El Congreso de Guatemala acumula dos décadas de intentos fallidos de reforma constitucional

Entre 1997 y 2016, el Congreso de Guatemala recibió 10 iniciativas para reformar la Constitución, pero ninguna logró completar el trámite legislativo ni obtener el respaldo ciudadano necesario, un ciclo que atravesó desde los compromisos asumidos tras los Acuerdos de Paz de 1996 hasta la crisis política que siguió a las protestas de 2015.

El intento que más avanzó terminó fuera del Congreso. El paquete aprobado en octubre de 1998 fue sometido a referéndum el 16 de mayo de 1999 y la ciudadanía lo rechazó, con una participación de apenas 18% del padrón electoral, según el texto fuente.

Ese conjunto incluía 50 reformas y buscaba reconocer a Guatemala como Estado pluriétnico, multicultural y multilingüe, además de introducir cambios en el sistema de justicia y redefinir el papel del Ejército en la democracia, según el texto fuente.

El primer impulso surgió tras los Acuerdos de Paz de 1996

El primer ciclo de propuestas comenzó en 1997, un año después de la firma de los Acuerdos de Paz que pusieron fin a 36 años de conflicto armado interno, según el texto fuente. Ese año ingresaron tres iniciativas de reforma constitucional.

La primera fue presentada el 20 de marzo por el diputado Baudilio Hichos López y legisladores de varios partidos. Su objetivo era modificar el artículo 227, relativo a los gobernadores departamentales, según el texto fuente.

La segunda iniciativa provino del Organismo Ejecutivo en mayo de 1997 y fue debatida en el pleno hasta 1998, según el texto fuente. La tercera llegó en julio de ese año por impulso del diputado Rudio Lecsán Mérida Herrera, con apoyo de las bancadas UD, UCN, FRG y PAN, y se concentró en el artículo 251 sobre el Ministerio Público, según el texto fuente.

Ese primer impulso respondía a compromisos contenidos en el Acuerdo sobre Reformas Constitucionales y Régimen Electoral, firmado en Estocolmo en diciembre de 1996, según el texto fuente. El acuerdo planteaba modificar la Carta Magna para reconocer la identidad pluricultural del país y redefinir el papel de las fuerzas de seguridad en una sociedad democrática.

1998 concentró la mayor actividad, pero el referéndum bloqueó los cambios

El año 1998 fue el período de mayor actividad legislativa en materia constitucional. Entre septiembre y noviembre se presentaron cuatro nuevas iniciativas ante el pleno del Congreso de la República, según el texto fuente.

La iniciativa 2021, promovida de forma conjunta por los partidos PAN, FDNG y DCG, completó sus tres debates y fue aprobada por artículos el 15 de octubre de 1998, según el texto fuente. Las iniciativas 2037 y 2039 también alcanzaron la etapa de redacción final el 16 de octubre de ese año y recibieron el decreto R-98, según el texto fuente.

La iniciativa 2038, presentada por el Frente Republicano Guatemalteco, fue archivada porque no prosperó la moción de urgencia nacional que requería, según el texto fuente. El resultado general fue que el paquete de cambios avanzó en sede legislativa, pero quedó finalmente condicionado a la consulta popular de 1999.

La respuesta central a la pregunta sobre por qué ninguna reforma transformó la Carta Magna es concreta: las propuestas no lograron cerrar el doble filtro exigido por el proceso político guatemalteco. Unas quedaron detenidas en el trámite parlamentario y la que sí llegó a referéndum fue rechazada por los votantes, según el texto fuente.

La agenda volvió en 2012 y 2016 con foco en justicia e inclusión indígena

Después del revés de 1999, el tema quedó suspendido por más de una década, según el texto fuente. Reapareció en 2012, cuando el Organismo Ejecutivo presentó la iniciativa 4556 con una reforma amplia que alcanzaba más de 30 artículos de la Constitución.

La propuesta fue presentada al pleno el 4 de septiembre de 2012, según el texto fuente. Abarcaba la identidad de los pueblos indígenas, la potestad legislativa, la integración del Congreso, la estructura del Organismo Judicial, la Corte de Constitucionalidad, el Ministerio Público y la Policía Nacional Civil, pero no avanzó en el proceso legislativo.

La última iniciativa del período llegó en 2016, en un escenario marcado por la crisis política abierta tras las protestas de 2015 y la renuncia y posterior encarcelamiento del entonces presidente Otto Pérez Molina por corrupción, según el texto fuente. Ese contexto abrió un proceso de diálogo nacional sobre la reforma a la justicia.

Ese proceso fue convocado en abril de 2016 por los tres organismos del Estado y estuvo encabezado por el presidente Jimmy Morales, el presidente del Congreso Mario Taracena Díaz-Sol y el presidente del Organismo Judicial Ranulfo Rojas, según el texto fuente.

La iniciativa 5179 fue presentada el 6 de octubre de 2016 por Taracena Díaz-Sol y el diputado Orlando Blanco Lapola, según el texto fuente. El proyecto buscaba reformar la Constitución en materia de justicia para mejorar el acceso de pueblos indígenas y mujeres, fortalecer la independencia judicial, despolitizar la selección de magistrados y jueces y reconocer de forma expresa el sistema jurídico de los pueblos indígenas.

Ese texto llegó a su tercer debate el 28 de noviembre de 2016, pero tampoco fue aprobado, según el texto fuente. Con ese intento se cerró una secuencia de una década de propuestas acumuladas desde 1997 sin que ninguna modificara la Constitución guatemalteca.