A un año del derrumbe en Caballito que nadie repara: dos muertos y 13 familias que no pueden volver a sus casas

Las dos veces que pudo volver a su casa, Emma, que tiene doce años, no se ocupó de llevarse nada de todo lo suyo que había quedado ahí. Usó el poco tiempo que los bomberos la autorizaban a estar ahí para sentarse en su habitación y jugar con sus juguetes. Para estar en su casa como siempre había estado, desde que había nacido. Sin la inminencia de tener que salir a la calle para no poder volver sin un operativo especial dispuesto para hacer que ese ingreso fuera lo más seguro posible y para asegurar un rescate rápido en caso de que fuera necesario. Jugó en su habitación con sus juguetes como jugaba antes del derrumbe.

El derrumbe fue el 8 de febrero de 2024, hace exactamente un año, en Pedro Goyena al 500, justo antes de que Caballito se convierta en Parque Chacabuco. Ese mediodía, la planta baja y, sobre todo, el primer piso de un PH colapsaron y hubo dos muertos: Nelly, de 78 años, y Ramón, su hermano, de 80. Vivían juntos en el departamento de la primera planta. El departamento que, unas horas antes del derrumbe mortal, se había agrietado como si un rayo lo partiera a la mitad. Ramón había mandado un último audio al grupo de WhatsApp de los vecinos dos horas antes de morir: avisaba que había intentado contactar a la constructora responsable de la obra lindera para ponerlos en conocimiento sobre la grieta pero que no había tenido éxito.

“La primera denuncia la hice en noviembre de 2022, cuando apareció la primera grieta en mi casa y más de un año antes del derrumbe en el que murieron Nelly y Ramón y por el que todavía no pudimos volver a nuestras viviendas”, le dice Ingrid a Infobae. No pudo volver ni su familia ni las otras doce que vivían en el PH lindante con la obra en construcción a cargo de MAB S.R.L., cuyos responsables están imputados por estrago seguido de muerte. Al momento del colapso, la empresa había demolido la casa antigua que había en el terreno, en la que funcionaba una clínica privada, y había excavado para empezar a construir. Según denunciaron los vecinos del PH, la excavación había sido más profunda de lo que tenían permitido.

“En junio del año pasado tuvimos una mediación en la que vimos por última vez a Ezequiel Cueto, uno de los dueños de la constructora. Ahí finalmente se comprometió a pagar el alquiler de donde viviéramos hasta que podamos volver a nuestras casas, y hablaba como si nos estuviera haciendo un favor”, describe Elisa, otra propietaria del PH. El Gobierno de la Ciudad, que había recibido las casi treinta denuncias antes del derrumbe fatal y que habilitó la obra, no les responde desde octubre. Ese silencio equivale a la absoluta incertidumbre sobre cuándo podrán volver a sus casas.

“Mi hija y yo estábamos de vacaciones cuando se produjo el derrumbe. Me enteré por WhatsApp de lo que estaba pasando, no lo podía creer. Colapsó el departamento de Nelly y Ramón, el pasillo, la medianera. De repente, lo que era el pasillo ahora era un pozo de ocho metros de profundidad. A mis vecinos los sacaron los bomberos lo más rápido posible, por los techos linderos. Teníamos esperanza de que Nelly y Ramón no estuvieran exactamente en el lugar de su casa que se partió en dos, pero lamentablemente murieron”, describe Elisa, que hace catorce años compró la casa del fondo de ese PH hoy inhabitable.

“Es traumático estar de un momento a otro afuera de tu casa, sin tus cosas, sin tu centro de vida. Yo busqué un alquiler en el mismo barrio porque ahí está el colegio de mi Emma, mi hija, sus amigos, sus actividades. Llevó mucho tiempo y mucho esfuerzo económico tener la casa como la teníamos, y de repente, todo eso ya no está accesible”, describe Elisa. Se mudó dos veces: el primer departamento temporal era demasiado chico para ser, además, su oficina. “Yo en mi casa tenía mi espacio de trabajo, necesito lo mismo ahora, por eso tuvimos que mudarnos dos veces”, cuenta.

La unidad en la que vivían Elisa y Emma no sufrió ningún daño, según determinaron las inspecciones posteriores y las visitas que ellas mismas pudieron hacer. “Pero como colapsó el pasillo y la medianera, y nadie lo arregla, no hay forma de que podamos volver definitivamente a nuestras casas”, explica Elisa, que es licenciada en Artes. “Instalaron un encofrado para apuntalar, y una pasarela para que podamos acceder las veces que nos habilitaron los bomberos, pero no es una solución definitiva. Lo que necesitamos es que la empresa reconstruya lo que se destruyó para que podamos vivir en nuestras casas, como corresponde”, suma.

Además de la causa por estrago seguido de muerte, algunos vecinos del PH ya iniciaron demandas civiles contra MAB S.R.L., y otros tienen previsto hacerlo en los próximos meses. Según confirman algunos propietarios, los responsables de esa empresa siguieron obteniendo habilitaciones para construir, por parte del Gobierno porteño, aunque bajo otra razón social llamada Equipo 6C.

“Cada mes es un calvario lograr que otorguen el dinero para pagar nuestros alquileres, el abogado tiene que llamar muchísimas veces, no responden, y nosotros estamos bajo la incertidumbre de si vamos a tener el techo temporario garantizado o no mientras nadie hace nada para que podamos volver a nuestras casas”, define Ingrid. Antes del derrumbe fatal, en su casa ya había grietas, vidrios rotos y hasta el piso separado de la pared: “Fui denunciando todo ante el Gobierno de la Ciudad. Pagué un ingeniero para que hiciera un informe sobre el daño que estaban haciendo y lo presenté. Venía un inspector, labraba un acta, se iba, y todo seguía como si nada”, dice.

El mediodía del 8 de febrero de 2024, a la hora del del derrumbe, Ingrid almorzaba con sus dos hijos, Franco, de 23 años, y Juan, de 9. “Fue un estruendo tremendo y, de repente, el operativo de rescate. Les gritaba a los bomberos para que los sacaran a mis hijos primero. En lo único que podía pensar era en que estuvieran a salvo si se derrumbaba algo más, fue traumático”, cuenta. Juan, su hijo, le pregunta con frecuencia cuándo van a volver a su casa, y duerme sobresaltado. “Está en estado de alerta permanente, y el sueño se le complicó muchísimo después del derrumbe. Se despierta fácil y muy preocupado”, describe su mamá.

Como Elisa, también se quedaron en Caballito. “Es la forma de mantener a los chicos cerca de sus actividades cotidianas y de que no les cambie tanto la vida. Pero mientras tanto ya nadie nos responde, nadie hace nada para que se levante la faja de clausura que hay en la entrada de nuestras casas”, dice Ingrid. Y se le quiebra la voz: “Yo me fui de la casa de mis viejos a alquilar. Esta casa es la primera que pudimos comprar, con el esfuerzo de toda una vida. Nos mudamos en agosto de 2022 y tres meses después tuve que hacer la primera denuncia”.

Cuando pudo volver a su casa, más de 45 días después de ese mediodía fatal, Ingrid encontró, como sus otros vecinos, todo lo que estaba en la heladera en estado de putrefacción. “Vomité una semana sin parar, y eso que se ocupó principalmente mi marido. No habíamos podido entrar ni para resolver eso”, cuenta. Elisa entró a su casa por primera vez con un temor concreto: que todas sus plantas de interior estuvieran muertas.

“Esa casa, con su terraza y su gran espacio también adentro, me había hecho una persona que se ocupaba mucho de sus plantas. Pensaba que las de la terraza iban a estar más o menos bien gracias a las lluvias, y que las de adentro iban a estar todas muertas. Pero alguna esperanza guardaba porque igual llevé una botella de agua para regar. Y cuando entré, estaban bien, habían sobrevivido. Fue muy emocionante para mí, porque la vida en nuestra casa había logrado abrirse paso”, se conmueve Elisa.

La última vez que pudieron entrar a sus casas fue el 11 de junio, hace prácticamente ocho meses. En esas pocas entradas se llevaron lo más básico: algo de ropa, algún juguete muy importante para los más chicos, documentación y no mucho más. Después del derrumbe, cuando los suministros ya estaban cortados por cuestiones de seguridad y porque el acceso estaba clausurado, Metrogas y Edesur siguieron enviando sus facturas, acumulándoles deuda y desoyendo sus reclamos constantes: no había manera de hacerles entender que allí nadie estaba usando nada.

Este sábado, los propietarios del PH que quedó en peligro de seguir deteriorándose y por el que nadie está respondiendo harán una convocatoria en la puerta de esas casas a las que no pueden entrar, en Pedro Goyena 555. Será a las 12, para recordar a Nelly y Ramón, exigir justicia por sus muertes evitables y exigir también que las 13 familias que ya no pueden entrar a sus casas puedan hacerlo luego de la debida reconstrucción. “¡Exigimos reconstrucción ya!”, dicen los vecinos de Goyena en sus redes.

“Estamos literalmente privados del uso de nuestros bienes por acciones y omisiones que son completamente ajenas a nosotros. Exigimos que la empresa se haga cargo de la reconstrucción de lo que se destruyó para que podamos volver a nuestras casas. Para eso, el GCBA se tiene que hacer parte del tema y arbitrar los medios para que la constructora responda. Se supone que es el garante de la seguridad de los ciudadanos y han pasado a plantear este tema como un conflicto entre dos privados”, enfatiza Elisa.

Van a manifestarse en la calle. No sólo para contar con el apoyo de sus vecinos, sino porque allí es donde se sienten: nadie les responde cuándo podrán volver a vivir en sus propias casas. Esas en las que invitan a sus amigos, juegan en el rincón que más les gusta y ven crecer sus plantas.