Secuestrado y torturado: el brutal asesinato del único campesino que sobrevivió a la masacre de la embajada española en Guatemala

Ocurrió a la luz del día y delante de todos: la mañana del viernes 1 de febrero de 1980, un auto frenó bruscamente, se abrió una de sus puertas y alguien arrojó el cadáver de un joven frente al edificio del Rectorado de la Universidad de San Carlos, en Ciudad de Guatemala. Se supo de inmediato quién era el muerto, porque desde la madrugada, cuando había sido secuestrado del hospital donde estaba internado, se temía por la suerte del campesino Gregorio Yujá Xoná, uno de los dos sobrevivientes del brutal asalto a la sede de la Embajada de España perpetrado la tarde anterior por un grupo especial de la policía guatemalteca. Allí habían muerto 37 personas la mayoría de ellas quemadas por los lanzallamas utilizados por los asaltantes.

La orden de atacar, violando una de las reglas básicas del derecho internacional, vino desde lo más alto de la dictadura encabezada por el general Fernando Romeo Lucas García y su ejecución estuvo al mando del jefe de policía, Pedro García Arredondo. Entre los muertos se contaban funcionarios de la sede diplomática, dirigentes políticos y sindicales guatemaltecos, estudiantes de la Universidad de San Carlos y miembros de un grupo campesino. El embajador español, Máximo Cajal López, salvó su vida al saltar por una ventana; Yujá Xoná porque se protegió del fuego debajo de los cuerpos de otras víctimas y, así oculto, evitó ser baleado.

La Cruz Roja intervino con rapidez y pudo trasladar al embajador y al joven campesino al Hospital Privado Herrera Llerandi donde fueron atendidos y quedaron internados con una custodia de la Policía Nacional que, se dijo, debía protegerlos. El diplomático tenía varias heridas, pero ninguna de gravedad; Yujá Xona había sufrido quemaduras, pero estaba consciente y en condiciones de hablar.

La dictadura de Lucas García no quería testigos y envió a un grupo de tareas a secuestrarlos a los dos esa misma noche. El embajador español evitó secuestro gracias a la presencia de otro diplomático, al campesino se lo llevaron sin que nadie interviniera en su defensa.

La mañana del jueves 31 de enero de 1980, un grupo de campesinos del Departamento El Quiché, del altiplano guatemalteco, llegó a la Universidad de San Carlos, para pedir asesoramiento de militantes estudiantiles para hacer conocer la escalada represiva que el ejército estaba llevando a cabo en su región. Los medios nacionales, controlados por la dictadura o silenciados por la censura, no publicaban sus reclamos, y buscaban llamar la atención internacional, sobre todo en los países europeos.

Con esa intención, a las once de la mañana, un grupo de unos treinta estudiantes y miembros del Comité de Unidad Campesina entró a la Embajada de España para realizar una toma simbólica y ser escuchados por el embajador Cajal López. Aprovechando la inviolabilidad diplomática del edificio, pensaban también convocar a corresponsales extranjeros para hacer conocer sus demandas. Cuando entraron, el diplomático estaba reunido con el ex canciller Adolfo Molina Orantes, el ex vicepresidente Eduardo Cáceres Lenhoff y el profesor de Derecho de la Universidad de San Carlos Mario Aguirre Godoy para organizar una celebración que se realizaría en el Instituto de Cultura Hispánica.

La policía rodeó rápidamente la sede diplomática y exigió a sus ocupantes que se entregaran. El embajador Cajal López intentó mediar, pero la policía se negó a escucharlo y nadie del gobierno atendió sus llamados. Entonces los ocupantes –aprovechando que las líneas de teléfono no habían sido cortadas– hicieron conocer un comunicado donde decían: “No nos ha quedado otra alternativa que permanecer en la Embajada de España, como la única manera de hacer llegar nuestras denuncias a todo el pueblo de Guatemala y del mundo”.

El infierno se desató a las cuatro y media de la tarde, cuando la policía entró con armas largas y lanzallamas a la sede diplomática e incendió la habitación donde se encontraban los funcionarios, los visitantes y los integrantes del grupo que la había ocupado. Muchos murieron quemados por el fósforo blanco y quienes quedaron con vida fueron ejecutados con disparos de armas de fuego.

Cajal López saltó por la ventana y así no solo se salvó de morir quemado sino también de ser ejecutado, porque no se atrevieron a dispararle en el exterior, donde podía haber testigos. Escondido debajo de los cadáveres, Yujá Xoná se hizo el muerto hasta que llegó la Cruz Roja, lo encontró con vida y lo trasladó al hospital.

La dictadura intentó justificar la masacre acusando al embajador Cajal López de conspirar contra el régimen. La versión que difundió fue que el diplomático había invitado al ex canciller, al ex vicepresidente y al jurista como parte de un plan elaborado en complicidad con los campesinos para tomarlos como rehenes, aprovechando su enorme prestigio y el derecho internacional que supuestamente protegía las instalaciones de la sede diplomática española.

También intentó encubrir la masacre como un “operativo de rescate” y sostuvo que las muertes se debían a un incendio que comenzó por causas desconocidas. Esa versión fue repetida casi sin modificaciones por todos los medios guatemaltecos y algunos diarios españoles de derecha. En la Argentina, bajo la sangrienta dictadura presidida por Jorge Rafael Videla, la mayoría de los diarios se hizo eco de la fábula: “Medio centenar de campesinos ocupó ayer la embajada de España en Guatemala y tomó como rehenes a todos sus diplomáticos. Al ‘operativo de rescate’ emprendido por las fuerzas policiales se sumó el estallido de un incendio. Unas 40 personas murieron carbonizadas o heridas de bala. El embajador se salvó arrojándose al vacío”, se puede leer la edición del 1º de febrero de Clarín. Ninguno habló de masacre, ni de fósforo blanco ni de lanzallamas.

Muchos medios europeos cuestionaron la versión oficial y publicaron fotografías que mostraban a los policías con lanzallamas. Más tarde, trascendieron algunos resultados de las pericias donde se decía que muchos cuerpos estaban quemados solo de la cintura para arriba. Es decir, que no habían muerto en víctimas de un incendio, sino que habían sido atacados con lanzallamas

Para sostener la versión oficial, la dictadura de Lucas García necesitaba eliminar a los dos sobrevivientes, testigos que podían desbaratarla contando la verdad. Gracias a la oportuna intervención de la Cruz Roja, el embajador Casal López y el campesino Yujá Xoná estaban internados en dos habitaciones contiguas del Hospital Privado Herrera Llerandi, donde además de ser atendidos por los médicos quedaron protegidos por una custodia de la Policía Nacional.

Corrían los primeros minutos de la madrugada del 1 de febrero cuando los policías de la custodia desaparecieron misteriosamente del hospital. Poco después, un comando de unos 20 hombres vestidos de civil irrumpió en las instalaciones, redujo a los médicos y el resto de los empleados y se dirigió a las habitaciones que ocupaban el embajador y el campesino. El grupo que pretendía llevarse al diplomático se encontró con una sorpresa: al entrar se topó con el embajador de Costa Rica y otros diplomáticos extranjeros que acompañaban al español. Estaban allí para protegerlo, en previsión, precisamente, de que quisieran secuestrarlo y asesinarlo. En cambio, al campesino Gregorio Yujá Xoná lo encontraron solo e indefenso. Lo cargaron y lo sacaron a la fuerza del hospital.

Cuando horas después tiraron su cadáver frente al Rectorado de la Universidad de San Carlos, además de las quemaduras sufridas en la embajada, el cuerpo mostraba inequívocas marcas de tortura. La dictadura no se había conformado con asesinarlo para silenciarlo, también buscó hacerlo sufrir. Del cuello de Yuxá Xoná colgaba un cartel escrito a mano: “Cajal, comunista, te ocurrirá lo mismo”, decía.

Para entonces el embajador estaba a salvo porque un grupo de diplomáticos lo había sacado del hospital para llevarlo a la residencia del embajador de los Estados Unidos. Horas después, en un auto diplomático, lo trasladaron al aeropuerto y lo sacaron del país. Apenas el avión que lo llevaba a Madrid salió del espacio aéreo de Guatemala, el gobierno español presidido por Adolfo Suárez rompió relaciones diplomáticas con la dictadura guatemalteca. Recién las restableció en 1984, tras la caída de Lucas García.

Entre las víctimas estaba el dirigente campesino Vicente Menchú Pérez, padre de Rigoberta Menchú, la militante por los derechos humanos guatemalteca que sería distinguida con el Premio Nobel de la Paz en 1992. “Mi padre era un líder comunitario, un guía espiritual y uno de los fundadores del Comité de Unidad Campesina, quien, entre otras responsabilidades, se encargaba del cuidado de las semillas de su comunidad. En esos años se estaban agudizando las masacres en El Quiché en el marco del conflicto armado. Por esa razón, buscaron apoyo en la embajada de España para denunciar la represión contra la población civil. Ningún medio de comunicación radial, escrito y mucho menos televisivo quiso darles un espacio para exponer tal situación. La última instancia era buscar el apoyo de la comunidad internacional presente en Guatemala”, contó en una entrevista de 2021.

En enero de 2015 –es decir, 35 años después de la matanza– el ex jefe de policía Pedro García Arredondo, fue juzgado y declarado culpable del asesinato de las 37 personas que murieron en la embajada de España. Para entonces estaba cumpliendo una pena de 70 años de prisión por la desaparición forzada del estudiante universitario Édgar Sáenz Calito sucedida en 1981. Fue el único de los responsables de la masacre que fue juzgado. Todos los demás quedaron impunes. Rigoberta Menchú fue la primera testigo de la fiscalía y querellante en el juicio.

Desde hace años, todos los 31 de enero se realiza un homenaje ante la tumba de Gregorio Yuxá Xoná, cuyos restos están enterrados en el predio de la Universidad de San Carlos. En la misma entrevista que recordó a su padre, Rigoberta Menchú explicó la razón por la cual el joven campesino reposa allí: “Hay que reconocer el importante papel de la Universidad de San Carlos al apoyar las justas demandas de los indígenas. Por eso, las fuerzas represivas del Estado, después de secuestrarlo y torturarlo, arrojaron su cuerpo sin vida en el campus central como un claro mensaje de amenaza e intimidación para las organizaciones estudiantiles y de profesionales. Por mucho tiempo se ocultaron estos hechos, pero ahora hay un mayor reconocimiento de la tumba de Gregorio Yujá en la Universidad de San Carlos”, dijo.