La Corte Suprema de Estados Unidos inició el lunes 8 de diciembre un análisis detallado sobre los límites del poder presidencial para destituir a comisionados de agencias independientes, en un caso que involucra a la Comisión Federal de Comercio (FTC) y al presidente Donald Trump. El debate podría modificar una doctrina jurídica con casi 90 años de vigencia y redefinir la separación de poderes que protege la autonomía de estas agencias federales.
El caso examinado surge tras la destitución de la comisionada demócrata Rebecca Slaughter por parte de Trump en marzo, antes de que concluyera su término. Una ley de 1914 otorga al presidente la facultad de remover comisionados de la FTC solo por causales como ineficiencia o negligencia, pero impide los cambios motivados por diferencias políticas.
La FTC, fundada en 1914, se compone tradicionalmente de cinco comisionados, tres del partido del presidente y dos de la oposición. Esta agencia vela principalmente por la protección de los consumidores y la aplicación de las leyes antimonopolio.
Entre sus recientes actuaciones, destaca un acuerdo con Amazon que implicó la devolución de 1.500 millones de dólares y el pago de una multa de 1.000 millones por prácticas consideradas engañosas en las suscripciones a su servicio Prime, además de importantes demandas contra Meta por adquisiciones que, según la agencia, afectaron la competencia en redes sociales.
Mayor poder presidencial
El tema central es si el presidente puede despedir sin causa a los líderes de agencias independientes, desafiando el precedente sentado en el fallo Humphrey’s Executor v. United States de 1935. Esta decisión protegía a los directivos de ciertas agencias de ser removidos por el Ejecutivo solamente por su criterio político, lo que según los defensores de la normativa, garantiza una regulación técnica, estable y alejada de las presiones partidistas.
Durante la sesión, los jueces conservadores, que forman mayoría en la Corte, se mostraron favorables a respaldar la posición de Trump y limitar el alcance de Humphrey’s Executor, lo que podría aumentar significativamente la capacidad del presidente para remodelar organismos clave del gobierno federal.
El presidente del tribunal, John Roberts, expresó dudas sobre la vigencia del precedente. “Humphrey’s Executor es solo una cáscara seca de lo que alguna vez fue”, afirmó, y sugirió que el poder que tenía la FTC en 1935 era mucho menor al que ostenta hoy en día.
En contraposición, la magistrada liberal Elena Kagan advirtió sobre los riesgos de reducir los controles sobre el poder presidencial: “lo que queda es un presidente con control sobre todo, incluso sobre gran parte de la legislación que se produce en este país”. Kagan señaló que, si se favorece la postura del gobierno, se entregarían poderes “masivos, sin control ni restricciones” a la persona que ocupe la Casa Blanca.
El caso que ahora estudia la Corte tiene potenciales repercusiones para otras agencias independientes cuyos líderes cuentan con protección frente a despidos arbitrarios, como la Reserva Federal y distintos cuerpos regulatorios en sectores sensibles.
El juez Brett Kavanaugh destacó esta preocupación al preguntar si una decisión en favor de Trump podría debilitar la independencia de la Fed. El procurador general D. John Sauer respondió que este organismo tiene una “estructura y tradición histórica única”, una posición que fue matizada por la Corte en fallos previos para preservar su autonomía.
La magistrada Ketanji Brown Jackson advirtió que permitir al presidente la remoción libre de los expertos que lideran estas agencias significaría poner en riesgo el interés público y la base técnica de las regulaciones. “Tener un presidente que pueda despedir a científicos, médicos, economistas y reemplazarlos por leales sin preparación no es lo mejor para los ciudadanos de Estados Unidos”, sentenció Jackson.
Para los defensores de la autonomía técnica y la “sabiduría colectiva” del sistema federal, como lo expresó Amit Agarwal, abogado de Slaughter, derogar el precedente sería una ruptura profunda con el modelo de equilibrio y control entre ramas del Estado. Agarwal manifestó: “pedimos a la Corte que preserve sus precedentes y reconozca la experiencia de los tres poderes del gobierno”.
Desde la otra orilla, Sauer sostuvo que “el impacto sería que el presidente tenga control sobre el poder ejecutivo, como corresponde según nuestra Constitución”.
La decisión que finalmente adopte la Corte Suprema, prevista para finales de junio, podría reconfigurar la dinámica entre la Casa Blanca y más de dos docenas de agencias clave, con impacto directo sobre la protección del consumidor, la competencia económica, la supervisión financiera y el equilibrio tradicional de poderes en Estados Unidos.
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