían sido detenidos antes del inicio del juicio, entre ellos Castellano y Salerno, que pagaron fianzas de dos millones de dólares para esperar el juicio en libertad.

El nombre oficial de la causa era “Los Estados Unidos contra Anthony Salerno y otros”. En su libro de 1994 “Busting the Mob: United States vs. La Cosa Nostra”, James B. Jacobs resume así los argumentos de la fiscalía: “Los Estados Unidos contra Salerno tenía como objetivo derribar a todos los líderes de la Cosa Nostra de la ciudad de Nueva York de un solo golpe. La fiscalía acusaba a los jefes de las familias criminales de la Cosa Nostra de la ciudad de Nueva York y a varios de sus subordinados de constituir y operar una ‘comisión’ que servía como junta directiva y tribunal supremo para la mafia. En realidad, el caso giraba alrededor de probar que ser un jefe de la Cosa Nostra era un delito que merecía la cadena perpetua”.

Las acusaciones se centraron en el papel de la mafia en el control de la industria del hormigón y de aquellos que recibían los contratos. Este grupo de empresas asociadas a la mafia se conocía como el “Club del Hormigón”. Más tarde se agregaron nuevas acusaciones, hasta llegar a un total de 25 cargos, que incluían extorsión, extorsión laboral, tráfico de drogas, apuestas ilegales y asesinato.

En este último aspecto, la fiscalía se centró en tres asesinatos: el del jefe de la familia Bonanno, Carmine Galante, en 1979, a cargo del subjefe de Gambino, Aniello “Niel” Dellacroce, Philip “Rusty” Rastelli y Anthony “Bruno” Indelicato. La muerte de Leonard Coppola, un traficante de drogas asesinado junto con Galante, por la que fueron impotados Dellacroce y Rastelli. Y el crimen del capo de los Bonanno Alphonse “Sonny Red” Indelicato en 1981, en el que quedaron imputados Castellano, Corallo y Rastelli.

Dos de los acusados murieron durante el proceso judicial. Dellacroce murió después de una batalla contra el cáncer el 2 de diciembre de 1985 y Castellano fue asesinado a tiros en Manhattan el 16 de diciembre del mismo año. Para entonces corría la versión de que los jefes procesados había mandado a contratar sicarios en Chicago, porque no confiaban en los propios para eliminar a testigos molestos y colaboradores con el FBI.

El juicio se prolongó durante un año y nueve meses hasta el 19 de noviembre de 1986, cuando el jurado dio a conocer sus veredictos de culpabilidad contra ocho de los acusados. Salerno, Corallo, Santoro, Furnari, Pérsico, Langella y Scoppo recibieron condenas de cien años de prisión y multas que oscilaban entre los 200.000 y los 250.000 dólares. Indelicato fue penado con 40 años de cárcel y una multa de 50.000 dólares.

Durante los años siguientes, los abogados de los jefes mafiosos presentaron varias apelaciones, sin lograr la liberación de sus defendidos. Seis de ellos murieron sin volver a la calle, mientras que Indelicato salió en libertad condicional en 1998 y Furnari la consiguió recién en 2014.

El “Caso de casos” y sus condenas fueron –como pretendía la acusación federal– fue el primer paso para socavar el poder de la mafia en Nueva York y también abrió las puertas, al aplicar de manera modélica la Ley RICO, a nuevos juicios en otros estados del país. El proceso contra los capos de las Cinco Familias también fue un espaldarazo para la carrera del fiscal Rudolph Giuliani, que en 1994 fue elegido alcalde de Nueva York, un cargo que ejerció con mano de hierro en materia de seguridad hasta 2001.