La sucesión en la Fiscalía General de Guatemala, marcada por la revisión de tachas y defensas, entró en una fase decisiva esta semana: los aspirantes al cargo comenzaron a entregar la documentación exigida para refutar los señalamientos admitidos en sus candidaturas.
La responsabilidad de seleccionar la terna recae en la comisión de postulación, que deberá definir, a partir de las defensas presentadas, quiénes conformarán la lista definitiva de candidatos. De esta decisión depende la conducción del Ministerio Público a partir del 17 de mayo de 2026, fecha en la que vence el mandato de la actual fiscal general, Consuelo Porras, según detalló el medio LaHora.
La entrega de pruebas de descargo responde a un procedimiento institucional. Solo quienes logren desvirtuar los señalamientos y acreditar su idoneidad podrán integrar la terna que el presidente Bernardo Arévalo deberá elegir antes de que finalice el actual mandato. El proceso avanza bajo estrictos criterios legales y la observación de organizaciones civiles y de la opinión pública nacional, considerando los casos de alto perfil implicados.
Hasta la tercera jornada, permanecían sin responder tres aspirantes: Walter Brenner Vásquez y Marco Antonio Cortez Sis —cada uno con una tacha formal— y la actual fiscala general, Consuelo Porras Argueta, sobre quien pesan cinco señalamientos.
Todos disponen de plazo hasta el lunes 23 de marzo a las 15:30 para presentar sus pruebas de descargo, ya sea de forma personal o mediante representantes legales, en el Palacio de Justicia, precisó LaHora.
Este procedimiento precede la etapa de evaluación práctica. Una vez concluido el período de descargos, la comisión de postulación evaluará la pertinencia de las defensas y seleccionará, en no más de quince días antes del relevo previsto en mayo de 2026, una nómina de seis postulantes.
Esa lista pasará directamente al presidente Arévalo, quien, conforme a la Ley Orgánica del Ministerio Público, deberá designar al próximo fiscal o fiscala general, informó Prensa Libre.
El proceso enfrenta acciones judiciales y demandas de cumplimiento estricto
El diputado José Chic, de la bancada VOS, anunció la presentación de una acción constitucional de amparo vinculada al proceso de selección del fiscal general. Chic afirmó: “Lo que estamos pidiendo en esta acción constitucional de amparo es que la Comisión de Postulación cumpla con su obligación de entregar el listado de seis candidatos y candidatas a tiempo y que sea el presidente Arévalo quien nombre al próximo fiscal general y jefe del Ministerio Público. Esto para que se cumpla la ley”.
El congresista denunció maniobras que buscan prolongar los plazos y dificultar el nombramiento: “Hemos visto diferentes mecanismos que tratan de obstaculizar: uno, el proceso de la Comisión de Postulación para que no se entregue el listado de seis, y dos, para que finalmente no sea el presidente Arévalo quien nombre al fiscal general. Eso no se puede permitir en un Estado democrático como el nuestro”.
Consultado sobre posibles retrasos, Chic indicó: “Se puede coartar todo el proceso dentro de la Comisión de Postulación, dado que hay acciones incluso que se han interpuesto para bloquear el desarrollo de las actividades dentro de la Comisión de Postulación. Lo que estamos pidiendo es que la Comisión de Postulación cumpla el programa que establecieron para integrar el listado de la terna de seis y que finalmente sea el presidente de la República quien nombre fiscal general y tome posesión el 17 de mayo, como la ley establece”.
La selección demanda una verificación estricta de que los candidatos sean abogados colegiados y cumplan los mismos estándares exigidos a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Solo quienes acrediten idoneidad y subsanen o desvirtúen las tachas avanzarán a la fase final, bajo control institucional y social.
La sucesión en la cabeza del Ministerio Público exige transparencia y rigor constitucional
El cargo de fiscal general y jefe del Ministerio Público establece la política de persecución penal en Guatemala. Consuelo Porras ocupa la titularidad desde 2018, tras haber sido reelecta en 2022.
La consistencia legal del proceso —la revisión de expedientes, la evaluación de defensas a tachas y el envío de la nómina al Ejecutivo— condiciona la legitimidad del próximo mandato.
Con seis aspirantes formalmente señalados y solo tres expedientes de descargo entregados al cierre de la tercera jornada, el avance se mantiene bajo escrutinio institucional y social. Cada aspirante puede aportar pruebas para demostrar los requisitos legales y éticos que demanda la Fiscalía General.
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