El Departamento de Transporte de Estados Unidos anunció que Nueva York otorgó licencias de conducir comerciales a inmigrantes cuya autorización legal había expirado, exponiendo al estado al riesgo de perder financiamiento federal y afectando a miles de trabajadores del sector logístico. El informe se hizo público el 12 de diciembre de 2025 e involucra a otras siete entidades, según reportes oficiales y publicaciones de Reuters y Associated Press.
La revisión, encabezada por el secretario de Transporte Sean Duffy, detectó que en una muestra de más de 200 licencias revisadas en Nueva York, el 53% no cumplía los estándares federales, ya que se otorgaban o renovaban permisos comerciales sin verificar el estatus migratorio actualizado del titular. El Departamento de Transporte (DOT, por sus siglas en inglés) informó que el estado deberá modificar sus controles y revocar los permisos defectuosos, advirtiendo sobre la posible suspensión de al menos 73 millones de dólares en fondos federales si persisten los incumplimientos. El hallazgo impacta tanto a los trabajadores del transporte como a las políticas de administración pública dentro y fuera del estado, de acuerdo con los reportes recogidos por AP.
Los antecedentes indican que la auditoría al sistema de emisión de licencias comerciales a inmigrantes forma parte de un operativo federal que ya involucró a California, Texas, Pennsylvania, Minnesota, South Dakota, Colorado y Washington. En los últimos años, accidentes de tránsito graves relacionados con conductores sin la debida autorización motivaron la intervención federal, conforme a datos de la Federal Motor Carrier Safety Administration (FMCSA) y a la cobertura periodística de Reuters.
¿Qué irregularidades detectó el Departamento de Transporte en Nueva York?
Los exámenes realizados por el Departamento de Transporte revelaron que más del 53% de los permisos de conducir comerciales a inmigrantes en Nueva York se entregaron por periodos más largos que la vigencia de sus visas o autorizaciones de trabajo. En algunos casos, los permisos se mantuvieron activos hasta ocho años después de que expiró el estatus legal del titular. Las investigaciones indicaron también la existencia de instancias en las que las autoridades estatales omitieron verificar el estatus migratorio antes de aprobar el trámite, según Associated Press.
La revisión federal se enfocó principalmente en las transferencias y renovaciones de licencias para transporte de cargamento y pasajeros. El resultado derivó en una advertencia oficial: Nueva York dispone de 30 días para corregir su sistema, invalidar los permisos emitidos de manera indebida y establecer nuevos controles conectados con los registros migratorios federales. De no hacerlo, el gobierno federal suspenderá el flujo de recursos para infraestructura y seguridad vial, de acuerdo con el comunicado del DOT publicado en transportation.gov.
¿Qué consecuencias enfrenta Nueva York por las licencias comerciales otorgadas a inmigrantes?
El principal riesgo para Nueva York es la suspensión o retención de al menos 73 millones de dólares en fondos federales para proyectos de transporte. Este monto podría aumentar si continúan detectándose fallas en los controles administrativos del DMV (Departamento de Vehículos Motorizados del estado), según la cobertura de Reuters y AP. Además, Nueva York podría sufrir sanciones adicionales o restricciones en futuros presupuestos de infraestructura si persiste el incumplimiento.
La amenaza federal también expone a los conductores a la revocación de sus licencias, con implicancias directas en el empleo de miles de inmigrantes en el sector del transporte. “Cuando más de la mitad de los permisos revisados han sido expedidos sin cumplir la normativa, se compromete la seguridad pública y la integridad del sistema”, afirmó Sean Duffy, el secretario de Transporte, en declaraciones recogidas por AP. El funcionario añadió que el operativo busca garantizar que los conductores tengan la debida autorización legal para operar vehículos de transporte pesado en el país.
¿Cuántos inmigrantes trabajan en el sector del transporte en Estados Unidos?
Según la Federal Motor Carrier Safety Administration (FMCSA), los inmigrantes constituyen cerca del 20% de los conductores de camiones y autobuses en Estados Unidos. En términos absolutos, de los más de 4 millones de licencias comerciales en vigencia, aproximadamente 200.000 han sido otorgadas a personas identificadas como “no domiciliadas”, es decir, que no son ciudadanos estadounidenses ni residentes legales permanentes.
Las licencias comerciales para extranjeros requieren por ley que su vigencia esté limitada a la validez de los permisos migratorios o de trabajo. No obstante, la auditoría federal concluyó que algunos estados, entre ellos Nueva York, extendían los permisos más allá de ese límite, dejando a inmigrantes con licencias vigentes pese a la expiración de su estatus legal, según datos recolectados por AP e informes públicos de la FMCSA.
¿Por qué otros estados están bajo la mira por el mismo motivo?
El operativo federal no solo involucró a Nueva York. California, por ejemplo, revocó más de 21.000 licencias tras una auditoría federal similar, y tuvo que ajustar sus controles y bases de datos para cumplir con las exigencias. Texas, South Dakota, Pennsylvania, Minnesota, Colorado y Washington han recibido cartas del Departamento de Transporte para que realicen auditorías internas y ajusten sus procedimientos, según publicaciones de AP.
En California y Texas, las amenazas federales implicaban sanciones superiores a 160 y 182 millones de dólares respectivamente. En todos los casos, las autoridades locales han optado por iniciar revisiones, corregir errores detectados y actualizar filtros de control para evitar la suspensión de financiamiento, según la cobertura de Reuters y AP.
¿Qué cambios debe implementar Nueva York para cumplir con las exigencias federales?
El Departamento de Transporte de Estados Unidos exige que Nueva York fortalezca sus procesos de comprobación del estatus migratorio de los solicitantes de licencias comerciales. Esto implica una verificación cruzada obligatoria con bases de datos federales antes de emitir o renovar una licencia para operaciones de vehículos de carga y pasajeros.
El proceso de corrección implica:
- Actualizar de inmediato los sistemas del DMV para reportar licencias vencidas por caducidad de documentos migratorios.
- Capacitar al personal del DMV sobre verificación de permisos y cumplimiento de los requisitos federales.
- Revocar todas las licencias emitidas irregularmente dentro del plazo estipulado, tal como remarca el comunicado de la FMCSA.
- Implementar controles de auditoría periódica y revisar los procedimientos administrativos.
Estas instrucciones deberán cumplirse en el plazo de 30 días tras la notificación, bajo monitoreo del DOT y la FMCSA, según consta en la correspondencia publicada por Reuters y Associated Press.
¿Cuál fue la respuesta de las autoridades estatales de Nueva York?
Walter McClure, portavoz del Departamento de Vehículos Motorizados de Nueva York (DMV), aseguró que el estado se apega a las normativas federales y que cada licencia se verifica mediante documentos oficiales emitidos por el gobierno federal, información recogida por CBS News. La administración estatal calificó de inexactas las acusaciones de la Secretaría de Transporte y aseguró que la supervisión de licencias comerciales está regulada y supervisada por las agencias federales competentes.
En el plano político, el comunicado de la gobernación rechazó que el operativo federal tenga motivaciones partidistas y defendió las prácticas del DMV. Las autoridades neoyorquinas indicaron que revisarán los procedimientos internos e implementarán correcciones si resultan necesarias para garantizar el flujo de fondos federales y mantener las rutas de transporte estatales bajo los estándares exigidos, según reflejó Reuters.
¿Cuáles son las opiniones de los sindicatos y las asociaciones del transporte?
Las principales asociaciones del transporte, como la Owner Operator Independent Drivers Association (OOIDA), manifestaron que apoyan una verificación estricta del estatus migratorio para evitar la circulación de conductores sin autorización. “Por mucho tiempo, vacíos administrativos permitieron que trabajadores sin calificaciones accedan a permisos, lo que fue un riesgo para otros profesionales y la ciudadanía”, afirmó Todd Spencer, presidente de la asociación en comentarios publicados por AP.
Las agrupaciones de defensa de inmigrantes han expresado su preocupación por el impacto inmediato en los trabajadores del sector, argumentando que las auditorías han provocado un clima de incertidumbre que llevó a algunos conductores calificados a abandonar sus puestos o suspender actividades antes de recibir apoyo legal, de acuerdo con declaraciones recogidas por Reuters.
¿Qué podría pasar si Nueva York no cumple con las demandas federales?
Si el Estado de Nueva York no ajusta su sistema de emisión de licencias comerciales en el plazo señalado, el Departamento de Transporte federal ejecutará la suspensión de 73 millones de dólares en fondos para infraestructura, con la posibilidad de ampliarla si la situación se mantiene irregular. Esta medida afectaría proyectos de obra pública, subsidios y programas de seguridad vial dependientes del presupuesto nacional.
El alcance del operativo federal contempla revisiones periódicas al sistema estatal, control de cumplimiento y auditorías aleatorias para certificar que los permisos activos se ajustan al marco legal vigente, precisó el comunicado del DOT citado por AP y Reuters.
¿Qué impacto tiene la investigación federal en los conductores y en los empleadores?
En el corto plazo, los conductores inmigrantes con permisos vencidos afrontarán la revocación de sus licencias, lo que podría derivar en la pérdida inmediata del empleo en empresas de transporte de carga y pasajeros que operan dentro o fuera de Nueva York. Los empleadores deberán reforzar sus procesos internos de validación documental y coordinar con el DMV la actualización del estatus de cada licencia vigente, según la FMCSA.
A mediano plazo, la exigencia de controles más rigurosos podría disuadir a solicitantes inadmisibles e incentivar el ingreso formal a programas de regularización migratoria, siempre que exista un marco legal que lo permita. La capacidad de los estados para mantener el apoyo financiero federal dependerá del cumplimiento estricto de las normas.
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