El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este jueves que no necesita la autorización del Congreso para ordenar ataques contra objetivos del narcotráfico ubicados en territorio venezolano, pese a reconocer que no tendría inconveniente en compartir información previa con los legisladores. Las declaraciones se producen en un contexto de creciente tensión con Caracas y de debate interno en Washington sobre los límites constitucionales del poder presidencial.
“No me importaría decírselo. No es para tanto. No tengo por qué decírselo”, dijo Trump ante la prensa en la Casa Blanca, al ser consultado sobre la necesidad de informar al Congreso antes de una eventual operación militar. El mandatario añadió que solo espera que la información no sea filtrada, en una crítica directa a los legisladores.
Las palabras del presidente llegan después de que haya advertido públicamente que Estados Unidos podría comenzar a atacar “objetivos terrestres” en Venezuela, como parte de su ofensiva contra el narcotráfico, actividad de la que acusa al régimen de Nicolás Maduro. Trump ha ordenado un despliegue militar reforzado en el Caribe con ese objetivo declarado.
Según información oficial, a partir de septiembre fuerzas estadounidenses han bombardeado más de dos docenas de narcolanchas en la región, operaciones que habrían causado alrededor de un centenar de muertes. La Casa Blanca sostiene que se trata de acciones necesarias para frenar el tráfico de drogas, aunque no ha difundido de forma completa el material audiovisual de esas operaciones.
En paralelo, el martes Trump anunció en redes sociales que Washington bloquearía todos los petroleros sancionados que entren o salgan de Venezuela transportando crudo. En ese mensaje acusó al régimen venezolano de haber robado yacimientos y activos petroleros estadounidenses, en aparente alusión a las expropiaciones realizadas durante el Gobierno de Hugo Chávez.
La escalada retórica y operativa ha reactivado el debate sobre la legalidad de una eventual intervención militar en suelo venezolano. Dos días antes de las declaraciones de Trump, se publicó una entrevista con la jefa de gabinete presidencial, Susie Wiles, quien admitió que un despliegue militar en territorio venezolano equivaldría a “la guerra” y que, en ese escenario, el presidente sí necesitaría la aprobación del Congreso.
La tensión institucional se ha reflejado también en el Capitolio. Demócratas de la Cámara de Representantes presentaron dos resoluciones sobre los poderes de guerra, invocando la ley de 1973 que obliga al presidente a consultar al Congreso “en todos los casos posibles” antes de involucrar a las Fuerzas Armadas en hostilidades, salvo que exista una declaración formal de guerra o una autorización específica.
El Congreso dio además luz verde esta semana al presupuesto anual de Defensa, que incluye disposiciones dirigidas a aumentar el control legislativo sobre las operaciones militares en el Caribe. Entre ellas, una cláusula que exige al Pentágono compartir con los congresistas imágenes sin editar de los ataques contra presuntas narcolanchas.
Ese mismo paquete legislativo limita el presupuesto destinado a viajes del secretario de Defensa, Pete Hegseth, hasta que las comisiones de Servicios Armados de la Cámara de Representantes y del Senado reciban el material solicitado sobre las operaciones en la región.
El pulso entre la Casa Blanca y el Congreso refleja una disputa más amplia sobre el alcance del poder presidencial en materia de uso de la fuerza, reavivada por una estrategia de presión máxima sobre Venezuela que combina sanciones económicas, bloqueo energético y acciones militares de alcance aún incierto.
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