El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este jueves una orden ejecutiva para avanzar en la reclasificación de la marihuana como una droga menos peligrosa, un paso que podría modificar de forma relevante la regulación federal y ampliar la investigación médica, aunque sin legalizar su uso recreativo en todo el país.
La medida propone sacar al cannabis de la categoría de sustancias de la Lista I —reservada para drogas consideradas sin uso médico aceptado y con alto potencial de abuso, como la heroína o el LSD— y ubicarlo en la Lista III, junto a fármacos como la ketamina o ciertos esteroides anabólicos. El cambio quedaría en manos de la Administración para el Control de Drogas (DEA), que ya revisaba el asunto desde la anterior administración.
La reclasificación no autoriza el consumo recreativo a nivel federal ni elimina las leyes estatales vigentes, pero sí podría alterar de manera significativa el marco regulatorio. Entre otros efectos, reduciría la carga fiscal que enfrenta la industria del cannabis legal y facilitaría el acceso a financiación, además de ampliar las posibilidades de investigación científica y médica.
Trump justificó la decisión por su potencial impacto terapéutico. “Tenemos gente suplicándome que haga esto. Personas que sufren mucho”, dijo el presidente al referirse a los llamados recibidos en apoyo a la iniciativa. El énfasis en el uso médico marca el encuadre elegido por la Casa Blanca para una cuestión que divide a su propio partido.
El giro no es completamente nuevo en Washington. Durante el mandato de Joe Biden, el Departamento de Justicia ya había propuesto reclasificar la marihuana como sustancia de la Lista III, aunque el proceso avanzó lentamente y quedó inconcluso. La orden de Trump busca acelerar una revisión que incluye un período de comentarios públicos, en el que se recibieron decenas de miles de opiniones en todo el país.
A diferencia de Biden, Trump no cuenta con un respaldo transversal dentro del Partido Republicano. Más de 20 senadores republicanos, encabezados por Ted Budd, de Carolina del Norte, enviaron este año una carta al presidente para pedirle que mantuviera la marihuana en la Lista I. En el texto argumentaron que la droga sigue siendo peligrosa y que un cambio “socavaría sus esfuerzos para hacer grande a Estados Unidos”.
El grupo sostuvo además que el consumo de marihuana tiene efectos negativos sobre la salud física y mental, así como sobre la seguridad vial y laboral. En un tono marcadamente geopolítico, la carta advertía que “los únicos ganadores de una reclasificación serán actores maliciosos como la China comunista”, en alusión al papel del país asiático en el mercado global del cannabis y del cáñamo.
La decisión de Trump se produce en un contexto de fuerte divergencia entre las leyes estatales y la normativa federal. En la mayoría de los estados, la marihuana es legal para uso médico, recreativo o ambos. Sin embargo, la prohibición federal ha mantenido abierta la posibilidad de procesos judiciales y ha generado un entramado legal fragmentado.
El respaldo social a una regulación menos restrictiva ha crecido de forma sostenida. Según encuestas de Gallup, el apoyo a la legalización de la marihuana pasó del 36% en 2005 al 68% el año pasado, una evolución que atraviesa líneas partidarias y generacionales, aunque con diferencias marcadas entre votantes demócratas y republicanos.
La orden ejecutiva también incluye un llamado a ampliar la investigación y el acceso al CBD, un derivado legal del cáñamo cuya popularidad ha crecido en los últimos años pese al debate científico sobre sus beneficios. En ese marco, el Gobierno anunció un nuevo programa de Medicare que permitiría a adultos mayores acceder gratuitamente a CBD derivado del cáñamo, siempre que sea recomendado por un médico.
El anuncio fue presentado por Mehmet Oz, al frente de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid, como una medida orientada a aliviar dolores crónicos y otras afecciones frecuentes en la población mayor. El alcance real del programa y sus criterios médicos deberán definirse en los próximos meses.
Trump ha evitado, hasta ahora, comprometerse con la despenalización general del cannabis. Durante su carrera política sostuvo que el tema debía resolverse estado por estado, y en su segundo mandato ha puesto el foco en una ofensiva más amplia contra otras drogas, en particular el fentanilo.
Esa estrategia incluyó la firma de otra orden ejecutiva que declara al fentanilo como un arma de destrucción masiva y autoriza acciones militares contra embarcaciones que, según la administración, participan en el tráfico de drogas. En ese marco, la reclasificación de la marihuana aparece como un ajuste selectivo, más pragmático que ideológico, dentro de una política antidrogas que sigue priorizando la mano dura frente a los opioides sintéticos.
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